El Gobierno firma la condena del delta del Ebro al sufrimiento

El Gobierno ha desoído todas las objeciones contra el Plan Hidrológico del Ebro, el documento que regula los usos del agua del río, y ha decidido sacarlo adelante sin variar nada sustancial. El Consejo de Ministros lo aprobó ayer con el mismo caudal mínimo de 3.009 hectómetros cúbicos que figuraba en los primeros borradores difundidos hace dos años y que supone un peligro para el futuro del delta, según han advertido reiteradamente científicos, ecologistas, la Plataforma en Defensa de l'Ebre y la Generalitat. El conseller de Territori, Santi Vila, avanzó que su departamento «contestará con toda la contundencia», sin precisar más, ante lo que consideró una «agresión» contra el tramo final del río.

El caudal ecológico, el capítulo más controvertido, es la cantidad mínima de agua que el Ebro -salpicado de embalses de regulación en toda la cuenca- debe llevar en Tortosa para garantizar la conservación del delta y evitar la intrusión del mar. El Gobierno afirma que 3.009 hm3 anuales son más que suficientes, e incluso establece mínimos de solo 80 hm3 para los meses secos, y considera que el resto puede ser empleado como reserva de agua para otros usos, desde la producción de energía hidroeléctrica hasta el regadío.

El documento prevé un aumento de los regadíos de 440.000 hectáreas, el 50% más que ahora -incluidos los del canal Segarra-Garrigues y los de Xerta, ya en ejecución-, así como el abastecimiento de núcleos de población en La Rioja, Guadalajara o Castellón, entre otros. Para todo ello será necesario crear 27 embalses o grandes balsas de riego, unas actuaciones que tienen una asignación de 1.100 millones de euros. Otros 1.100 se destinarán a mejoras ambientales en cuestiones como depuración de aguas residuales o mejoras de acuíferos contaminados con nitratos. También hay partidas más técnicas para planes de emergencia o cartografía de zonas inundables.

CON EL AGUA SOBRANTE / El ministerio sostiene que dedicar más de 7.000 hm3 al caudal ecológico en un año seco, como reclama la Generalitat, implicaría poner en riesgo el suministro de agua urbana y de riego de casi toda la cuenca hidrográfica. Los críticos, por su parte, consideran que reducir la asignación mínima para el delta y aumentar la capacidad de retención mediante nuevos embalses es una puerta abierta a la resurrección de un trasvase del Ebro que supuestamente se concretaría en el próximo Plan Hidrológico Nacional (PHN). El texto se confeccionará cuando estén listos todos los planes de cuenca (quedan pendientes los del Segura, el Júcar y el Tajo) para que pueda incluir trasvases con el agua sobrante de los ríos.

El compromiso del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es aprobarlo durante el 2015, antes de finalizar la legislatura, aunque su posible marcha a Bruselas como comisario o como cabeza de lista de las europeas podría comportar un aplazamiento. En cualquier caso, el futuro de todas estas legislaciones está en el alero puesto que la Unión Europea prevé una nueva legislación sobre agua a partir del año que viene. «Bruselas no aceptará este plan de cuenca y el Gobierno se verá obligado a modificarlo en poco tiempo», afirmó ayer Martí Barberà, diputado de CiU en el Congreso. El portavoz de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, anunció nuevas movilizaciones y auguró que «de este plan que no tiene sentido va hablarse mucho a nivel europeo». «En ningún caso cubre las necesidades del Ebro», añadió el alcalde de Tortosa, Ferran Bel.

SUPUESTO CONSENSO / La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los caudales se habían definido «tras un amplio proceso de participación, aplicando criterios científico-técnicos que, además, son coherentes con la realidad física del río y satisfacen todas las exigencias de la normativa de planificación». En el Consejo Nacional del Agua, donde se busca siempre el consenso para aprobar los planes de cuenca, recibió 72 votos a favor, 5 abstenciones y 9 en contra, estos últimos los de los representantes de Catalunya y los ecologistas.