La hora de la política

En el momento más bajo de los políticos, es la hora de la más alta política. Bajo el epígrafe #MásDemocracia, EL PERIÓDICO ha acogido un debate para reunir propuestas anticorrupción. Tras analizar más de 700 aportaciones de lectores (y publicar un centenar entre la edición impresa y la digital) y recabar la opinión de una cuarentena de expertos y actores políticos y sociales, el debate arroja un diagnóstico preocupante: la indignación con los políticos y los partidos por la proliferación de casos de corrupción en un momento ya difícil de por sí amenaza «con barrer a tirios y troyanos, con llevarse por delante lo malo y lo bueno, arrasando instituciones y recursos públicos», en palabras de Francisco Longo, del instituto de Gobernanza y dirección pública de ESADE.

Llega, pues, en este momento de dificultad la hora de la política, en la acepción más noble de la palabra. Por eso, las propuestas surgidas en el debate -con las que EL PERIÓDICO ha elaborado un decálogo para los partidos- tienen en común que implican una profunda regeneración democrática.

CALIDAD DEMOCRÁTICA Reforma política y transparencia

Muchas propuestas recibidas inciden en que es imprescindible revitalizar la política, fortalecer la cultura institucional frente a la orgánica de los partidos. «Asistimos a la erosión del régimen nacido en la transición, cuyo consenso dio un peso desmedido a la clase política», afirma Josep Maria Atentas, sociólogo de la UAB. Ha sido una constante en el debate: hay que reducir el poder que los partidos y sus cúpulas dirigentes para que lo asuma la ciudadanía. De ahí ideas como la de introducir listas abiertas en el sistema electoral; democratizar la vida interna de los partidos; limitar los mandatos; eliminar las cuotas partidistas de las instituciones y redactar códigos de conducta en los órganos públicos que regulen temas como la relación con los lobis y los regalos.

«Si negamos la transparencia, negaremos el derecho social más importante del siglo XXI», escribió Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifrau de Catalunya. Alrededor de esta idea también hay consenso: la transparencia de todas las instituciones (empezando por la jefatura del Estado) y los partidos es innegociable. Las cuentas deben ser públicas, así como los procesos de adjudicación de contratos y subvenciones y las declaraciones de renta y de bienes de los cargos públicos al tomar posesión y al abandonar su responsabilidad. Cuando un caso de corrupción estalla, los afectados deben estar obligados a aportar toda la información necesaria. Otra propuesta recurrente de transparencia es que la actividad de los lobis debe ser transparente y regulada.

Hay una tercera pata en este reforzamiento de la calidad democrática: la educación y la concienciación social. «Si aquí, compartiendo mesa, contara que he conseguido escatimar 1.000 euros a Hacienda, la gente me felicitaría. Quizá si lo digo en Suecia me hacen levantar», dijo gráficamente Arcadi Oliveres, de Justícia i Pau. Conscientes de ello, muchos participantes en el debate han propuesto introducir en las escuelas, las universidades y las administraciones cursos de formación en valores cívicos y éticos.

SUPERVISIÓN Y JUSTICIA Independencia, eficacia y rapidez

«Nunca antes la clase judicial ha tenido una oportunidad tan clara para demostrar que ellos son la ley con mayúsculas», escribió la lectora María Marcos, de Barcelona. En efecto, la supervisión, por un lado, y la investigación judicial y condena, si procede, por el otro, son claves en la lucha anticorrupción. Hay consenso en que los políticos, los partidos, las instituciones y los cargos públicos deben ser fiscalizados por órganos profesionalizados e independientes del poder político.

Si los pilares de la corrupción están enraizados en la financiación de los partidos, la contratación pública y las subvenciones oficiales, y si los principales ámbitos de acción de las corruptelas son la construcción y el urbanismo, urge dirigir el foco hacia allí: control, transparencia y rendición de cuentas como principios generales, a los que se les une propuestas más concretas, como las destinadas a regular la financiación de los ayuntamientos y los procesos de recalificación urbanística o las que reclaman limitar por ley el límite máximo de sobrecoste que pueden tener los contratos públicos.

Y luego está la lentitud de la justicia, claro. Genera dudas la idea de limitar por ley la duración del proceso, como proponen muchos lectores; los juristas alertan de que estos casos son muy complejos y de que cada uno tiene un procedimiento diferentes. Pero sí hay acuerdo en que situaciones como elcaso Pallerols (16 años tardó la sentencia) son insostenibles. Respecto la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos políticos y del enriquecimiento injustificado de los cargos públicos hay acuerdo casi total. En cambio, uno de los aspectos más controvertidos es el debate alrededor de la figura del imputado. ¿Qué hay que hacer en estos casos?

PACTO ÉTICO ¿Debe dimitir un político imputado?

Entre los lectores es una reclamación casi unánime: los partidos deben comprometerse a un pacto ético que incluya que un político dimitirá de sus cargos cuando sea imputado. El problema, como recuerdan desde los partidos y varios expertos, es que la figura procesal del imputado no equivale a condenado, sino a investigado con garantías de defensa.

Noticias relacionadas

Las ciudades sostenibles, ni utópicas ni costosas; este domingo en EL PERIÓDICO

El Sant Jordi más internacional tras la pandemia, avance del Tema del Domingo

En este debate hay dos bandos. Uno defiende preservar la presunción de inocencia y que hay que tener en cuenta que es muy alto el riesgo de que los partidos usen la imputación para eliminar a adversarios. El otro esgrime que la ejemplaridad ante los casos de corrupción exige la dimisión y que los partidos usan la presunción de inocencia como una muralla que lleva a la impunidad. El acuerdo se antoja difícil, y estará siempre sujeto a interpretaciones si no hay una revisión de la figura procesal del imputado.

Lo que no crea controversia es el rechazo al uso partidista de la corrupción, a la defensa frontal del implicado propio y al recurso del ventilador para tapar casos en las filas propias. Costumbres del juego político de las que la sociedad abomina. ¿Escucharán los políticos este clamor que les exige unas nuevas reglas del juego democrático? La pelota aún está en su tejado.