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OCHO AÑOS DESPUÉS

A juicio la antigua cúpula de Plataforma per Catalunya por el polémico folleto de la campaña de 2011

Josep Anglada y doce ex dirigentes, entre las cuales la mataronesa Mónica Lora, están acusados de supuesta discriminación y provocación al odio

ACN / J.S.

El falso cheque a nombre de un hipotético Mohamed Alcabir Samir, con un importe de 4.000 euros, que estaba integrado dentro de la propaganda electoral distribuida por Plataforma per Catalunya en varias ciudades catalanas en la campaña de las municipales de 2011.  / TWITTER

El falso cheque a nombre de un hipotético Mohamed Alcabir Samir, con un importe de 4.000 euros, que estaba integrado dentro de la propaganda electoral distribuida por Plataforma per Catalunya en varias ciudades catalanas en la campaña de las municipales de 2011. 
Mónica Lora, ex concejala de Plataforma per Catalunya en Mataró entre 2011 y 2019, junto al secretario general de Vox, Javier Ortega, en un acto a favor de la Constitución en diciembre de 2018.

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¿Recuerdan el cheque –simulado- a nombre de un tal “Mohamed Alcabir Samir” con un importe de 4.000 euros, en el reverso del cual se decía que el Parlament había repartido 4.000 millones de euros entre los inmigrantes en 2009 y 2010, y que cada catalán destinaba 600 euros de sus impuestos para que cada inmigrante recibiera 4.000 euros?

Era en realidad, parte de la propaganda electoral que Plataforma per Catalunya (PxC)  envió a los electores de muchas ciudades catalanes en las municipales de 2011, y fue un elemento propagandístico de primera magnitud: los analistas aseguran que PxC obtuvo representación en las ciudades, por ejemplo Mataró –con tres ediles-, donde se había enviado ese folleto.

En su día, causó un gran revuelo y entidades como el colectivo de abogados laboralistas Col·lectiu Ronda de Mataró denunciaron su difusión. En aquel momento también lo denunciaron Iniciativa per Catalunya y la entidad Jama Kafo de Mataró. 

Ahora, ocho años después de aquella acción publicitaria y justo cuando Vox ha revalidado los resultados –un poco más de cinco mil votos, en el caso de Mataró- que PxC obtuvo en aquella ocasión, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Reus ha dictado la apertura de juicio oral contra Josep Anglada y doce ex dirigentes más del extinto partido, entre los cuales Mónica Lora -la ex líder de PxC en Mataró-, por el supuesto delito de discriminación y provocación al odio.

La vista se celebrará en Reus

La vista se hará en los próximos meses los juzgados penales de la capital del Baix Camp, dado que es en esta ciudad donde la asociación musulmana Watani presentó la denuncia. El Código Penal prevé penas de entre uno y tres años de cárcel y una multa de seis a doce meses para este delito.  

En su escrito de acusación, el abogado de la asociación denunciante, Hilal Tarkou, pide la pena máxima de tres años de prisión y doce meses de multa. También reclama el pago de un euro de indemnización por cada voto que el partido obtuvo en aquellos comicios, por lo que el juez también ha abierto pieza separada de responsabilidad pecuniaria.  

Mónica Lora, que bajo la bandera ya de Vox no supo revalidar el acta de concejala en mayo pasado, es actualmente secretaria general de esta formación en la provincia de Barcelona e iba de número 4 en la lista del 10N por esta provincia.

La asociación de Reus Watani denunció los hechos

En 2013 el magistrado Diego Álvarez de Juan ya citó a declarar como imputado por estos hechos el cabeza de lista de PxC por Reus a las municipales, Albert Tafalla, a raíz de una denuncia de la asociación Watani. El 4 de diciembre de 2013 el candidato local declaró en los juzgados que la campaña estaba dirigida por la cúpula del partido y se escudó en la libertad de expresión. Tafalla compareció acompañado de varios miembros del partido encabezados por su presidente, Josep Anglada, el cual denunció que eran objeto de una "caza de brujas" y aseguró que ninguna asociación islámica prohibiría que los integrantes de su entonces partido “defendemos que primero son los de casa".

Entonces, la fiscalía y la defensa solicitaron el sobreseimiento del caso. El Ministerio Fiscal consideró "reprobable" el contenido del programa de PxC, pero argumentó que no se podía comprobar cuál había sido el grado de incidencia que aquellas manifestaciones habían tenido en el electorado ni si se había producido algún incidente en proceso electoral derivado de las mismas.

Finalmente, el juez atendió las demandas de la asociación local Watani, liderada por el abogado Hilal Tarkou, y acordó mantener la imputación de Tafalla y dirigir el proceso contra la cúpula del partido, que declaró en los juzgados hace tres años.

En julio del 2016, el ex presidente de Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, se sacudió la responsabilidad en relación a la difusión de la propaganda racista. 

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