La ruta de la corrupción

"Dos calles a la derecha. Ahí está la casa de Rus. Porque venís a eso, ¿no?", indica una pareja de jubilados que cruza la animada Alameda en dirección al casco histórico. En Xàtiva, la localidad donde el expresidente del PP y la Diputación de Valencia Alfonso Rus fue alcalde 20 años, ya están acostumbrados a ver a periodistas en búsqueda de los restos del naufragio. Lejos quedan los años en los que Rus se fumaba un puro en el palco del Olímpic de Xàtiva, club de fútbol que presidió y usó, según la investigación del 'caso Taula', para lavar dinero procedente de mordidas.

CÉSPED Y BOMBILLAS

La presunta trama corrupta también se llevaba un porcentaje -cercano al 3%- de todo lo que competía a la empresa pública Imelsa; un 'totum revolutum' que lo mismo ponía césped artificial que bombillas en los pueblos de la provincia. De Ciegsa, la empresa pública que debía construir colegios, también sacaron tajada.

La detención de Rus provocó un efecto dominó que puso contra las cuerdas a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Una rama del caso investiga el blanqueo de capitales de concejales y asesores del PP y la financiación irregular del partido. El que fuera el despacho del grupo popular, donde en teoría se distribuían los billetes de 500 euros, hoy lo ocupa Compromís. "El PP levantó una pared en la recepción con un ventanuco, de forma que si querías ir al despacho de Mari Carmen García Fuster (secretaria del grupo municipal del PP) y a las oficinas interiores, accesibles a los funcionarios en todas las dependencias del Ayuntamiento, aquí te tenían que abrir desde dentro con un botón que ellos hicieron instalar", explica el concejal de Compromís Giusseppe Grezzi.

Son los últimos coletazos de la presunta financiación ilegal con la que el PP ganó, presuntamente 'dopado' y con ayuda de la 'trama Gürtel', elección tras elección en tierras valencianas.

5.225 MILLONES DE EUROS

Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el coste de los grandes eventos y proyectos en la Comunidad Valenciana durante los mandatos de Zaplana y Camps ascendió a 5.225 millones de euros. Aquí se incluye Terra Mítica, el parque temático de Benidorm y primer pelotazo urbanístico promulgado por Zaplana, que marcó el camino a seguir. También los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, cuyos desmanes en la gestión del PP están vinculados a la rama valenciana de Nóos. Al capítulo de proyectos ruinosos cabe sumar el Gran Premio de Fórmula 1, por cuyo contrato inicial y la posterior compra pública de la empresa quebrada está imputado Camps y Alberto Fabra, señalado. 

Al margen de Rus, la gestión de las diputaciones populares de Castellón y Alicante no fue mejor. El impulsor del exaeropuerto peatonal de Castellón, Carlos Fabra, tiene un pie fuera de la cárcel tras obtener el tercer grado sobre su condena de cuatro años por fraude a Hacienda. Y Joaquín Ripoll, expresidente de la de Alicante, está procesado por amañar el plan de gestión de basuras de la Vega Baja en favor de dos empresarios.

También en Alicante, pero en el Ayuntamiento, la más que turbia amistad entre la exalcaldesa Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz se llevó por delante a ambos, que esperan juicio por el 'caso Rabasa' para explicar el arreglo del plan urbanístico a pedir de boca del constructor. 

En el 2013, el periodista Sergi Castillo estimó en su libro 'Tierra de saqueo' que la "factura de la corrupción" era de 12.500 millones de euros. Hoy cree que podría superar los 15.000 millones. Una cifra que hay que tomar con precaución, advierte, "pero que ayuda a hacernos una idea de la magnitud del robo", porque es "casi equivalente" al presupuesto anual de la Generalitat valenciana.