Recurso judicial por los recortes en guarderías

Treinta y seis ayuntamientos catalanes -muchos de ellos del área metropolitana- han llevado a la Conselleria d'Ensenyament ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, para exigirle el pago de los 11,1 millones que, según sus cálculos, les adeuda la Administración autonómica desde el año 2011 para la financiación de las guarderías municipales.

En su recurso, los alcaldes afectados, todos del PSC e ICV, acusan también a la Generalitat de inactividad en el ejercicio de sus competencias, después de que la consejería que dirige Irene Rigau decidiera trasladar a las diputaciones provinciales la responsabilidad de estos pagos.

«Transferir ese compromiso económico a las diputaciones, en una decisión unilateral, no deja de ser una trampa: el dinero que administran las corporaciones provinciales es en definitiva dinero de los ayuntamientos», denunció ayer Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet. Pero el colmo, agregó Marín, es que «los presupuestos de la Generalitat para el 2015 no prevén destinar ni un solo euro a la red pública de parvularios municipales. Cero», clamó la alcaldesa socialista.

Pese a que tras las movilizaciones ciudadanas y protestas institucionales llevadas a cabo en los últimos meses, algunos ayuntamientos han empezado a cobrar parte del importe adeudado, los alcaldes anunciaron que mantendrán su demanda judicial. La medida se adopta a menos de cuatro meses para las elecciones municipales y el mismo día en que CiU y ERC rechazaron en el  pleno de Parlament una moción en la que el PSC pedía restituir en los presupuestos del 2015 la partida para subvencionar las guarderías.

SORPRESA / Fuentes de Ensenyament expresaron ayer su sorpresa por la denuncia y por que «los alcaldes consideren que el dinero de las diputaciones no es bueno, cuando, en su momento, sí consideraron bueno el dinero del Estado». La conselleria recordó, en este sentido, que el Ministerio de Educación dejó de financiar en el 2011 la etapa educativa de 0 a 3 años y afirmó que, desde entonces, «la Generalitat ha tratado de cubrir las ayudas con recursos propios mientras ha sido posible». En todo caso, agregaron las mismas fuentes, la deuda asciende, según sus estimaciones, a unos 8 millones de euros, de los que «dos están retenidos por la Sindicatura de Comptes».