La UE podría retrasar a otoño la decisión sobre la multa a España

Que la Comisión Europea de Jean-Claude Juncker no tiene mucho apetito por multar a España empieza a ser más que evidente. A finales de mayo, Bruselas decidía parar el reloj –debido a las elecciones del 26J- y retrasar “a principios de julio” el proceso sancionador contra España y Portugal por no adoptar medidas adecuadas para corregir el desvío del déficit público en 2015. El polémico expediente vuelve este martes a la agenda del colegio de comisarios, que constatará que no se han adoptado medidas efectivas, pero la decisión podría quedar de nuevo en suspenso hasta el otoño.

Las cifras no han cambiado. España cerró 2015 con un fuerte desfase en el déficit público de casi el 5,1%, cuando había prometido cerrar con un objetivo del 4,2%. Un desvío que no se puede achacar a la situación económica ya que el crecimiento del PIB se situó el año pasado en el Estado en torno al 3,2%. De ahí el nulo margen que tienen los comisarios para no dar un veredicto negativo. Aún así, la decisión podría adoptarse por procedimiento escrito a finales de semana –se habla de este jueves- lo que podría dar margen al Ecofin para retrasar la decisión.

Según el procedimiento sancionador, una vez que Bruselas constate que un Estado miembro no ha adoptado medidas efectivas el expediente pasa a la mesa de los ministros de economía y finanzas de la UE que son quienes tienen el poder de validar o rechazar la recomendación. Si la validan entonces es cuando se activa el proceso y empieza la cuenta atrás. Es decir, la Comisión Europea tendría a partir de ese momento 20 días para presentar una propuesta de multa y el gobierno español 10 días para presentar alegaciones.

AGENDA CERRADA

Que la Comisión Europea retrase hasta finales de semana la decisión significa que la agenda del próximo Ecofin del 12 de julio estaría ya cerrada con lo que no habría tiempo para incluir este punto en el orden del día. Alguna delegación, como ya hizo Alemania en el Consejo anterior, siempre podría sacar el tema a discusión durante la reunión pera si la agenda no incluye el punto en el orden del día no habría decisión.

Eso significa que la decisión podría quedar en suspenso hasta el próximo Ecofin –el de septiembre tiene carácter informal y por lo tanto no toma decisiones- que no está previsto hasta el 11 de octubre. Si queda pendiente, la Comisión Europea tendría hasta el 31 de octubre de plazo para pedir sanciones –de hasta el 0,2% del PIB o unos 2.100 millones máximo-, un margen teóricamente suficiente para que España se dote de un nuevo gobierno, presente un nuevo borrador de presupuesto para 2017 restrictivo –tiene que estar en la mesa de la Comisión Europea el 15 de octubre a más tardar- y un plan de ajuste con los recortes exigidos por Bruselas.

Aunque tanto España como Portugal cuenta con aliados importantes en el Consejo de ministros partidarios de eludir la sanción, como Francia o Italia, todo dependerá de la actitud con la que acudan Alemania y Holanda que hasta ahora han sido muy críticos con la forma de proceder de la Comisión Europea. Y a tenor del comisario alemán, Gunter Oettinger, la postura no ha variado. “Creo que si la Comisión quiere conservar su credibilidad sobre las reglas presupuestarias tenemos que adoptar sanciones contra España y Portugal”, advertía este fin de semana en una entrevista en el diario alemán 'Bild'.