Trinitat Vella, ninguneada

Trinitat Vella está harta. Primero alzó la voz contra la venta de droga. De eso hace cerca de un año y medio, el tiempo que llevan saliendo semanalmente a la calle los vecinos pidiendo a la Administración que haga algo más efectivo que la instalación de cámaras, como ya hizo el ayuntamiento. Desde septiembre también gritan contra el cierre de las urgencias nocturnas del CAP de Via Barcino. Ahora, este barrio de Sant Andreu ha sumado otro agravio: la cada vez mayor okupación principalmente por parte de familias rumanas y pequeños traficantes de las antiguas casas de los funcionarios de la prisión y de los pisos del patronato municipal. Por ello, quieren trasladar sus protestas a la plaza de Sant Jaume. De momento, hoy, como cada jueves, se manifestarán en sus calles.

La nueva polémica que ha avivado entre los vecinos la sensación que tienen de estar ninguneados por la Administración tiene su epicentro en la calle de Pérez del Pulgar, detrás de la cárcel de la Trinitat, que ahora solo acoge a jóvenes en régimen abierto tras ser derribado una parte del edificio. Ahí siguen en pie algunas casas de los antiguos funcionarios judiciales que fueron desa-

lojados sin recibir indemnización, lo que provocó que algunos presentaran demandas ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que por ahora les ha dado la razón (aunque la Generalitat ha recurrido), lo que impide echarlas abajo. Unas viviendas que se han convertido en un foco de conflicto. Las que están situadas junto a la calle de Foradada están okupadas por familias rumanas de etnia gitana que los vecinos vinculan con la delincuencia en el metro; y las del otro extremo de Pérez del Pulgar, junto a la calle de Pare Manjón, acogen presumiblemente a pequeños traficantes de droga y otros delincuentes. Entre estos dos puntos, un gran solar tapiado, fruto del derribo de las otras viviendas, donde acuden yonquis a pincharse.

Así lo cuentan los que viven enfrente, en los bloques de pisos del patronato municipal, 174 viviendas que deberán ir también abajo cuando la cárcel se libere del todo de su función. Isabel Cañero, presidenta de la comunidad del que se conoce como el bloque 1, asegura con el conocimiento de causa que le dan los 39 años que lleva ahí que nunca ha visto tal degradación en la zona como cuando la prisión dejó de tener su uso y se fueron los funcionarios.

TEMOR / «Ahora es insostenible. Algunas vecinas mayores viven atemorizadas», aseguraba el martes. Y mientras lo contaba, a muy pocos metros, con la parsimonia del que no siente temor alguno, un joven cogía una papelina del tejadillo de una de las casas de los antiguos funcionarios, que, pese a estar algunas tapiadas, tienen inquilinos. «Se ríen en nuestras caras», apostillaba ella. «Ya teníamos problemas, pero la crisis ha hecho aumentar los robos en el barrio», añadía Marta Gutiérrez, otra vecina de las viviendas del patronato, unos pisos la mayoría de los cuales también están okupados por inquilinos conflictivos.

El presidente de los vecinos del barrio, Luis Quero, asegura que la asociación que preside intenta contener las cada vez más creciente ira del barrio y la canaliza a través de manifestaciones que quieren trasladar a la plaza de Sant Jaume. «Esto puede acabar mal porque muchos vecinos no pueden más», lamenta, y denuncia «el abandono y la desconsideración» que dicen sentir por parte de la Administración. «Somos la zona más marginada, la esquina de Barcelona», explica Quero, quien denuncia, a su vez, que los intrusos, además de reventar puertas, alquilan habitaciones a otras personas.

Durante una vuelta por el barrio, el martes, fueron varios los vecinos que coincidieron en transmitir a este diario la sensación de que la Administración les ha dejado a ellos el problema. «Aquí hubo prisa por echar a los funcionarios, pero ahora nadie tiene prisa por echar a los que han okupado las casas», explicaba como otros José Sánchez. Otros pedían más presencia policial, aunque es fácil ver patrullas en las calles. Lo que, por otra parte, no parece intimidar. Por eso, el portavoz vecinal reclama «calidad». «No queremos ni más cantidad ni más proximidad. Eso aquí no es garantía de nada. Queremos calidad para acabar con el tráfico de droga y la delincuencia, que se hace a la vista de todo el mundo», concluye.