Ética política
Mataró se queda sin Código de Conducta y Buen Gobierno
CiU, ERC, CUP y VoleMataró afirman que 'sin dignidad' no hay ética y piden al gobierno municipal un firme posicionamiento contra los ataques a la democracia
El pleno municipal de Mataró, debido a la oposición de todos los grupos independentistas más VoleMataró, finalmente no aprobó ayer jueves el Código de Conducta y Buen Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad y del sector público local como estaba previsto. El tema fue retirado del orden del día de la sesión por falta de consenso, aunque el documento había sido aprobado por unanimidad en la Junta de Portavoces del pasado 9 de abril.
Se trata de un documento que define los valores éticos y principios de buen gobierno que deben guiar y fomentar las buenas prácticas y buenas conductas de los actores políticos y directivos, tiene como objetivo hacer del Ayuntamiento de Mataró una organización preocupada y preparada para dar respuesta a los dilemas éticos derivados del ejercicio del poder y el correcto cumplimiento de las responsabilidades públicas.
Los grupos municipales de CiU, ERC-MES-AM, la CUP y VoleMataró se negaron a votar a favor de este Código de Conducta. En una rueda de prensa conjunta, celebrada el miércoles justo después de la detención de miembros de los CDR, aseguraron que "sin dignidad no hay ética". Y explicaron que se trata de un documento lleno de intenciones y promovido por unas formaciones que no cumplen las conductas que el documento establece. E insistieron en pedir diálogo, reacción ética y debate político al gobierno municipal y que se posicione contundentemente ante lo que consideran un ataque a la ética democrática.
Por su parte, la CUP recordó que no participará en ninguna votación que represente la normalización de la represión que, según ellos, ejerce España en contra del pueblo catalán. Y, por lo tanto, no apoyará ninguna iniciativa conjunta con los partidos que en el ámbito local justifiquen lo que consideran el estado de excepción.
Votos a favor
Sí estaban de acuerdo con este Código de Conducta y Buen Gobierno el PSC-CP, C’s, PP, PxC y ICV-EUiA. Este documento, por ejemplo, determina que hay que ejercer las funciones encomendadas con objetividad y veracidad. Al inicio del mandato y / o del nombramiento, se deberá formular una declaración de bienes y derechos patrimoniales y de las actividades que se desarrollan en ese momento. Los cargos electos deben respetar la voluntad de la ciudadanía y actuar con lealtad política, y comprometerse a asumir el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales.
El documento apunta como valores éticos a seguir conceptos como: la representación, la integridad, la ejemplaridad, la honestidad y el desinterés subjetivo, el respeto e la igualdad de trato, la objetividad, la imparcialidad, la independencia y la neutralidad, la lealtad y el sentido institucional. Y como principios de Buen Gobierno cita a la transparencia, la participación, la innovación, la eficiencia y el control del gasto, la modernización y la mejora continua, la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Comisión de Ética
Además, para controlar su aplicación, el Ayuntamiento había anunciado que crearía una Comisión de Ética que sería el órgano de garantía para promover la difusión, interiorización y cumplimiento de los valores, principios y normas de conducta; y que también recibiría las consultas, problemas, dilemas y cuestiones éticas, y procedería a darles respuesta a través de propuestas, recomendaciones o informes, según los casos. Y, en caso de que lo considere conveniente, la Comisión de Ética podría elevar una consulta o cuestión a la Comisión Asesora de Ética Local de la Federación de Municipios de Catalunya.
La comisión estaría integrada por cinco miembros (1 representante político elegido por el Pleno y que asumirá la presidencia; 1 directivo municipal o de empresas públicas, el Defensor del Ciudadano; y 2 personas externas, expertos de reconocido prestigio que deberían ser nombrados por el Pleno). Tendría una vida ligada al mandato y, en el caso de los representantes políticos, se renovarán cada 2 años.
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