Nuevo SOC sin acuerdo

El primer objetivo derivado del pacto social firmado en Catalunya hace un mes ha fracasado. Las discrepancias por el papel de las agencias privadas de colocación han hecho imposible que la Generalitat haya alcanzado un acuerdo con los sindicatos sobre la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Ese era uno de los objetivos inmediatos, junto con la FP y la renta mínima de inserción, del Acuerdo de diálogo social permanente rubricado por Artur Mas y los líderes sindicales y empresariales.

El secretario de Ocupació de la Generalitat, Joan Aregio, dio ayer por acabada la negociación para buscar el consenso en las bases del nuevo SOC ante la oposición sindical, especialmente en el punto que prevé la subcontratación a agencias privadas con ánimo de lucro de acciones de inserción laboral de desempleados. «El proyecto de ley seguirá su curso después de haber llegado a un acuerdo en más del 80% de su contenido», afirmaron fuentes del departamento que dirige Felip Puig.

División de los parados

UGT considera que la reforma «divide el colectivo de parados entre los de primera, que son más fáciles de colocar, y los de segunda, con más dificultades para encontrar empleo», según explicó Laura Pelay, secretaria de Estado del Bienestar del sindicato en Catalunya. CCOO justificó su rechazo a la reforma porque «valida la norma estatal que posibilita que agencias privadas de colocación con ánimo de lucro puedan colaborar con los servicios públicos en la intermediación laboral».

El Govern esgrime el borrador de la reforma para negar que se haya diseñado como un negocio fácil para las agencias constituidas por las grandes ETT. «De forma complementaria y para atender a los colectivos de más dificultad -se afirma en el texto-, el SOC podrá utilizar también las agencias de colocación, debidamente autorizadas».

La sospecha sindical se encuentra precisamente en la definición de esos colectivos. En una orden de subcontratación de servicios por un importe de dos millones, abortada por la Generalitat poco antes de su publicación, se ofrecían hasta 1.280 euros a las agencias privadas por colocar a parados. Los colectivos «con más dificultades» eran los mayores de 45 años que lleven entre tres meses y 18 meses inscritos como demandantes de empleo, los que tengan de 31 a 44 años y lleven más de un año en paro y los menores de 30 años poco formados que hayan perdido el empleo hace menos de 12 meses.