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La vida silenciada de las mujeres cultivadoras de coca

La vida silenciada de las mujeres cultivadoras de coca

No son narcotraficantes. Son campesinas, pobres y víctimas de una gran violencia, que luchan por sobrevivir en Colombia, el mayor país productor del mundo

Javier Sulé / Milo del Castillo

El narcotráfico es todo un mundo. Según el último informe mundial sobre drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hay algo más de 18 millones de personas que consumen cocaína en el planeta, mayoritariamente en EEUU y Europa.  En Colombia, el mayor productor, entre 130.000 y 180.000 familias cultivan la hoja de coca. Y consumidores y productores enlazados por todo un ecosistema de intermediarios, crimen organizado y blanqueo de capitales que mueve millones de dólares. 

Mucho se ha escrito del narcotráfico y la guerra contra las drogas en Colombia, pero la historia de las mujeres que se dedican a cultivar coca apenas empieza a ser contada. Es el caso de este reportaje, que forma parte del proyecto 'Cocaleras' de la Associació Catalana per la Pau, que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2018, impulsada con financiación de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al desarrollo. 

Antonia Payán puede ganar, dependiendo de la cantidad de hoja que recoja, unos 40 o 50.000 pesos diarios, entre 11 y 13 euros. / JAVIER SULÉ

Cerca del 46% de la población cocalera colombiana es femenina. Y de estas mujeres, el 29% están al frente de su hogar. No son narcotraficantes. Son mujeres campesinas que trabajan de sol a sol y han sufrido todas las consecuencias de estar vinculadas a una economía criminalizada y estigmatizada. Cristina Meza es una de ellas. Madre soltera de 3 hijos, tiene 36 años, es afrodescendiente y ha sostenido a su familia sola, en un lugar rodeado de violencia y de carencias. "Las personas que cultivamos coca no somos personas malas ni la sembramos por hacerle daño a nadie. La siembro porque de ella veo un sustento mejor para mis hijos", dice desde su plantación cocalera,  a tres horas de Tumaco ciudad,  en la región de Nariño.  

Población indígena y negra

Tumaco es un municipio de 200.000 habitantes, a orillas del Pacífico, fronterizo con Ecuador. Tiene infinidad de ríos navegables y selvas impenetrables. Su población nativa es indígena y mayoritariamente negra. Hace  30 años, la vida aquí era tranquila y sencilla. Se vivía de la pesca, de recoger conchas o del cacao. Hoy es el lugar con más cultivos de coca del mundo, casi 20.000 hectáreas, según la UNODC. La coca arraigó con la llegada de campesinos de otras regiones, desplazados por las fumigaciones aéreas del 'Plan Colombia'. Tras la coca llegó la guerrilla de las FARC y los paramilitares a disputarse el control. Y con la coca, las FARC y los paramilitares llegó también la guerra.

En Colombia, 
casi el 46% 
de los cocaleros 
son mujeres.
Y, de ellas, el
29%, cabezas
de familia

Una parte de la población local, con altos índices de desempleo y de necesidades básicas insatisfechas, sucumbió a la tentación del narcotráfico y sembró también. Esther Enríquez lo hizo. Ella es una valerosa campesina afrodescendiente que se levanta todos los días a las cinco de la mañana, hace el desayuno de sus hijos, lava la ropa y deja la casa organizada antes de irse al monte a trabajar en sus parcelas de palma de aceite, plátano y cacao. Apenas tiene unas pocas matas de coca. Dice que nunca le gustó sembrarla aunque la cultivó por un tiempo. "Todavía tengo un poco, porque si no fuera por la coca me tocaría pedir caridad. El plátano y el cacao lo están pagando muy mal", señala. 

