Ruiz-Mateos, condenado a pagar 92 millones

El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha condenado al empresario jerezano José María

Ruiz- Mateos y a su hijo Francisco Javier a abonar más de 92 millones de euros a los acreedores de la sociedad José María Ruiz-Mateos, principal emisor de los pagarés de la empresa Nueva Rumasa.

Dicho juzgado ha dictado sentencia en la que declara culpable el concurso de la sociedad y responsables al padre y al hijo, a los que condena a que abonen el déficit patrimonial de la empresa. En dicha sentencia se absuelve al empresario Angel de Cabo y a su segundo Iván Losada, ya que la despatrimonialización de la compañía fue anterior a su entrada en la misma. A la vez se absuelve al sobrino de Ruiz-Mateos, Zoilo Pazos, por ser solo el administrador de derecho y no de hecho, que eran los Ruiz-Mateos, según informa Europa Press.

De esta forma, la deuda de más de 92 millones de euros que deberá afrontar el empresario jerezano y su hijo se suma a otra de más de 123 millones de euros que el patriarca de los Ruiz-Mateos tiene que abonar a los acreedores del grupo Trapa, perteneciente al entramado de Nueva Rumasa. Asimismo, en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid se inhabilita a Ruiz-Mateos y a su hijo Francisco Javier para administrar bienes ajenos y para representar, legal o voluntariamente, o administrar patrimonialmente a cualquier otra persona por un tiempo de 15 años.

Ambos son condenados solidariamente a abonar a los acreedores en concepto de déficit patrimonial la totalidad de los créditos concursales que no resulten satisfechos con ocasión de la liquidación de la masa activa, excluyéndose a los créditos contra la masa.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL / El 22 de diciembre del 2009, la junta general de accionistas de la sociedad José María Ruiz-Mateos, además de aprobar una ampliación de capital de 60 millones de euros, acordó una emisión de pagarés extraordinarios por el mismo importe, elevándose a 150 millones de euros en la junta celebrada el 12 de abril de 2010.

En el documento informativo de la misma figuraba que los fondos obtenidos a través de la emisión se emplearían en la adquisición, como mínimo, del 25% de una «importante empresa del sector de la alimentación».

El valor nominal mínimo de los pagarés era de 50.000 euros por inversor, con vencimientos en dos años y con un interés aplicable del 10%, con pagos trimestrales.