Doble amnistía para los patriotas suizos

Hoy respiran más tranquilos los cerca de 30.000 defraudadores que se acogieron a la aministía fiscal del PP, entre ellos patriotas suizos tan ilustres como los Pujol, Bárcenas, Rato... Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Constitucional han adoptado una resolución pretendidamente salomónica pero que en realidad resulta diabólica: anulan la regularización masiva del 2012 por juzgarla contraria a la Carta Magna, pero avalan las regularizaciones individuales. Varapalo para el Gobierno e indulto para los beneficiarios de su anticonstitucional amnistía.

No tienen desperdicio los fundamentos jurídicos de la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado y exdiputado del PP Andrés Ollero. Al estimar el recurso del PSOE, los magistrados recuerdan que está prohibido recurrir al decreto-ley cuando afecta a deberes constitucionales como el de "contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”, que a todos concierne. A su juicio, el Gobierno cometió dos pecados capitales: "adbdicar" en la lucha contra el fraude fiscal, aprovechándose del mismo para aumentar la recaudación y así paliar la caída de ingresos públicos; y legitimar la conducta de los defraudadores, "colocándolos finalmente en un situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir". 

Tiene la virtud este fallo de cegar, tal vez de por vida, el recurso a la amnistía fiscal como fórmula para combatir el déficit público, utilizada en tiempos de tribulación por gobiernos tanto del PP como del PSOE. Con esta jurisprudencia constitucional, ningún gobernante en sus cabales osaría intentarlo de nuevo.

UN RESARCIMIENTO

Pero el moralizante sopapo al Gobierno tiene un envés: la negativa a revisar unas regularizaciones que afloraron capitales evadidos a cambio de una miseria. Si es cierto, como afirmó Cristóbal Montoro bajo la presión de Ciudadanos, que la amnistía fiscal no prescribe, haría bien el ministro de Hacienda en reabrir todos los expedientes y exigir a los indultados que al menos tributen por el 10% de lo que defraudaron. Aparte de redimirse, así resarciría a los contribuyentes cumplidores.