Las armas de fuego han matado a 30.000 personas en EEUU en un año

«No podemos tolerar esto más. Estas tragedias deben acabar. Y para ponerles fin, debemos cambiar. Ni una ley sola ni un conjunto de leyes pueden erradicar el mal del mundo o prevenir cada acto de violencia sin sentido en nuestra sociedad, pero eso no puede ser excusa para la falta de acción». Dos días después de que, hoy hace un año, el veinteañero Adam Lanza llevara a cabo en la escuela Sandy Hook de Newtown el segundo tiroteo más letal de la historia de Estados Unidos, el presidente, Barack Obama, habló en un servicio religioso en la ciudad de 28.000 habitantes de Connecticut. Hizo su llamamiento a toda la nación a la reflexión. Prometió «usar todo el poder del cargo» para promover cambios.

La matanza de 20 niños de 6 y 7 años, además de seis profesores y la madre de Lanza, llevó a EEUU a lo que parecía un punto de inflexión, a una reevaluación de su relación con las armas. Doce meses después, ese momento de cambio se ha desdibujado a nivel federal. La regulación ha quedado en manos de los estados. Y mientras, las muertes continúan.

Ayer mismo, dos personas resultaron heridas, una de ellas grave, después de que un joven armado disparara en el interior de un instituto de Colorado. El agresor acabó suicidándose, según informó la policía.

En el último año más de 30.000 personas han sido víctimas mortales de armas de fuego en EEUU y unas 75.000 han resultado heridas. Según un análisis de la revista Mother Jones, al menos 194 de esos muertos eran niños menores de 12 años. Un total de 84 han fallecido en accidentes; 103 en homicidios. En 52 de los casos los adultos habían dejado cargadas y sin asegurar las armas.

«VERGÜENZA» / En abril Obama tuvo que hablar de «un día de vergüenza» cuando el Congreso tiró por tierra los intentos de pasar varias medidas que habrían intensificado el control de armas. El impacto emocional de Newtown había hecho que, por primera vez, el 90% de la población, según las encuestas, apoyara endurecer los controles federales de historial que se realizan antes de la venta de un arma (actualmente solo son obligatorios cuando la realiza un vendedor certificado, lo que deja sin controles el 40% de las compras). Pero ante la presión del lobi de la Asociación Nacional del Rifle y otros intereses pro-armas (que han gastado este año más de 12 millones de dólares en sus campañas en Washington frente a los 1,6 millones invertidos por grupos pro-control), muchos congresistas se echaron atrás. El temor a las repercusiones electorales en sus distritos también pesó.

Obama, bloqueado otra vez por el Capitolio, ha usado su poder para promover dos decenas de órdenes ejecutivas que, aunque importantes, no tienen el alcance que habría representado la normativa federal del Congreso. Y la nueva regulación ha sido trabajo de los estados.

Según un análisis de The New York Times, en el último año se han presentado en legislaturas estatales 1.500 leyes, de las que 109 han sido aprobadas. Un total de 70 han relajado el control de armas, haciendo más fácil, por ejemplo, llevarlas en público o en lugares como colegios, mientras que 39 lo han endurecido. Con excepciones, la norma es que estados controlados por republicanos han dado más laxitud mientras los demócratas intensifican el control.

Grupos como la Campaña Brady para prevenir la violencia de armas miran con optimismo los cambios. Y en un informe sobre el 2013 elaborado con el Centro de Derecho para Prevenir la Violencia de Armas, aseguran que «el éxito del lobi corporativo de armas ha sido limitado en el 2013 en las legislaturas estatales». Otro análisis de Mother Jones refuerza ese optimismo, al establecer que las leyes más restrictivas afectan a 189 millones de estadounidenses, más de la mitad de la población.

El foco puesto en los estados es generalizado entre los activistas, que dan por perdida de momento la lucha a nivel federal. Grupos como Alcaldes contra las Armas Ilegales tienen sus esperanza (y sus fondos) puestos a nivel local.

«Así es cómo habrá progresos en este tema, como pasó con los derechos civiles: necesitas muchas victorias en los estados antes de persuadir al Gobierno federal de que actúe», decía en NPR Brian Glaze, director ejecutivo del grupo ,

«Los ciudadanos están mejor educados, saben que hay soluciones disponibles y las apoyan. Ha empezado un movimiento por el cambio que sabemos que va a llegar».