Esther vive en un caserío llamado 'El Coco', a orillas de un bonito río de nombre Rosario. Para ir hay que pedir autorización al grupo armado que controla la zona. Organizaciones como Médicos sin Fronteras Cruz Roja llevan tiempo sin poder entrar. Más de 80 personas tuvieron que desplazarse hace poco por un enfrentamiento entre dos actores armados rivales. No es difícil verlos de civil con su fusil al hombro. Esther rehúye hablar de la presencia armada. Hay temor. "La violencia –se queda pensativa– quizá haya aumentado. Yo vivo aquí pero hay cosas de las que es mejor no opinar, de esa parte prefiero no hablar". 

Cristina Meza trabaja desde hace 15 años "raspando" coca en la convulsa zona del Alto Mira, en el muncipio de Tumaco. /JAVIER SULÉ

Una nueva guerra 

Tras el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC del 2016, los frentes guerrilleros que operaban en la zona de Tumaco se desmovilizaron y dejaron las armas, pero el problema con los cultivos ilícitos prosiguió. En Tumaco hoy hay al menos cuatro nuevos grupos armados que controlan el narcotráfico y que coparon el espacio dejado por la insurgencia, incluidos las propias disidencias de la guerrilla. Sin apenas respiro, Tumaco había salido de una guerra que le dejó más de 68.000 víctimas y entró en otra. Camilo Romero, gobernador de la región de Nariño a la que pertenece Tumaco, está indignado. "La paz nunca se asomó por aquí. Lo que vino fue el recrudecimiento del conflicto. El gobierno del expresidente Santos tenía muy bien estructurada la negociación de la paz pero no su implementación. El Estado no apareció hasta un año después de la firma del acuerdo y lo hizo enviando 10.000 militares. A qué llegan esos hombres, pues a una nueva guerra. No es otra la respuesta. Y lo que esperábamos era la presencia integral del Estado a brindar lo que nunca brindó a estas tierras, que es garantía de derechos y vitalidad democrática", apunta el dirigente político. 

Un conflicto local, un problema global

"El problema no son las drogas ni el consumo. Es la persecución al consumo y la guerra contra las drogas porque son mucho más los daños que causan que sus resultados", dice Piedad Caicedo, de la Corporación Humanas. Y es que las políticas contra las drogas en el mundo son cada vez más cuestionadas y han surgido nuevos enfoques y miradas que por ejemplo hablan no solo de legalizarla, sino de experimentar modelos de regularización o de investigar más a fondo la utilización de la coca para uso medicinal. La coca no es solo un problema de Colombia. "Es un problema de todos, de los países que generan los recursos químicos para procesar la coca, de los países donde se lavan los dólares y de los países consumidores", afirma Emilio Archila. 

Para Naciones Unidas, los consumidores han de ser más conscientes de las consecuencias que su comportamiento tiene para las comunidades de los países productores. Según Isabel Pereira, de la ONG colombiana Dejusticia, el mejor camino es la transformación de los territorios  cocaleros.
 

A causa de la violencia continua y en la llamada guerra contra la coca, las vidas y los cuerpos de las mujeres son las que llevan la peor parte. Anny Castillo conoce bien toda esa realidad como personera de Tumaco, un cargo institucional que promueve la defensa de los derechos humanos. "En el municipio, el 60% de las víctimas por el conflicto armado son mujeres. Ahora, en todo este círculo que gira alrededor del narcotráfico, los grupos ilegales ejercen la violencia sexual a efectos de intimidar, y mostrar poder o como mecanismo de sanción para demostrar que son ellos los que tienen el control del territorio, y dentro del territorio el control de las mujeres", explica. 

