Interrogante de inicio de curso

Hace años que Catalunya no vive un septiembre tranquilo.  Con este ya serán cuatro los inicios del curso político en los que se afrontan situaciones muy excepcionales: en el 2014 la consulta del 9-N; en el 2015 las elecciones plebiscitarias; en el 2016 la cuestión de confianza a la que se sometió el 'president' Carles Puigdemont tras el fracaso de sus primeros presupuestos; y este año la celebración del referéndum de autodeterminación previsto para el 1 de octubre.

Tras el paréntesis veraniego solo alterado por los trágicos atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils y por sus derivadas, se retoma el guion donde se quedó a finales de julio sin que se hayan producido cambios significativos. Tras la presentación por todo lo alto de la ley del referéndum, en plena canícula fueron llamados a declarar diversos altos cargos investigados por su presunta participación en actividades vinculadas a la celebración del referéndum. Se pueden enfrentar a penas de prisión de hasta 15 años por delito de sedición. Y también fue suspendida  la reforma del reglamento del Parlament que debía servir para tramitar por la vía de urgencia la ley del referéndum.

A fecha de hoy, y pese a que se acortaron las vacaciones parlamentarias, supuestamente para dar inicio a los trámites de aprobación de dicha ley, la Mesa del Parlament todavía no la ha incluido en su orden del día. La razón es que, previsiblemente, tan pronto como se inicien los trámites preceptivos, la ley será suspendida por parte del Tribunal Constitucional.

Y aunque desde el Govern de la Generalitat ya se haya anunciado que no se acatará dicha suspensión y que la propia ley contempla que prevalecerá "jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto, puesto que regula el ejercicio de un derecho fundamental inalienable del pueblo de Catalunya", lo cierto es que, a poco más de un mes de celebración del referéndum, la ley que deba ampararlo sigue sin tramitarse.

Muy poco tiempo para dar cumplimiento a las garantías, no ya las que recomienda la Comisión de Venecia, sino a los requisitos que el propio Govern por medio de la ley parecía quererse autoimponer. Entre otras requisitos imprescindibles, a un mes vista ni hay administración electoral, ni se han designado a los miembros de las mesas, ni se ha hecho público el censo, ni hay Sindicatura Electoral de Catalunya, el órgano responsable de resolver consultas, quejas y recursos.

En cambio, eso sí, algunos partidos y entidades, muy al estilo de los Political Action Committee estadounidenses, ya han iniciado la campaña por el 'sí' sin que se haya aprobado el mecanismo de financiación de la misma, y Puigdemont ha dicho al 'Financial Times' que ya disponen de urnas, aunque desde el punto de vista de las garantías procesales solo contar con ellas carece de importancia.

Si el Govern tenía previsto desobedecer al TC, no se explica que a estas alturas la ley no se haya ni tramitado. La cuestión, por tanto, es si alguna vez el Govern ha estado dispuesto a aprobarla y darle cumplimiento.