Agbar deja de pagar a Acciona el agua por la batalla judicial de ATLL

La Generalitat salvó in extremis las cuentas del 2012 con los 1.000 millones de euros que ingresó con la privatización de la compañía pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que abastece  de agua el área metropolitana de Barcelona y otras comarcas adyacentes con más de 4,5 millones de habitantes. El consorcio ganador fue el liderado por Acciona (familia Entrecanales) con un 39% y el banco de inversión brasileño BTG Pactual, con el mismo porcentaje. El perdedor fue el encabezado por Agbar (Suez Environnement), que recurrió la adjudicación en los tribunales.

Desde entonces, ambas empresas se han enfrascado en una guerra judicial de recursos cruzados que ha salpicado al Govern y que amenaza con dejar en el aire el mayor concurso de la historia realizado por la Generalitat. El último episodio de este conflicto se produjo el pasado 31 de octubre.

La sociedad mixta formada por Agbar y la Autoridad Metropolitana de Barcelona envió un burofax a Acciona notificándole que no pagará la última factura correspondiente al agua suministrada en el mes de agosto y que asciende a 9,9 millones de euros. Agbar es quien suministra el agua a los hogares, lo que se conoce como gestión del agua en baja. Pero compra el agua a ATLL, que es la encargada de la gestión del ciclo del agua en alta, es decir, la que se encarga de captar el agua de los ríos y potabilizarla.

En la comunicación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Agbar justifica la decisión de dejar de pagar porque «el contrato de gestión de suministro de agua en alta Ter-Llobregat se encuentra en fase de liquidación». Agbar considera en el comunicado que «ATLL en la actualidad no es titular del contrato de gestión de servicios públicos en régimen de concesión».

SENTENCIA DEL SUPREMO/ Esta afirmación, según Agbar, se deriva de la última sentencia del Tribunal Supremo, conocida el pasado 30 de octubre. El tribunal desestimó el recurso de casación que volvía a pedir la suspensión cautelar de la anulación de la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona. Así, el alto tribunal español mantiene la anulación del concurso, confirmada dos veces por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que hizo el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) al considerar que la oferta ganadora debía quedar excluida al no cumplir el programa de obras.

Posteriormente a la sentencia del Supremo, Agbar requirió a la Generalitat que anulara la concesión a través de escritos al president Artur Mas y a los consellers de Economia y de Territori, Andreu Mas-Colell y Santi Vila en los que exigía que se ejecutara «con carácter inmediato» la resolución del organismo de la Generalitat, OARCC -remodelado con posterioridad-, que invalidó la concesión en enero del 2013.

La Generalitat, por su parte, asegura que tomará un decisión sobre el contrato en cuanto conozcan el resultado del recurso que presentaron ante el Supremo. La idea es ganar tiempo y ver si los jueces dictaminan también sobre el fondo del asunto, ya que la sentencia del Supremo hace referencia a las medidas cautelares, pero no al fondo de la cuestión, que es si el concurso es válido o no, sobre lo que no se ha pronunciado la justicia. Sin embargo, Agbar no ha esperado a la decisión del Govern y ha decidido ejecutar por su cuenta la exclusión de Acciona de la gestión de ATLL cortando el pago de las facturas.

RESPUESTA DE ACCIONA/ Por su parte, Acciona ha respondido enviando una carta a la Generalitat en la que expresa «su absoluta y total disconformidad» con la estrategia de Agbar y recuerda que «las resoluciones cautelares son de contenido puramente negativo, limitándose a denegar una medida cautelar de suspensión; carecen de cualquier tipo de mandato que imponga a la Generalitat dar ejecución» a la exclusión de Acciona de la gestión de ATLL.

Para fundamentar sus razones, ATLL incluye las opiniones de tres catedráticos de Derecho Administrativo: Rafael Gómez-Ferrer Morant, Luis Martín Rebollo y Tomás Ramón Fernández. Entre las conclusiones de los expertos destaca la del primero, Gómez-Ferrer, que concluye que «las resoluciones judiciales denegatorias de la solicitud de suspensión cautelar no imponen en absoluto la ejecución inmediata de la resolución del OARCC», órgano unipersonal creado por obligación de la normativa europea.

RECLAMAR IMPAGOS / Acciona, como adjudicataria de la compañía de agua, ha pedido a la Generalitat que reclame los impagos en los que ha incurrido la sociedad mixta entre Agbar y Sorea por la vía del apremio, en previsión de que se trate de la primera factura sin cobrar, pero que habrá más en el futuro.

Con la privatización de ATLL el Govern se embolsó casi 300 millones de euros y redujo el déficit del 2012 en casi 1.000 millones, la suma del total del contrato de adjudicación.