Agbar denuncia a la Generalitat ante la Comisión Europea por ATLL

El conflicto por Aigües Ter Llobregat (ATLL), la mayor privatización llevada a cabo por la Generalitat hasta la fecha, se internacionaliza. Aigües de Barcelona (Agbar ) ha presentado ante la Secretaría General de la Comisión Europea una denuncia contra la Generalitat por "vulneración del derecho comunitario en materia de contratos públicos".

La empresa, que impugnó el concurso por el que Acciona se adjudicó la gestión de esta firma en el 2012, considera que el Ejecutivo catalán ha incurrido en el "incumplimiento sistemático" de "resoluciones judiciales que le obligan a excluir" a la ganadora de la licitación de la gestión de ATLL.

El escrito, presentado por el catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, tiene acuse de recibo a las 13.25 horas de este viernes y destaca que, después de dos años, la Generalitat "sigue incumpliendo de modo manifiesto y grave las directivas de recursos contractuales". Es por ello que Agbar, tras reclamarlo varias veces ante los tribunales, ha optado por recurrir ante las autoridades europeas para que inicien un procedimiento establecido en el artículo 258 del Tratado de la UE. Ese precepto faculta a la Comisión Europea a emitir un dictamen motivado si un estado miembro incumple los tratados. "La declaración de incumplimiento del derecho comunitario, con pocos precedentes, es lo peor que le puede pasar a un estado miembro. Por ello suelen corregirlo", explica Muñoz.

SENTENCIA Y MULTA

A su entender, la denuncia debe derivar en "un expediente de verificación" que puede culminar con sentencia en contra y sanción. El Reino de España es el que debe responder de todo ello, al ir dirigido a un ente de rango inferior a un estado, como una autonomía.

El OARCC, un organismo de la Generalitat para resolver conflictos sobre contratos públicos creado por mandado de la UE, avaló la impugnación del concurso en enero del 2013, a instancias de Agbar. Desde entonces, se mantiene una batalla judicial con seis autos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y tres sentencias del Tribunal Supremo que dejan en el aire el resultado de la licitación.

La Generalitat siempre ha defendido esperar a que los jueces fallen sobre el fondo del asunto. En todo caso, el conseller de Territori, Santi Vila, decidió convocar de nuevo a la mesa de contratación para decidir si repetir el concurso o qué hacer. Los primeros informes técnicos recibidos avalaban el resultado y, en todo caso, afirmaban que, dando por válidas las tesis del OARCC, ni Acciona ni la perdedora del concurso, Agbar, debían hacerse cargo de ATLL.