Una mujer cocalera muestra sus manos protegidas con retazos de tela para no cortarse los dedos cuando recolecta hoja de coca. /JAVIER SULÉ

No ha sido la coca la que más daño ha hecho a las comunidades, sino la guerra contra ella. Las mujeres cocaleras y sus familias están expuestas permanentemente a que su fuente de sustento sea erradicado a la fuerza por el Ejército. Lo saben bien en la pequeña aldea de El Vallenato, a tres horas de Tumaco ciudad, remontando el río Mira. Hace unos días lucía allí el verde intenso de los cocales. Hoy el paisaje es otro, como si fuera tierra quemada y millares de matas de coca yacen cortadas de raíz en el suelo. El Ejército las acababa de arrasar. Durante más de 20 años, el Gobierno colombiano se centró en destruir las matas de coca a través de la militarización de los territorios, la fumigación aérea y la erradicación forzada. Su meta este año es destruir 50.000 hectáreas de cultivos.  

Mestiza y madre soltera

Los informes de la UNDOC han evidenciado que la erradicación y la fumigación no son efectivas a largo plazo, que lo único que hacen es golpear a los eslabones más vulnerables de la cadena y que la gente vuelve a sembrar como hará Antonia Payán en El Vallenato. "Es lo único que nos da para sobrevivir y además para dónde voy a ir", se lamenta con firmeza. Payán es una mujer mestiza y madre soltera que trabaja sin descanso recolectando hoja de coca. Tiene también su propio cultivo de una hectárea. Gana unos 11 euros diarios cosechando y unos 405 euros por los 700 kilos de hoja que produce su cultivo cada tres meses. "De ahí hay que descontar los abonos, los químicos para fumigar, el pago a los trabajadores y su alimentación. Es muy poquito lo que queda. Volvemos ricos a los de afuera", explica Antonia.

La hoja tiene la
venta asegurada.
Da de cuatro a 
seis cosechas al
año y sirve de
aval en las tiendas

La coca, además tiene el mercado asegurado, un margen de ganancia mayor que otros productos, da de cuatro a seis cosechas al año y sirve como aval para que te fíen en las tiendas. En cualquier caso, la primera línea de producción de un negocio que mueve millones de dólares en el mundo vive en la pobreza.

Como si fuera un ritual, Laura Puente se protege los dedos con retazos de tela para evitar cortarse las manos cada vez que sale a trabajar. Lo hacen casi todas las 'raspachinas', como aquí se conoce a las personas que recolectan la hoja de coca. Ella lo es desde que llegó sola a sus 14 años a Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, en el extremo norte de Colombia y el segundo lugar con más coca del país. Dicen que irse a "raspar" fue el paso a la vida adulta de miles de niños y niñas colombianos una vez  abandonaban el hogar. A sus ya 19 años, después de vivir en una casa de tablas, Laura ha podido construirse una casa mejor con su pareja, ahorrando cada céntimo que ganaban con la coca. "Sin la coca, aquí nadie logra nada", asevera. Además de 'raspar', las mujeres cocaleras también realizan labores de sembrado, abono y muy especialmente cocinar para los y las jornaleras del cultivo. Menos mujeres son las que tienen cultivo propio o las que se arriesgan o tienen permiso en los laboratorios para "quimiquear", como se le llama al proceso de transformación de la hoja de coca en pasta base, que luego será convertida en cocaína en un laboratorio ajeno a las campesinas, conocido como "cristalizadero". 

Antonia Payán, en un descanso, dando de comer a su pequeño de tres años al que lleva siempre a los cultivos de coca porque no tiene donde dejarlo. /JAVIER SULÉ

Casi el 100% de las familias cocaleras quisieran salir de la coca y tener otras alternativas de vida. La gente está realmente cansada de tanta persecución y de tanta guerra. En el proceso de paz vieron una puerta de esperanza que hoy, casi tres años después, se ha ido desvaneciendo. El anterior Gobierno, de la mano de las FARC, puso en marcha el ambicioso Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). El compromiso de los campesinos era arrancar, sustituir y no volver a sembrar. El del Gobierno ofrecerles todas las condiciones para que puedan salir de la coca y mejorar sus vidas impulsando políticas de desarrollo alternativo. Por primera vez se reconocía que los eslabones más débiles del narcotráfico requerían una salida social y no militar. Un total de 130.000 familias dijeron que sí querían sustituir y firmaron el acuerdo de sustitución, pero los incumplimientos del Gobierno están poniendo en riesgo el programa. 

