DEBATE SOBRE UN SECTOR ECONÓMICO CLAVE

Camas fuera del centro y guerra a la ilegalidad

PATRICIA CASTÁN / BARCELONA

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Barcelona tiene echado el cerrojo a cualquier nueva licencia de alojamiento turístico durante un plazo de un año, mientras se replantea si el sector puede crecer y hacia dónde y cómo puede hacerlo. Un reto contra reloj que Ada Colau convirtió en pieza estratégica de su programa electoral y que ahora ha sacudido a la actividad económica más pujante de los últimos años, mientras ha calmado los ánimos de los vecinos más hartos de visitantes. Pero, ¿puede permitirse la capital catalana activar la pausa y hacer un desplante a los inversores? ¿Qué debe primar en el plan especial que el nuevo equipo de gobierno promete? Las cifras son aplastantes: en Ciutat Vella hay 201 camas de hotel o piso turístico legales (sin contar pensiones o albergues) por cada mil habitantes, mientras que en Nou Barris hay dos.

Algunos académicos vinculados al turismo (y no al negocio) aportan su grano de arena al debate con algunas conclusiones dominantes: el alojamiento solo es uno de los vértices del problema; Barcelona tiene que apostar por crear camas en los barrios más periféricos e incluso en el área metropolitana, y el ayuntamiento debe combatir urgentemente la oferta ilegal de plazas que ha detonado en buena medida el malestar popular, cada vez más contagioso.

Lo primero que cabe cuestionar es si la moratoria era la mejor vía. Las opiniones están tan divididas como entre empresarios y vecinos. Maria Abellanet -directora general del centro de formación internacional turística CETT, doctora cum laude por sus tesis sobre los estudios turísticos en la ciudad y medalla del Turismo 2014 de la Generalitat- lideró hace unos meses las reuniones del Pacto Local y Transversal sobre turismo. Como voz independiente entiende que el nuevo ayuntamiento se quiera dar un tiempo para reflexionar, pero cree que la medida «simplifica una problemática mucho más compleja».

RIESGO

 Para Jaume Font, especialista en Geografía Física de la Universitat de Barcelona, la decisión es «precipitada» atendiendo a las inversiones que había en marcha, puestas en un mismo saco. Y con la idea de que «el turista de hoteles no es conflictivo» y de que el número de plazas de Barcelona «no es alto en relación a su volumen y a su condición de ciudad turística». Desde la Universidad Ramon LLull (URL), el antropólogo y director del Observatorio de Turismo Responsable, de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi, Jordi Ficapal, ve legítimo «parar máquinas, pero sin menospreciar las consecuencias», sobre todo en la «marca y prestigio» de la ciudad. El investigador de la URV Albert Arias añade que el consistorio no podía seguir actuando sobre «pedazos» de territorio y anima a abrir el debate al ámbito metropolitano. Más rotundo es el economista y profesor de Turismo de la URV Antonio Paolo Russo al aplaudir la congelación y poner otra lupa sobre las plataformas que facilitan el alquiler de pisos turísticos.

ESPONJAR

La mayoría de las voces consultadas coinciden en que el siguiente paso de la ciudad ha de ser la descentralización, pero no los meros intentos municipales de crear rutas culturales por los barrios, sino atrayendo al viajero con camas, repartiendo su peso físico y los beneficios que genere. ¿Por qué Barcelona ha hecho una hiperconcentración tan exagerada del alojamiento en dos distritos? En el Eixample hay al menos 141 camas de pisos por días u hoteles por cada mil habitantes, aunque por su tamaño el impacto es menor y especialmente concentrado en la franja central. Les Corts es tercera, pero sin una concentración lesiva.

Según Font, el territorio de Barcelona, por dimensión, y su «calidad urbana» permitirían la redistribución. Los viajeros están acostumbrados a hacer 10 paradas de metro para ir a dormir si eso además supone un ahorro. Óscar Casanovas, especialista en derecho y política turística del CETT, enfatiza que los iconos son inamovibles, pero ampliar las zonas de alojamiento sacaría presión a Ciutat Vella. Tanto de hoteles -que «no deben tener el monopolio»-, como de pisos turísticos. La clave, además, es «no doblar intensidades», apunta Albert Arias, ya que si una zona ya tiene un uso que roza la saturación por su atractivo icónico o histórico, no debería soportar también el peso de la pernoctación masiva. Por eso defiende que el nuevo plan especial frene más plazas en barrios centrales y en núcleos históricos de cualquier distrito. Abellanet agrega que es una oportunidad para «diferenciar» el alojamiento apostando por edificios singulares en desuso en cualquier zona. Incluso, muy puntualmente, en el centro «si añade valor».

El candado debe ser más radical para Russo, partidario de restringir la normativa urbanística y afrontar medidas valientes sobre la reducción de accesibilidad al centro o la promoción de ciudad para que el turista no haga prácticas dañinas. Abellanet apunta que de hecho el territorio «afectado es bajo», pero urge corregir las proporciones y «planificar el crecimiento». Un incremento vegetativo que también Ficapal sitúa en la periferia, como alternativa. Y que Font afirma que debe pasar por incentivar al hotelero a descentralizar, hacia la montaña o el interior. Y con el proyecto de la torre Agbar como ejemplo viable, aboga.

Pero llevar camas a Sant Andreu, Nou Barris u Horta... o los municipios vecinos no es un remedio solitario. Los entrevistados coinciden en que no hay ordenación que valga sin disparar contra la oferta ilegal de pisos turísticos, como enfatiza la directora del CETT. Un tema sobre el que Arias aprecia «falta de voluntad política» e incluso reclama revisar las condiciones de los legales, un lucrativo negocio que deberían cumplir más condiciones y «revisables» en el tiempo, en lo que coincide Russo. Todos reclaman control.

Y casi todos hacen un llamamiento a la calma y el diálogo. Asumen que hay conflicto, pero «problemas magnificados» dice Casanovas, y quejas «focalizadas», matiza Arias. Ficapal habla de «pánico moral», cuando -asumiendo los males-, «los impactos alarmistas generan una corriente que sobrepasa al conflicto real», hasta llevarlo al tercer problema percibido por los barceloneses en la última encuesta municipal. Sin olvidar, dicen, que muchos ciudadanos decidieron sumarse al tentador negocio turístico.

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