Companys: 75 años no son nada

Desde el 15 de octubre de 1940, cuando un pelotón militar fusiló en Montjuïc a Lluís Companys, España ha vivido más tiempo en democracia que bajo la dictadura franquista. Pero estos 75 años no han sido nada, ni tampoco los 40 transcurridos desde la muerte del dictador, ni siquiera los 38 de vigencia del régimen constitucional. La justicia española se ha negado a declarar la nulidad de la pena de muerte dictada contra el 123º 'president' de la Generalitat, el único gobernante democrático ejecutado en Europa durante el estallido fascista del pasado siglo. No basta con que la ley de memoria histórica declarase la genérica ilegitimidad de todos los juicios del franquismo. Lo que la justicia ha dictado solo la justicia lo puede revocar.

Aunque tarde, el Vaticano pidió perdón por su silencio ante el genocidio nazi, y el papa Francisco ha hecho lo propio por los casos de pedofilia sacerdotal que encubrió durante décadas. En lo que a actos de contrición concierne, la Iglesia puede dar lecciones de celeridad a España, donde las condenas institucionales del franquismo han sido tibias y las reparaciones, muy escasas.

Enemigos de la democracia

Y es que la ley del olvido que alumbró la transición se ha convertido, al cabo, en una ley del embudo. Solo así se entiende que Companys -que fue ministro de Marina de la Segunda República en 1933- todavía no haya sido rehabilitado por la democracia, mientras los enemigos de la democracia campan por sus respetos amparados en la libertad que la Constitución les procura.

Al calor del proceso soberanista, la extrema derecha, simpatizante del nazismo y nostálgica del franquismo, se cita cada 12-O en Barcelona para celebrar el Día de la Hispanidad y lograr de paso una visibilidad que en otras plazas tiene vedada. El lunes, el ultra Pedro Chaparro, pendiente de juicio por el violento asalto a Blanquerna en Madrid, llegó a incitar al auditorio a dar «una buena hostia» al fotoperiodista Jordi Borràs, que cubría el aquelarre. Los Mossos no procedieron a su detención 'in situ', ni lo ha hecho luego la Policía Nacional, y tampoco la justicia ha actuado de oficio. Impera la ley del embudo.