La guerra a las drogas de Duterte se ceba en los pobres

El coche fúnebre avanza despacio por el cementerio de Navotas, uno de las barriadas más pobres de la Manila metropolitana. En el vehículo viaja un ataúd blanco con el cuerpo de Jerome A. González, de 18 años. Él y su compañero Jamart fueron secuestrados la semana pasada a punta de pistola en Navotas cuando salían del velatorio de un tercer amigo, asesinado unos días antes en esas mismas calles. Pocas horas después de su secuestro, los cuerpos sin vida de Jerome y Jamart aparecieron cerca del puerto. Les habían asesinado de varios balazos. Entre las chabolas de esta zona pegada a la bahía de Manila, las ejecuciones en el marco de la guerra contra las drogas no cesan.

Un centenar de personas camina en comitiva tras el vehículo fúnebre. Muchos jóvenes, casi adolescentes, van llorando. Cuando termine este entierro  tendrá lugar el de Jamart; luego los de Elmer, Gary, Joel, Frederick. Todos han sido víctimas en operaciones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico en este epicentro de miseria que son las barriadas del norte de Manila. Escenas como esta se repiten prácticamente cada fin de semana en el humilde cementerio de Navotas, lleno de hileras de nichos en estado precario. En uno de los pasillos del cementerio, una fila de nichos comunes pegados al suelo alberga los restos de cuerpos no reclamados. Están identificados, pero las familias no pudieron costear los gastos de los servicios funerarios.

Duterte: un año en el poder y 7.000 muertos

Cifras opacas

 Las cifras en la polémica guerra contra las drogas alentada por Duterte son opacas. Los datos oficiales de la Policía señalan que en el último año se han efectuado en Filipinas más de 62.700 operaciones antidroga; se han practicado casi 85.000 arrestos; 1,3 millones de personas se han entregado, y más de 3.150 personas supuestamente implicadas en narcotráfico "han muerto" en acciones policiales; al menos otras 3.500 personas han sido asesinadas, también en el marco de la guerra contra las drogas, por "desconocidos armados" en lo que la policía categoriza como 'muertes bajo investigación', un término que solo ha comenzado a utilizarse en la jerga policial con la Administración Duterte. Según los grupos pro Derechos Humanos, la gran mayoría son asesinatos perpetrados por "vigilantes",  como se conoce a civiles que, con supuesto apoyo policial e incluso alentados por el Gobierno, llevan a cabo ejecuciones de drogadictos o traficantes.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que la Policía, sistemáticamente, toma como objetivo a la gente más pobre e indefensa; falsea pruebas para justificar los crímenes, recluta asesinos a sueldo y ha perpetrado más de un robo en las casas de las víctimas. Si durante los primeros meses de la operación antidroga, que arrancó el 1 de julio de 2016, las autoridades difundían el número de muertos casi con cierto orgullo, ahora ha dejado de ofrecer cifras claras, según la prensa local.

Y los familiares de las víctimas, lejos de denunciar, a menudo abandonan sus barrios tras el asesinato por miedo a ser los siguientes objetivos. "La gente en los barrios pobres es fácil de intimidar", explica Vincent Go, uno de los fotoperiodistas locales que ha estado cubriendo estas muertes desde hace doce meses.  "Es muy difícil convencerles para que denuncien, tienen miedo y les falta esperanza; prefieren dejar las comunidades e irse a otro lugar", apunta por su parte Emmanuel Amistad, director del grupo humanitario TFDP.

 Barrios como Navotas, Caloocan o Valenzuela, en el norte de esta metrópolis de casi 13 millones de habitantes, solo han visto caer los asesinatos durante un mes en el último año: a finales de enero, las autoridades decidieron suspender la violenta operación antidrogas tras la polémica suscitada por el asesinato de un empresario surcoreano a manos de la policía. El hombre fue secuestrado durante una supuesta operación antidrogas, trasladado a Camp Crame -cuartel general de la Policía filipina- y allí asesinado no sin que antes un grupo de agentes, supuestamente implicados en una red de extorsión, exigiera un rescate.

El caso se destapó y la polvareda que levantó llevó a poner en pausa la guerra antidrogas en Filipinas. El paréntesis duró un mes: en marzo, la operación se relanzó con la promesa del jefe de la Policía Nacional de que iba a ser "menos sangrienta". Sin embargo, las muertes en el marco de las acciones contra la droga no paran, alimentadas por la impunidad que les da la operación auspiciada por el presidente filipino.

Duterte reafirmaba esta misma semana en Manila su apoyo a los miembros de la policía implicados en acciones antidroga: "Incluso a riesgo de perder la presidencia, no permitiré que ningún soldado o policía vaya a prisión por destruir la industria de las drogas en este país". Los "daños colaterales" a la hora de aplicar la ley, agregó, son "inevitables".