Golpe del TSJC a la mayor privatización de la Generalitat

nuevo embrollo jurídico en la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), cuya resolución se encamina definitivamente hacia el Tribunal Supremo. La Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimado en un auto que se conoció ayer los recursos contra la invalidación del concurso mediante el que un consorcio liderado por Acciona junto con el banco de inversión brasileño BTG Pactual se hizo con la gestión de la compañía pública.

En esos recursos los ganadores del concurso y lasconselleries de Economia y de Territori reclamaban paralizar la anulación de la licitación, la mayor de las realizadas por la Administración catalana, que fue invalidada por un organismo de la propia Generalitat, el OARCC (Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya), a instancias del perdedor del concurso, Aigües de Barcelona (Agbar). ATLL es la abastecedora del área metropolitana de Barcelona y comarcas próximas con 4,5 millones de habitantes.

FORMA Y FONDO / Fuentes de la Generalitat no descartaron ayer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y recordaron que, en todo caso, se trata de un cuestionamiento de la forma, no del fondo de la cuestión. Acciona y sus aliados ya anunciaron en su día que recurrirían. Fuentes jurídicas recuerdan que este pronunciamiento no presupone el que el tribunal pueda tener sobre el fondo de la cuestión.

El contrato, que propició la disolución de la anterior sociedad que dependía de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para convertirse en

ATLL, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, significó para el consorcio ganador el desembolso inmediato de 298,7 millones de euros y el de otros 686,9 millones más a lo largo de los 50 años de la concesión.

La existencia de un voto particular de uno de los cuatro magistrados, Alberto Andrés Pereira, revela disensiones dentro del propio tribunal «que abren la puerta al recurso de casación», explicaron fuentes de la Generalitat. Este magistrado suscribe las tesis del Govern y del resto de miembros del consorcio ganador de que el OARCC cometió un «error manifiesto» al considerar vinculante el plan de obras previsto en el pliego de condiciones de concurso. También que las medidas cautelares eran preceptivas ante los daños que podía ocasionar invalidar el concurso. Los autos devuelven el proceso a principios de enero, cuando el organismo de la Generalitat, el OARCC, invalidó el concurso.

El problema es que algunas de las argumentaciones de la OARCC impedirían también que Agbar pudiera hacerse con las riendas de

ATLL, según se explica en los recursos del Ejecutivo catalán.

En los recursos se invocaban los daños que se derivarían de la anulación del resultado del concurso por lo que respecta a la repercusión en las finanzas de la Generalitat y para el servicio de agua a los consumidores y para los trabajadores de ATLL.

Por su parte, el TSJC argumenta, con el voto particular en contra, que no se puede constatar que el mantenimiento de la decisión del OARCC comporte daños de suficiente entidad porque los perjuicios se limitarían al proceso de transición a un nuevo concesionario.

HIPÓTESIS / Plantea la hipótesis de que el servicio sea concedido a la segunda licitante (Agbar), y «si esta hipótesis no prospera, el servicio deberá ser objeto de nueva licitación». Añade que no se puede descartar una evolución negativa de la situación que comporte perjuicios, que pueden ser eventualmente desproporcionados. En todo caso, «esta posibilidad es por ahora hipotética e incierta», por lo que es insuficiente para fundamentar una medida cautelar contra la resolución del OARCC.

El organismo de la Generalitat al frente del que está Juan Antonio Gallo, que desató este embrollo jurídico, argumentó que la mesa de adjudicación dio cero puntos a Acciona en la oferta técnica. Eso debería haber anulado su propuesta, ante lo que el Govern explicó que las propuestas económicas primaron por encima de las técnicas.