Detenido el dueño de Petromiralles por un fraude a gran escala del IVA

Petromiralles, una de las principales empresas catalanas de distribución de hidrocarburos, está en el epicentro de una trama de empresas pantalla que, según fuentes de la Guardia Civil, había defraudado más de 100 millones de euros de la facturación del IVA en la compraventa de combustible, lo que le permitía reventar precios y hacer competencia desleal a otras distribuidoras. A primera hora de ayer, decenas de investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO), coordinados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, realizaron nueve registros en Catalunya y seis en Sevilla. En la redada fueron detenidas una veintena de personas, entre ellas el director general y dueño de Petromiralles, Josep Maria Torrens, que es además alcalde por CiU de Santa Maria de Miralles (Anoia).

Se acusa a los detenidos de pertenencia a organización criminal, delitos fiscal, maquinación parea alterar el precio de las cosas, falsedad documental y blanqueo de capitales. Los guardias realizaron registros en Barcelona, Girona, L'Hospitalet de Llobregat, Cervelló, Castelldefels y Santa Maria de Miralles, la pequeña localidad de apenas 130 habitantes donde tiene la sede la compañía. También se realizaron entradas en Sevilla, Málaga y Cádiz. El registro más importante se llevó a cabo a mediodía cuando en presencia de director general de Petromiralles, Josep Maria Torrens, los investigadores de la Guardia Civil realizaron el registro de la sede central y se llevaron documentación de un despacho de abogados de Barcelona.

DEPÓSITOS FISCALES / Fuentes cercanas a la investigación explicaron a este diario que la trama aplicaba «un mecanismo complejo» para defraudar el IVA. El proceso comenzaba cuando una de esas empresas pantalla, todas ellas creadas mediante testaferros y con muy corta vida, compraba una gran cantidad de combustible a un depósito fiscal, que es como se conocen los mayoristas de hidrocarburos por cuyo producto el comprador no tiene que pagar el IVA en el momento de la compra. El hidrocarburo, presuntamente, se vende de una empresa pantalla a otra hasta ser adquirido por Petromiralles, sin que en todo el proceso se cargase el IVA, en contra de la ley.

Fuentes de la investigación señalaron a este diario que todo ese montaje empresarial fue diseñado por los responsables de Petromiralles, que controlan todo el proceso, y que a veces vendían ese combustible a gasolineras de la competencia. De hecho, algunos de los detenidos han sido imputados por pertenencia a organización criminal, lo que supone que existía un reparto de funciones. El mecanismo permitió a la distribuidora catalana ahorrar cantidades millonarias en concepto de pago del tributo. La Guardia Civil sostiene que ese dinero permitía a la distribuidora bajar mucho los precios del combustible que vendía y ganar cada vez más cuota de mercado. Es por eso que los detenidos también están acusados de competencia desleal.

Los investigadores han detectado también que los responsables de la trama presuntamente transferían parte de esos beneficios obtenidos a cuentas en el extranjero, especialmente a Hong Kong y a paraísos fiscales. Los primeros indicios de esa actividad los detectó la Agencia Tributaria, al constatar un espectacular enriquecimiento de los implicados en un periodo muy corto de tiempo. La compañía se negó a hacer declaraciones y se remitió a un comunicado en que señaló que «desconoce los hechos y su alcance».

OCTAVA DISTRIBUIDORA EN ESPAÑA / Creada a partir del pequeño surtidor que el padre del actual director montó en Santa Maria de Miralles en 1967, Petromiralles ha crecido hasta ocupar el octavo puesto en la lista de distribuidores en España, con una cuota de mercado del 8%. Es una distribuidora independiente. En el 2011, comercializó 1.147 millones de litros de combustible en sus 62 estaciones de servicio (17 propias y 45 asociadas) en 15 comunidades autónomas. Una expansión espectacular teniendo en cuenta que hasta 1996 no tuvieron una gasolinera fuera de Santa Maria de Miralles.

El juzgado nombrará ahora un interventor judicial para garantizar los empleos de la firma.