Déficit catalán: euro arriba, euro abajo

Ha tomado fuerza la discusión sobre cuál es exactamente el déficit de la Generalitat que ha heredado el nuevo Govern. Me gustaría ayudar a clarificar algunas de las cuestiones planteadas con el fin de recuperar un entorno que posibilite el consenso mínimo político tan necesario en estos momentos para sacar el país adelante.

La técnica contable establece que los datos oficiales de ingresos y gastos deben valorarse en el momento en que surge la obligación de pagarlos, tanto si se hacen efectivos como si no. La liquidación se hace sobre lo que se cierra de estas obligaciones antes de fin de año, lo que requiere un proceso de unos seis meses. O sea, que hasta junio no tendremos una visión exacta del ejercicio 2010. Obviamente, se tienen estimaciones provisionales, anotaciones a cuenta de proveedores no pagados e imputaciones periodificadas, pero no hay que hacerse mala sangre ya que no son definitivas. Para discutir sobre reformas, pues, no hay que utilizar cifras contables que la ciudadanía no entiende ni entablar más batalla política de la necesaria. Hoy no hay duda sobre la necesidad de retrasar, controlar mejor el gasto y adecuarlo a los ingresos. Y que allí donde no lleguen los impuestos lleguen las tasas o las participaciones de una financiación autonómica más justa en Catalunya.

En el presente debate sobre euro arriba euro abajo del déficit, ambas partes tienen algo de razón. Elconsellersaliente dio previsiblemente la información financiera que estaba en sus manos. Las desviaciones entre lo que se conoce y la realidad pueden deberse a cosas como que, con el consentimiento del proveedor, se presente la factura más adelante para tramitarla cuando haya crédito. O también puede pasar que la factura haya sido enviada pero no tramitada. Y más aún con las prisas de fin de año, que además coincidió con el traspaso de Govern. Finalmente, puede darse el caso de que la factura se haya tramitado pero aún esté sin pagar.

La otra parte también tiene razón cuando reacciona con sorpresa y nerviosismo ante la nueva situación. Primero le bailan las cifras de ingresos, entre lo previsto y lo transferido por el Estado. Al final, sea cual sea la cifra, se da cuenta de que, antes de respirar y definir sus prioridades de gasto, contra aquellos recursos debe cargar todo lo que, tramitado o no, corresponde al año anterior y no había sido pagado. Además, debe incorporar, ahora sí para pagar, las facturas correspondientes a entregas del año anterior que no se habían presentado a cobro. Y por último, deberá hacer la previsión de todo el coste financiero de la deuda heredada, los intereses a pagar por los déficits del Govern anterior. Para rematarlo, elconsellerentrante ve cómo el Estado le obliga a reducciones del gasto para la consolidación fiscal general, de forma que los excesos de déficit del pasado se enjuaguen ahora y no mañana, con el arma coactiva de que sin esto no se podrá emitir deuda. Todas estas partidas restan sobre los ingresos iniciales y dejan un margen de maniobra inferior del que resulta de la estimación inicial de déficits del Govern saliente. La angustia de no poder pagar la nómina, construir aulas, pagar a los nuevos dependientes, etcétera, corre entreconselleriesy se reabre la batalla de la política en minúsculas.

Reconocido todo esto, hay que hacer algunas precisiones. Primero: recortar significa que cosas que se hacían dejan de hacerse, no que desaparezcan las expectativas de crecimiento. No se cierra ningún hospital, simplemente no se abren otros o bien se aplazan. Segundo: el proceso presupuestario, si no se consensúa políticamente, permite oportunismos cortoplacistas muy apetitosos. De lo contrario, ¿cómo se podía presupuestar en el 2010 un incremento de gasto del 7,3% si el déficit previsto era ya, en su día, del 3,25%, superior así a los de los escenarios fiscales aprobados? Tercero: ¿cómo puede el Estado lavarse las manos de la situación en que queda quien tiene la mayor responsabilidad en los gastos sociales asociables a la crisis, y dejarlo solo en emisiones de deuda ante unos mercados de capital exterior secos? ¿Es sensato sembrar dudas sobre elcaos del gasto autonómico sabiendo que aumentará la prima de riesgo y, por lo tanto, los futuros costes financieros de la Generalitat? Si el Estado lo pagamos entre todos, ¿por qué no se avala directamente esta deuda autorizada, y así se favorece un coste de las emisiones más bajo en beneficio de los contribuyentes? Cuarto: ¿cómo se puede firmar un acuerdo por el que en el fondo de competitividad el Estado pueda retrasar el traspaso a la Generalitat de recursos hasta el 2013? Quinto: portátiles en las aulas y pizarras electrónicas las he visto en la Universidad de Castilla-La Mancha, no en el Reino Unido de forma generalizada, ni en la UPF. Ni creo que hagan falta.

Llamar a esto recortes es un exceso verbal. También, en mi opinión, lo es sanear la fiscalidad aboliendo sucesiones y, a la vez, mantener el recargo del IRPF, a la vista de quién paga cada impuesto, y no vindicar una distribución más justa de las cargas de la crisis. Pero, como decimos en el pueblo, esto es harina de otro costal. Catedrático de Economía de la UPF.