Condenan al Ayuntamiento de Mataró a indemnizar con cerca de un millón de euros a una residencia que quebró

Un juez de Barcelona ha condenado al Ayuntamiento de Mataró a indemnizar con cerca de un millón de euros a la Fundació Mare Nostra, gestora de una residencia de ancianos que quebró en 2018, por permitir que realizara unas obras de ampliación que fueron posteriormente anuladas por la Justicia.

En su sentencia, que es firme, el juzgado contencioso administrativo número 5 de Barcelona condena al consistorio a pagar 976.220,72 euros a la fundación, encargada de la gestión de la residencia, ubicada en el número 8 la calle de la Esplanada de Mataró entre 1981 y 2018 y cuyos ruidos generaron varios conflictos vecinales.

Así, el consistorio deberá hacerse cargo de la indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial tras haber otorgado en 2010 una licencia a la Fundació Mare Nostra, con el aval de la Generalitat, para que tirara adelante el proyecto de ampliación del centro.

Sin embargo, en 2013 la licencia fue anulada por un juzgado a raíz de la denuncia presentada por la comunidad de vecinos del edificio, que se quejaba de ruidos y otras molestias, una decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en 2016. Dos años más tarde, el propio TSJC ordenó el cierre de toda actividad que no se ajustara a la licencia que la residencia tenía antes de la ampliación, lo que llevó a la quiebra del centro, que cerró sus puertas por falta de viabilidad económica.

El juez acepta el peritaje del Ayuntamiento

Por otro lado, el juez de Barcelona ha aceptado el peritaje presentado por el Ayuntamiento de Mataró en relación con los gastos del proyecto y el coste de las obras, lo que ha reducido el valor de la indemnización que reclamaba la fundación, de más de 6 millones.

Pese a estar reconocida por la Generalitat, la Fundació Mare Nostra desarrolló su actividad sin licencia hasta 2009 y, durante ese tiempo, mantuvo diferentes conversaciones y negociaciones con el consistorio para tratar de regularizar su situación.

De hecho, en 1997 el Ayuntamiento acordó la cesión de unos terrenos municipales para trasladar las instalaciones, lo que nunca llegó a producirse.

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