El Govern reforma el organismo que dejó en el aire el concurso de ATLL

El Govern ha decidido reformar el organismo que dejó en el aire el concurso para la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL). El OARCC, al frente del que está Juan Antonio Gallo, se convertirá en un nuevo órgano colegiado, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, con tres representantes.

El nuevo ente "permitirá dar mayor celeridad en la tramitación de los recursos que son de su competencia y hacer frente al gran número de recursos que se presentan", según el Govern. A pesar de que tanto la Conselleria d'Economia como la de Territori han basado sus recursos contra la decisión del OARCC sobre ATLL fue errónea, la creación del nuevo tribunal "ya estaba prevista", afirman desde el Ejecutivo catalán.

El OARCC desató en enero pasado una batalla jurídica al invalidar la concesión a Acciona de la gestión de la suministradora de agua en el área metropolitana y comarcas adyacentes. La resolución se dio como consecuencia de las quejas planteadas por Aigües de Barcelona (Agbar), que perdió el concurso.

Los tribunales han descartado las medidas cautelares solicitadas por la Generalitat, pero no han dictado aún una sentencia sobre el fondo del asunto. Los 'consellers' de Economia, Andreu Mas-Colell; y de Territori, Santi Vila, insistieron la semana pasada en el Parlament en que el contrato de Acciona, que encabeza un consorcio con el banco de inversión brasileño BTG Pactual, sigue en vigor.

También reiteraron que un fallo contra la concesión supondría un enorme daño financiero para las arcas públicas y recordaron que Agbar tampoco cumpliría con el criterio por el que el OARCC invalidó la concesión a Acciona.

El Govern enmarca la creación del nuevo tribunal dentro de las 51 medidas en materia de transparencia y regeneración democrática anunciadas por el 'president' Artur Mas.

En lo que va de año, el OARCC ha recibido 124 recursos y cuestiones y ha emitido 127 resoluciones --34 correspondientes al año 2012--, la mayoría emitidas por contratos de servicios, repartidas a partes iguales entre las que tienen que ver con decisiones de la Generalitat y con la actuación de la administración local.