Sueldo mínimo por decreto

De cobrar un sueldo de unos 3.000 euros brutos a recibir 645,3 euros brutos mensuales ya que su empresa ha decidido acogerse a la reforma laboral, sin ni siquiera negociar. Es lo que les ha pasado a decenas de trabajadores de las filiales de mantenimiento de cabinas telefónicas de Imesapi, una empresa del grupo ACS. Su convenio expiró, pero pese a que tenían cláusula de ultraactividad (es decir, las condiciones debían estar vigentes hasta que se pactara un nuevo texto), la empresa cortó por lo sano y decidió pagar el mínimo que marca el Estatuto de los Trabajadores, es decir, 645,3 euros al mes.

«Fue una rebaja de golpe, sacada de la manga, del 75% del sueldo. Imagina qué es eso para una familia», explica Josep Alpuente, trabajador de esta compañía. Imesapi tiene varias filiales -como la de alumbrado público-, y una de ellas es la del mantenimiento de cabinas telefónicas (contratos que se ganan en concursos), formada a su vez por pequeñas empresas que se han ido integrando en Imesapi pero que conservan sus convenios propios. Los trabajadores (31 en la provincia de Barcelona y 3 en Girona) de estas firmas son personas con antigüedades de finales de los 70-80, y el convenio (heredados de la época de Telefónica) marca salarios altos para el sector (tres pagas, 3.000 euros brutos al mes).

A finales del 2012, cuando el convenio iba a vencer, los trabajadores denunciaron el convenio para emplazar a la empresa a negociar. Pero esta, según el abogado de los trabajadores, Jordi Juan (Col·lectiu Ronda), hizo «caso omiso». Y, pese a que el convenio marcaba que las condiciones debían mantenerse hasta un nuevo pacto, la empresa cortó por lo sano en agosto del 2013 con la excusa de la reforma laboral.

«Hay sentencias de otros sectores que marcan que la empresa no puede aplicar unilateralmente sus medidas», destaca el abogado, quien afirma que los trabajadores de la filial de la misma Imesapi en el País Vasco han ganado el juicio en los tribunales por el mismo motivo.

Tras la rebaja de sueldo unilateral, los empleados llevaron el caso a Inspecció de Treball de la Generalitat, que dictaminó que la empresa «no tenía voluntad de negociar». Tras esta, la firma dio un paso y citó a los empleados... Pero poco después se echó para atrás. Y siguen sin dialogar.

«En el caso de Girona la empresa incluso recortó los salarios antes de que el convenio venciera», denuncia Juan, que recalca que es «tan aleatorio» que los empleados de la firma de Lleida siguen cobrando -al menos hasta el momento- su sueldo habitual.

Juicio

Los trabajadores llevaron el caso a los juzgados como conflicto colectivo, y el juez marcó medidas cautelares (reestablecer el suelo) a principios de este mes, aunque aún no se ha aplicado. De hecho, el juicio se celebrará el próximo 19 de febrero, y los trabajadores confían en ganar el caso. «Son empleados viejos y demasiado caros para la empresa, que utiliza este instrumento para forzar una negociación a la baja. Pero se salta la ley», añade el abogado. «No es la primera vez que la empresa intenta estas prácticas. Lo ha hecho en toda España. Y aquí ya hubo despidos que el juez acabó dictaminando que eran improcedentes y al final tuvo que incluso readmitirlos», añade el trabajador Alpuente, que apunta a que es una «práctica habitual» del grupo ACS, que el año pasado presionó a la división de alumbrado con «traslados de un día para otro a Bolivia».

EL PERIÓDICO trató de obtener la versión de la empresa ayer, pero no obtuvo respuesta.