Los vecinos de Glòries piden a Colau ejecutar el túnel entero y no por fases

No hay nadie que esté feliz con lo que está pasando estos días en Glòries. Ni los vecinos, ni los que pasan por ahí en coche, ni el gobierno de Ada Colau, ni la oposición, ni las empresas 'expulsadas', ni los operarios que se van al paro. Nadie. La plaza va camino de convertirse en una metáfora del despropósito urbanístico contemporáneo después de que el consistorio decidiera, el lunes, romper el contrato con las constructoras y convocar un nuevo concurso público. El proyecto quedará parado un mínimo de ocho meses. Los residentes creen que esta es la opción menos mala. Lo dicen después de medio año de espera desde que el consistorio admitiera que algo iba a pasar. Y vaya si ha pasado. Lo que quieren ahora es que se licite de golpe lo que queda de la fase 1 y toda la fase 2, el túnel hasta la rambla del Poblenou, cuya ejecución es una incógnita. 

El ambiente en la 'zona cero' es aparentemente el de siempre, con los trabajos concentrados en la ladera Besòs, con las pantallas y la galería bien visibles en la vertiente Llobregat, donde hay mucha menos actividad. Marta, dueña del cercano Bar Avenida, cuenta que los trabajadores que han venido a desayunar a las siete de la mañana de este martes traían "muy mala cara". "Es una vergüenza lo que van a hacer con estos chicos. También con el barrio, que ya está harto, pero no hay derecho que estos trabajadores se vayan al paro de un día al otro. Además, las empresas se marcharán y dejarán esto hecho una porquería, lleno de cucarachas y ratas". No es un tópico, es una realidad: obra abandonada (sobre todo si tiene agua), bichos asegurados. 

GOLPE DE TIMÓN

Miquel Catasús, vocal de la asociación de vecinos del Clot-Camp de l'Arpa, es menos visceral porque, cuenta, ha tenido seis meses para digerir la noticia. A finales del verano pasado, el gobierno municipal ya les informó de que las cosas requerían un golpe de timón porque los retrasos en la ejecución y el sobrecoste empezaban a ser insostenibles "Modificar o rescindir el contrato. No nos gustaba ninguna de las dos alternativas, pero tenemos la intuición de que nos hemos quedado con la menos mala".  

Básicamente, lo que piden al consistorio es que se aproveche la ocasión para licitar, al margen de lo que queda de túnel hasta Castillejos (el 60% ya está ejecutado), la galería prevista en la fase 2 del proyecto hasta la Rambla del Poblenou. "La propia auditoría -reza este líder vecinal- decía que la división por etapas era incorrecta, así que ahora tienen la oportunidad de corregir el error". También exigen al gobierno que avance en todo lo que no tenga que ver con el túnel: equipamientos, proyecto ejecutivo del parque de la Canòpia y vivienda social.

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Menos racionales se han mostrado un grupo de empleados de la unión temporal de empresas (formada por Copisa, Comsa, Rogasa y Benito Arnó e Hijos) que ha sido apartada del proyecto. Piden el anonimato y se quejan de que lo que saben es "gracias a la prensa", de que se van a la calle "por una decisión política". Dos de ellos, de casi 60 años, forman parte de un plan municipal de reinserción laboral y trabajan en la plaza desde el 2015. Son los que peor lo tienen, y lo saben. "¿Porque quién va a querer contratar a alguien como nosotros?". Uno de ellos tuvo que entregar el piso al banco y ahora vive de alquiler. La mujer no trabaja. "Tanto diálogo, tanta democracia que defiende la alcaldesa..., ¿para esto?". 

MÁS DE 100 EMPLEADOS

Otro compañero defiende la integridad de la obra. "Aquí se ha trabajado muy bien. Ten en cuenta que nos hemos tirado un año picando y demoliendo estructuras viejas que no estaban previstas en el proyecto ejecutivo. ¿Eso es culpa de las constructoras? Yo tengo claro que no. Ponlo ahí, que quede claro: hemos hecho un trabajo cojonudo". Un operario con galones teme por la seguridad de la obra una vez quede todo desierto de máquinas y trabajadores. "Esto puede ser un peligro, alguien se puede matar si se cuela donde no debe". El ayuntamiento, para evitar problemas, prevé destinar 23.000 euros mensuales a la vigilancia del perímetro vallado. Ángel Sánchez, el director de BIMSA, la empresa municipal que controla la obra pública, dijo el lunes que no está previsto que el nuevo contrato contenga una cláusula que mantenga los actuales puestos de trabajo, más de 100. 

Junto a los Encants, dos veteranas vecinas -Caridad y Montserrat- contemplan cómo la Urbana requisa la bici a un joven que hacía piruetas con el mobiliario urbano. Dicen que ya nada les sorprende. Que sí, que es una vergüenza lo que está pasando en Glòries. Les sabe mal "porque el dibujo del futuro parque" que vieron en los diarios "era muy bonito". Bromean con la posibilidad de que ya no lleguen a verlo. Quién sabe.