Laura Puente cocina para los jornaleros que cultivan coca en la finca familiar. Ella empezó a los 14 años como ‘raspachina’, como se conoce a las personas que recolectan la hoja. /JAVIER SULÉ

Preocupación

Y mientras la erradicación forzada avanza a toda marcha, la sustitución lo hace a cámara lenta. El nuevo Gobierno de Iván Duque insiste en que sí va a cumplir con el PNIS. Los campesinos se preguntan cuándo. "No hay ningún programa en el mundo que atienda a 100.000 familias por toda la geografía colombiana y con cada familia se den discusiones una a una para saber cuáles son sus proyectos de inversión alternativos, así que llegar a la conclusión de que los atrasos son una amenaza de incumplimiento no tiene fundamento", se justifica José Emilio Archila, consejero presidencial de la Consejería para la estabilización y la consolidación y máximo responsable del PNIS.

La primera línea
de producción 
de un negocio
que mueve
millones de
dólares vive 
en la pobreza

En las tierras de las familias que viven en el kilómetro 35 de los márgenes de la carretera que va de Tumaco a Pasto, capital de la región, ya no hay coca. Lo que hay es preocupación. Todos y todas tenían su parcela de coca para sobrevivir y arrancaron sus matas voluntariamente cumpliendo con el acuerdo de sustitución. 

Los  vecinos y vecinas se reúnen a menudo para comentar como llevan lo del PNIS. "Yo ya voy a cobrar el último pago de los 12 meses de la ayuda para seguridad alimentaria y no han venido los proyectos productivos", se queja una afectada. José Emilio Archila desde el Gobierno pide paciencia: "En un programa de sustitución voluntaria se arranca la mata en un día. Después, estabilizar a una familia lleva entre dos y tres años hasta que inicia su nueva actividad y se le garantiza su comercialización. Y luego hay una planeación a 15 años que es el tiempo que necesitamos para ponernos al día con lo que el mundo y el país no ha hecho por los campesinos colombianos en los últimos 200 o 400 años".

Escuelas, carreteras y viviendas gracias al cultivo

Maricela Parra cultiva coca desde hace 20 años. Su lucha es tratar que su hijo y su nieto sobrevivan de otra forma que no sea la coca y erradicar el cáncer que tuvo hace poco tiempo y del cual se está recuperando.  "Gracias a la coca pude cubrir gastos como los desplazamientos y la estancia en la ciudad de Cúcuta para tratarme o comprar los medicamentos", asegura.

Maricela vive en el municipio de Tibú, en la subregión del Catatumbo del extremo norte de Colombia y el lugar con más coca del país después de Tumaco. En este territorio fronterizo con Venezuela, la coca fue el único cultivo que brindó oportunidades y tuvo la virtud de ser fuente de recursos para construir escuelas, arreglar caminos y para que la población cocalera pudiera acceder a derechos como vivienda, alimentación, educación y salud. Los catatumberos suelen decir así que la coca fue su único ministerio porque la única presencia del Estado es la militar.

La coca en Tibú es el motor de la economía local del que dependen miles de familias directa o indirectamente. María Carvajal, una reconocida lideresa social de la organización Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT,  nunca la cultivó pero reconoce que vive de ella:  "Yo tengo un restaurante en la carretera y el que para a comer tiene relación con la coca. Es una cadena muy grande, desde la misma empresa  Monsanto que es la que hace los químicos para el procesamiento de la coca". 

En el Catatumbo, caracterizado por sus históricas luchas campesinas, no han tenido un minuto de paz en tres décadas. Tras el desarme de las FARC, el control del narcotráfico lo tomaron las dos guerrillas todavía presentes en la región: el ELN y el EPL. Sus cocaleros llevan tiempo proponiendo una sustitución gradual de cultivos a 10 años.