regulación polémica en barcelona

«Se vende licencia de piso turístico por 90.000 euros en Ciutat Vella»

Una pareja de holandeses llega a una finca de la Rambla para alojarse en un apartamento turístico, el pasado viernes.

Una pareja de holandeses llega a una finca de la Rambla para alojarse en un apartamento turístico, el pasado viernes.

PATRICIA CASTÁN/ Barcelona

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Una licencia de apartamento turístico obtenida hace unos años por poco más de 200 euros cotiza ahora a entre 35.000 y 90.000 euros en Ciutat Vella. Solo se trata del permiso de actividad, sin contar con la vivienda. La megaburbuja desatada es simple fruto de la prohibición y la consiguiente especulación que se ha fraguado en la zona. El muro de contención en forma de normativa que levantó en octubre el Ayuntamiento de Barcelona contra la contagiosa proliferación del alojamiento turístico ha comportado unos efectos secundarios tan peligrosos como la infección -o saturación- original.

El plan de usos del distrito y su posterior modificación, en otoño, limitó la incorporación de nuevas camas al abarrotado territorio. Solo eran posibles en contadas zonas periféricas y en circunstancias excepcionales. Pero sí facilitó la reubicación de las existentes. Y es ahí donde, sin pretenderlo, ha convertido a los titulares de las licencias vigentes en potenciales especuladores por pura ley de la oferta y la demanda. La nueva bolsa de licencias que gestiona el Gremi d'Hotelers de Barcelona para facilitar el desarrollo del sector en la zona arroja precios de escándalo. Quienes tienen una licencia de apartamento turístico y la traspasan logran un negocio redondo. Según datos del gremio, hasta ahora se han hecho varias transacciones a 35.000, 50.000 y 55.000 euros. En estos momentos hay seis licencias turísticas disponibles por precios que van de los 50.000 a los 90.000 euros.

PENSIONES REVALORIZADAS / No son las únicas que cotizan alto. Para abrir un hotel en el distrito central de Barcelona existe la compleja fórmula de rehabilitar y resucitar un edificio catalogado, o bien de reubicar camas de un negocio que cierra a otro. De ese modo, los titulares de las añejas pensiones de toda la vida están realizando jugosas operaciones al vender su licencia de plazas (independientemente de que vendan también o no el inmueble que las alberga). Así, en la actualidad hay cuatro que venden sus licencias (un total de 47 plazas). El precio medio de la plaza está a 20.000 euros. Si un hotelero quiere repescar estas camas, deberá pagar tantas como desee, amén de los costes del inmueble que reforme o levante.

No es una práctica nueva, ya que la venta de licencias de bares musicales, restaurantes y discotecas siempre ha cotizado alto en las zonas donde estaban prohibidas las nuevas aperturas. Sin embargo, sí es un fenómeno reciente en el ámbito turístico. Baste recordar que a cinco metros de Ciutat Vella, en el Eixample (con 3.304), donde no hay restricciones como en el resto de zonas, cualquier interesado puede hacerse con una licencia de piso turístico por 227,28 euros y unos simples trámites en cada sede de distrito.

El apartado de los apartamentos turísticos es de los más jugosos por sus singularidades. El ayuntamiento ha dado seis años de plazo para que en el caso de Ciutat Vella, donde solo hay 617 autorizados, dejen de ubicarse aisladamente en comunidades de vecinos y se aglutinen en edificios verticales dedicados a este uso. Pero la concentración no es fácil. Es necesario que cada uno de los pisos destinados al viajero logre una licencia. Como no se conceden nuevas, estas han de venir del traslado de otras. Y es ahí cuando quienes las venden fijan precios estratosféricos, a sabiendas del negocio que se generará de forma segura en el cotizado distrito. En el caso de los pisos turísticos no importa el número de camas que tengan, la licencia es universal aunque provenga de una propiedad con una habitación o muchas más, al margen de sus metros.

FUTURO / El gremio lamenta la especulación «pura y dura» que ha provocado este sistema de control del alojamiento. El colectivo es partidario de los edificios completos para asegurar sus condiciones de seguridad y calidad de forma uniforme, aunque es consciente de que no se puede echar el candado al asunto en toda la ciudad (ya suman 7.076) porque vulneraría normas europeas sobre el libre mercado. En cambio, la patronal Apartur defiende que la filosofía original del apartamento es adentrarse en la realidad de una ciudad e «interactuar con la gente».

La duda ahora es si esta situación se extenderá al resto de la ciudad si el municipio impone restricciones en otros distritos. Ni la carta blanca parece viable, ni tampoco coartar al vecino que, legalmente, quiera sacar provecho al filón turístico.