El Ayuntamiento de Barcelona pide suspender un desalojo

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido al juez que suspenda por dos meses el desalojo del bloque La Bordeta, en el que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha alojado a siete familias en situación de vulnerabilidad, según ha explicado el concejal de Sants-Montjuïc, Jaume Asens.

El consistorio también elevará una queja al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque en este caso, por primera vez desde que se estableció en 2013, un juez no ha atendido el protocolo por el que los tribunales informan de los posibles desahucios de personas en situación de vulnerabilidad al ayuntamiento para que antes puedan actuar los servicios sociales.

"Si los jueces empiezan a desatender acuerdos de aquellos de los que dependen tenemos un problema", ha señalado Asens, que confía en que el titular del juzgado de instrucción 17, que es el que lleva este caso, se replantee su decisión y amplíe, de siete días a dos meses, el plazo que dará a los ocupantes para abandonar el edificio, el tiempo que los servicios sociales municipales estiman que necesitan para atender a estas familias.

MENORES Y JUBILADOS

"Como institución, nuestra obligación es salvaguardar los derechos de las personas vulnerables y, en especial, de los menores de edad. No podemos permitir que sin que intervengan los servicios sociales quede la gente desamparada", ha señalado el tercer teniente de alcalde. Jaume Asens ha explicado que el ayuntamiento tuvo conocimiento de la inminencia del desalojo del bloque de viviendas La Bordeta, donde viven siete familias, dos de ellas con menores y otra de jubilados, porque la PAH le pidió que actuase y solicitase al juzgado la suspensión de la orden porque no se garantizaban los derechos de los afectados.

Además de la presentación del recurso, Asens ha explicado que manifestarán su preocupación de que pueda "sentar precedente" la interpretación "sui generis" que no tiene por qué aplicar el protocolo de actuación que ha hecho el juez en este caso a la juez decana y al TSJC. También ha considerado que enfocar la problemática de las familias que han ocupado el bloque La Bordeta por la vía penal en primera instancia, como ha sucedido, es un error. Las personas que viven en el Bloque La Bordeta están imputadas por un presunto delito de usurpación por el que se les pide penas de cárcel.

EL EDIFICIO LLEVABA AÑOS ABANDONADO

Jaume Asens ha explicado también que a nivel político el ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con el propietario formal del edificio, una promotora de Mallorca, que ha sido la que ha instado el desalojo, para encontrar una solución y que los servicios jurídicos municipales también lo tienen previsto.

En este sentido, ha señalado que el edificio llevaba años abandonado, que no se le ha dado nunca uso y que tampoco está previsto su destino, por lo que "no tienen ninguna prisa en desalojarlo". El concejal de Sants-Montjuïc ha añadido que también están intentando hablar del asunto con la Sareb, que gestiona la hipoteca que pesa sobre este inmueble, pero que no la ha ejecutado porque confía en cobrar la deuda. Por su parte, la portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Carmen Andrés, se ha mostrado preocupada por la situación de desamparo en la que se encuentran las familias afectadas y ha pedido al equipo de gobierno que actúe con la máxima celeridad para realojarlas. "La prioridad en La Bordeta son las familias", ha insistido Andrés, que ha pedido también que se revisen los protocolos vigentes para garantizar que siempre se activen los servicios sociales para evaluar el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran los afectados por un desahucio..