CONTROVERSIA MEDIOAMBIENTAL

El Supremo sitúa el Algarrobico a un paso de la demolición

El alto tribunal declara no urbanizable el terreno del hotel tras una maraña judicial de 20 años

La Junta de Andalucía pretende contactar de inmediato con el Gobierno para iniciar los trámites de derribo

El hotel inacabado del Algarrobico, en la playa almeriense de Carboneras, con una pancarta que llama a su demolición, en el 2012.

El hotel inacabado del Algarrobico, en la playa almeriense de Carboneras, con una pancarta que llama a su demolición, en el 2012. / ARCHIVO / EFE

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JULIA CAMACHO / SEVILLA

Una década después de que se paralizaran las obras del hotel Algarrobico, convertido en símbolo de la destrucción de la costa, el Tribunal Supremo inició ayer la resolución del conflicto al determinar que el suelo donde se levanta en pleno parque natural del Cabo de Gata y a 14 metros del mar es “no urbanizable”. Y que además esos terrenos pertenecen a la Junta de Andalucía, que anunció ayer su intención de contactar “de inmediato” con el Ejecutivo central para iniciar cuanto antes los trámites para proceder a su demolición.

El fallo del Supremo deja claro, como subrayaron ayer las asociaciones ecologistas, “que el hotel ya no tiene salvación”, una decisión que lamentó el alcalde de Carboneras por el impacto económico y en el empleo que el hotel proyectaba. En la misma línea victoriosa se mostró el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, al asegurar que ayer “sí comenzó la cuenta atrás para la demolición del hotel y la restauración de esta zona del Cabo de Gata”.

TITUBEOS

Casi dos décadas de conflicto

La obra queda paralizada al 80% en el 2006, tras una denuncia de los ecologistas. Desde entonces se han sucedido una veintena de sentencias, la mayoría de ellas en contra de la construcción del hotel. Pero los recursos de la promotora impedían en la práctica iniciar cualquier derribo al dilatar la batalla judicial, que en el 2014 sufrió un duro varapalo al estimarse el suelo como urbanizable y darse validez legal a la licencia de obras.

La alegría viene porque después de unos años de posturas titubeantes por parte de la Junta de Andalucía (no en vano fue la que cambió por sorpresa en 1997 la calificación del terreno para poder edificarlo), cuando por fin decidió que el hotel no tenía sentido en el parque natural, la burocracia judicial ralentizó cualquier actuación. Ahora, dijo, “por fin tenemos herramientas para trabajar en la definitiva demolición de este símbolo de otros tiempos y devolver a su estado original la playa del Algarrobico”, insistió.

La herramienta es la sentencia que pone orden al galimatías jurídico en que se convirtió el Algarrobico. En el fallo divulgado ayer, el Supremo estima que el hotel se levanta en “un área ambientalmente protegida” anulando así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en marzo del 2014 falló a favor de la promotora, Azata, y que consideró que el suelo era urbanizable. La sentencia reprende severamente a dichos jueces, recordando que en el 2012 el mismo TSJA ya cerró esa puerta al dictaminar que el suelo era no urbanizable, y por tanto no correspondía volver a pronunciarse sobre el mismo asunto.

PROPIETARIA DEL TERRENO

Asimismo, el fallo establece que la Junta es la propietaria del terreno, no así del edificio. Este puede ser uno de los escollos a la hora de poner en marcha el acuerdo entre los gobiernos central y regional para devolver el paraje a su estado original, ya que habrá que determinar cómo se procede con el inmueble. 

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El abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, planteó ayer varias posibilidades: que la Junta haga valer su titularidad del suelo para exigir a la promotora que derribe el edificio sin coste alguno por ser un edificio ilegal (al levantarse en suelo no urbanizable), una vía que requería un nuevo pleito, o bien que acuerde un precio de compra del inmueble para proceder a su demolición, lo que permitiría meter las máquinas incluso en primavera. 

La promotora, por su parte, tiene planteado además un recurso contra el ayuntamiento, Junta y Gobierno central porque ninguna puso pegas a la concesión de la licencia de obras, que los tribunales ya validaron anteriormente. Reclama 70 millones de euros.