La ley de protección de datos ha entorpecido la prevención de desahucios en Barcelona

La ley de protección de datos ha entorpecido la prevención de los desahucios de Barcelona. Esta es una de las principales conclusiones a la que han llegado este lunes la comisión de seguimiento del protocolo firmado en el 2013 entre la Generalitat, el ayuntamiento de la capital catalana y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Esta deficiencia se solucionará la próxima semana con la prevista aprobación en el Parlament de la ley de emergencia habitacional, que sustituirá a los artículos impugnados por el Tribunal Constitucional.

El objetivo de las tres administraciones es evitar desahucios de personas en situación de riesgo de exclusión social y consideradas vulnerables. Precisamente, la comisión de seguimiento ha acordado que debe ampliarse estos dos conceptos a, por ejemplo, familias numerosas y enfermos.

En la reunión que se ha celebrado este lunes en el Palacio de Justicia de Barcelona y en la que se ha analizado la situación han participado el 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos. La idea es mejorar la comunicación entre instituciones para evitar desahucios de personas en situación de riesgo. Barrientos ha asegurado que el protocolo ha funcionado bien, pero que se han producido algunas disfunciones. Por lo tanto, debe mejorarse. "Se debe actuar al inicio del proceso para evitar desahucios de familias en riesgo y vulnerables", han afirmado los miembros de la comisión.

Las tres instituciones que participan en la comisión (hay una a nivel autonómico que aún no se ha reunido este año) han constatado el "cambio de perfil" en los desahucios que se producen en Catalunya, con cada vez más derivados del impago de alquiler frente a los de las hipotecas.

MÁS ALQUILER QUE HIPOTECA

Colau ha explicado que han llegado básicamente a dos conclusiones: que el protocolo debe modificarse para atender a este "cambio de perfil" con cada vez más impagos de alquileres y también buscar la manera en que los servicios sociales puedan adelantar los diagnósticos de las personas vulnerables y atenderlas antes de que se produzca el desalojo.

"El protocolo está funcionando bien pero hay desajustes y es mejorable", ha valorado la alcaldesa sobre este protocolo, cuya comisión volverá a mantener otra reunión en enero con un perfil más técnico, una vez que la próxima semana el Parlament apruebe una ley sobre emergencia habitacional.

Barrientos ha lamentado los problemas con los que se encuentran los juzgados para comunicar a los servicios sociales las situaciones de vulnerabilidad debido a las dificultades legales para la cesión de los datos de carácter personal de estas víctimas: necesitan del consentimiento de ellos y esto tarda en producirse.

A LA ESPERA DE LA NUEVA LEY

Según el 'conseller' Carles Mundó, la nueva ley ayudará a que se pueda "superar el obstáculo de la protección de datos" para que los ayuntamientos puedan tener antes esta información y así sus servicios sociales puedan poner en marcha su sistema de ayudas y atención a estas personas. "Se han de evitar situaciones injustas", ha recalcado.

La alcaldesa de Barcelona también ha explicado que los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona este año han detectado casi el doble de casos de familias desahuciadas en situación de vulnerabilidad: un total de 2.191 de enero a noviembre del 2016 frente a los 1.100 del año anterior. 6.000 personas se han visto afectadas en el 2016 por desahucios, de los que el 35% son menores. En cinco días se han llegado a realizar 100 desahucios. "Tenemos que buscar la maneras de intervenir antes, de prevenir estas situaciones", ha dicho Colau.