PACTO DE FINANCIACIÓN
El Congreso de EEUU acuerda reabrir el Gobierno tras tres días de cierre
El Senado aprueba una resolución presupuestaria que servirá para financiar al sector público hasta el próximo 8 de febrero
Ricardo Mir de Francia
Periodista
Especialista en política internacional y reportero. Fue corresponsal en Washington durante una década, donde cubrió las presidencias de Obama, Trump y los inicios de Biden. Antes estuvo otros seis años en Oriente Medio. Licenciado en Periodismo por la Pompeu Fabra y con estudios de posgrado en Derecho Internacional, se ocupa actualmente de la guerra en Ucrania. Interesado también en temas de investigación, geopolítica de la energía, cambio climático y economía.
Ricardo Mir de Francia
El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos es ya historia. El Senado (la Cámara alta del Congreso) ha aprobado este lunes una ley para extender la financiación del sector público hasta el próximo 8 de febrero, lo que permitirá a las instituciones recuperar la normalidad tras tres días de cierre parcial por falta de fondos y se esperaba que en breve lo hiciera la Cámara de Representantes. La minoría demócrata en el Senado contribuyó a desbloquear la situación al aceptar un acuerdo de mínimos a cambio de un compromiso republicano para abordar legislativamente el futuro de los 'dreamers' en las próximas semanas. La resolución servirá para que cientos de miles de empleados públicos puedan reincorporarse a sus puestos de trabajo, ya sin la ansiedad de no saber cuándo cobrarán o cuántos días tendrán que quedarse en casa debido a la incapacidad de sus políticos para gobernar.
El acuerdo da oxígeno al presidente Donald Trump, que celebró su primer aniversario en el poder con un humillante cierre parcial del Gobierno, un contratiempo al que, no obstante, también hicieron frente varios de sus predecesores. "Se acaba la obstrucción demócrata", escribió Trump en las redes sociales tras aprobarse la resolución en el Senado con 81 votos a favor y 18 en contra.
La ley debía ser refrendada por la Cámara de Representantes en las próximas horas, pero no se esperan sorpresas. En el Capitolio, todo eran rostros de satisfacción. Ambos partidos se jugaban mucho. En noviembre hay elecciones legislativas y ni republicanos ni demócratas parecían tenerlas todas consigo respecto al coste político de una medida tan drástica como un cierre del Gobierno, que afecta a cientos de miles de empleados públicos.
El muro de México
Al final, los dos cedieron en sus pretensiones. La ley aprobada no incluye ni fondos para construir el muro de México, como quería la Casa Blanca, ni una fórmula para proteger de la deportación a los 800.000 inmigrantes indocumentados que llegaron a EEUU siendo unos niños, los llamados 'dreamers', exigida por los demócratas. Estos últimos tuvieron que conformarse con la promesa de que su suerte se debatirá en las próximas semanas, y si no hay acuerdo antes del 8 de febrero, la mayoría republicana aceptará una votación al respecto en las cámaras. "El proceso será neutral y justo para todas las partes", aseguró el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, con la confianza de que para entonces se haya alcanzado un acuerdo bipartidista que resuelva el futuro de los 'dreamers'.
La jornada había comenzado llena de incertidumbre, con un pacto de una veintena de senadores demócratas y republicanos para desatascar la situación, pero sin ninguna certeza sobre su éxito. Trump había amenazado además con recurrir a la llamada "opción nuclear", una maniobra que hubiera permitido a su partido cambiar unilateralmente las reglas del Senado para aprobar la financiación sin la mayoría cualificada de 60 votos que actualmente se requiere. Un órdago, como mínimo, arriesgado porque si sus rivales políticos recuperaran la Cámara alta en noviembre (solo necesitan dos escaños), su dominio sería incontestable.
Confusión y ansiedad
Entre los funcionarios públicos, todo era confusión y ansiedad. Los empleados "esenciales" fueron a trabajar con normalidad. La tramitación de pasaportes y visados siguió procesándose sin contratiempos y los parques nacionales abrieron. Pero en diversos ministerios y agencias gubernamentales, como Vivienda, Educación, Trabajo o Interior, el 80% de la plantilla, como mínimo, tuvo que quedarse en casa. También estaba previsto que los pagos a miles de contratistas del sector público se retrasaran indefinidamente mientras durase el cierre parcial del Gobierno. En el 2013, la última vez que se produjo, 800.000 trabajadores estuvieron dos semanas sin ir a trabajar.
A pesar del acuerdo para desbloquear la situación, se espera que la batalla política deje heridas duraderas. La poca confianza que existía entre los dos partidos ha quedado más diezmada todavía.
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