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ORGANISMO CLAVE

El Gobierno pone en marcha la renovación de un Consejo Nuclear hoy copado por el PP

Los plazos para tramitar el cambio de consejeros antes de las elecciones son ajustados pero factibles

El Ejecutivo propone a tres miembros designados por el PSOE y uno por Podemos, ante el bloqueo de la negociación con PP y Cs

Manuel Vilaseró

El Gobierno ha puesto este viernes en marcha la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) prácticamente sobre la campana, con los plazos muy ajustados para poder llevarla acabo antes de las elecciones. El Consejo de Ministros ha aprobado una lista de cuatro canditatos que han sido consensuados sólo con Podemos ante el rechazo del PP y Ciudadanos, que mantenían bloqueada la negociación desde hace semanas. Si, como es previsible, el Congreso rechaza la lista (se necesita un apoyo de 3/5 de los diputados) o simplemente no responde en un mes, el Ejecutivo podrá aprobarla directamente por decreto. 

La decisión tiene mucha trascendencia. Si los nombres salen adelante serán las personas que deberán tomar decisiones claves en materia de seguridad en la etapa en se decidirá si las nucleares cierran a los 40 años de su vida útil, ésta se prolonga unos años más (entre el 2025-35), como ha pactado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con las eléctricas o se va a los 60 años, como propugnan el ‘lobi nuclear’ y el PP. El mandato de los consejeros dura seis años, dos más que una legislatura completa.

Tres del Pa, uno de Podemos

Los nombres que propone el Ejecutivo son tres en representación del PSOE: Pilar Lucio, la portavoz socialista de Energía en el Congreso de los Diputados; Elvira Romera Gutiérrez, catedrática de Física de la Universidad de Granada y actual directora del Instituto Universitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional; y el catalán Josep Mª Serena i Sender,  que preside la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya. El puesto reservado a Podemos corresponde a  Francisco Castejón, físico del CSIC y dirigente de Ecologistas en Acción.

De no renovarse, el CSN entraría una situación totalmente precaria a partir del próximo día 20. En esa fecha concluye el mandato de la consejera Rosario Velasco, propuesta por el PSOE, pero que siempre ha votado alineada con los consejeros del PP. También acaba el de Fernando Castelló, propuesto por este último. Ambos podrían seguir pero en situación de interinidad.

El único consejero socialista alineado con la política nuclear del actual Ejecutivo, Jorge Fabra, abandonó su puesto al cumplir el 2 de febrero la edad reglamentaria, 70 años.

La situación del presidente del Consejo, Fernando Martí,  también es precaria. Su mandato expiró el pasado 28 de diciembre y ejerce su cargo de modo interino. Pese a haber sido secretario de Estado de Energía de uno de los gobiernos de Rajoy,fue reprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios tras ocultar unos informes técnicos sobre la construcción del Almacén Nuclear Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El precedente

El único consejero que quedará el próximo día 20 en plenitud de funciones será el tercero nombrado por el PP, Javier Dies Llovera. Su designación fue muy polémica porque nunca ningún partido había detentado la mayoría en el Consejo. Sustituía al nombrado a propuesta de la antigua CiU. El Congreso rechazó su nombre y el PP echó mano de la misma facultad de nombrarlo por decreto de la que tirará probablmente el Ejecutivo.

Las actuales negociaciones con el PP, comandadas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se bloquearon desde que el partido de Casado vetó al consejero propuesto por Podemos. La ministra no ha querido forzar otra propuesta de Podemos porque estima que el veto es solo una excusa para frenar la renovación, dado las ventajas que le otorga su composición actual. Tres consejeros conservadores y uno socialista que vota ellos. No se puede pedir más.    

Reclamación de Greenpeace

Greenpeace reclamó recientemente al Gobierno la "urgente" renovación por motivos "democráticos, legales y de garantía institucional". La onegé recordó que el presidente del Consejo no solo está reprobado sino que "el Congreso pidió su cese al Ejecutivo".