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ANTONI GÓMEZ. Presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas

«Hemos perdido 'glamour', nadie quiere ser auditor"

Agustí Sala / Max Jiménez Botías

Antoni Gómez, durante la entrevista con El Periódico.

Antoni Gómez, durante la entrevista con El Periódico.

En Catalunya son 1.500 profesionales y 200 firmas. Los censores jurados de cuentas (auditores) se enfrentan a importantes retos que condicionan su futuro. El presidente del colegio profesional en Catalunya no rehuye en esta entrevista hablar de niguno de ellos

-Cuando llegó a la presidencia se planteó enfocar los desafíos del sector, entre ellos la presión regulatoria, la atracción del talento y adaptación tecnológica, ¿hasta dónde han podido avanzar? La regulación es muy intensa y muy cambiante. Y tenemos el reto de seguir la normativa y adaptar los estándares no solo de auditoría y contabilidad, sino otros, como la normativa que nos afecta en cuanto al control de calidad.  

-Están preparando unas jornadas sobre información no financiera. ¿Forma parte de esa adaptación normativa?  Seguimos la normativa de diciembre del 2018 que señala que las empresas de más de 500 trabajadores tendrán que hacer un informe de información no financiera. Además de las cuentas, tendrán que informar de determinados aspectos relacionados con el medioambiente, la lucha contra la corrupción, etc. Esta información tiene que ser verificado por un experto.  

¿Tendrán que competir esa verificación con otros profesionales? La norma habla de verificación por expertos independientes. Por tanto, competimos. Básicamente con certificadoras de calidad. Tenemos el convencimiento de que la verificación de la información no financiera está muy próxima a la verificación de la información contable. Entendemos que somos los profesionales más preparados para hacer esto.  

Supervisión

Parte de la actividad se desarrolla pensando en la supervisión más que en la sociedad

¿No resulta demasiada verificación para las empresas?  Puede ser. Pero este es el resultado de una cierta inquietud de la sociedad que es cada vez más exigente con la transparencia. Más consciente de que no se vale que la empresa haga cualquier cosa simplemente para ganar dinero. Hace tiempo que la información de lo que pasa en el mundo de las empresas no es solo del interés de los propietarios sino de la sociedad en general.   

-¿Esta actividad pone algo más al auditor en el punto de mira social? Cualquiera que se siente perjudicado por un trabajo mal hecho, lo primero que hace es pedir una revisión por parte del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) porque eso da fundamento para luego ir a los tribunales. En este entorno, de los más de 60.000 informes de auditoría que se hacen en un año (2017), solo hay 59 expedientes sancionadores del ICAC. 

-También es verdad que los 59 casos son muy mediáticos y señalan al auditor... Como profesión estamos comprometidos con la mejora de la calidad. Hay que pensar que alrededor del 30% de los informes de auditoría que se realizan incluyen una observación: el auditor dice que en determinadas cosas no está de acuerdo. En términos coloquiales, que no es un informe limpio. Está claro que la función del auditor es de absoluto interés público.  

-¿Hasta qué punto el auditor puede hacer su trabajo de forma independiente a la empresa, que es quien le paga?  Tenemos normas que nos obligan a la independencia y una vulneración de estas normas es una falta grave. Dentro de esos 59 casos que hemos mencionados, algunos son de falta de independencia. Como auditor tengo que preguntar a mis socios sus relaciones con la empresa que auditan. Pero cuando se habla de relaciones de afinidad es muy difícil precisar los diferentes grados de proximidad.

Renovación

Tenemos un problema y es que la edad media de la profesió supera los 58 años

–Ha habido muchos saltos en la legislación desde la crisis de las puntocom a la crisis financiera. Y  las agencias de calificación se han ido de rositas, en cambio al auditor siempre ha acabado señalado. Sí, además, las agencias de calificación no tienen supervisión. De todas formas no huimos de la responsabilidad. Entendemos que se nos responsabilice por el trabajo mal hecho. Cuando nos quejamos de la regulación es de una regulación desproporcionada e inadecuada que se focaliza más en los elementos burocráticos y en los casos excepcionales de trabajo mal hecho que en el resto.   

 –¿Ha incorporado ya la normativa española todas las directivas europeas? Las que tienen que ver con contabilidad y auditoría, pero es verdad que las incorpora con algunas características dentro de este ámbito tan amplio de opciones que se alejan de lo que ocurre en otros países euros. 

–¿Están los auditores supervisados en exceso?  Al final, buena parte de nuestra actividad tiene que desarrollarse pensando en la supervisión no pensando en la sociedad y en la función que hacemos. De alguna forma tenemos la impresión de que el supervisor considera que los auditores son culpables si no se demuestra lo contrario. Y eso lo decimos convencido de que nuestro trabajo está bien hecho en general. 

Las prácticas

El supervisor piensa que somos cumplables antes de que se demuestre lo contrario

–¿Qué debería cambiar? Creemos que la supervisión tendría que ser independiente del Ministerio de Economía. Que la profesión no esté al albur de lo que decidan las políticas ministeriales de cada uno de los momentos. 

 –El 30% de las 60.000 auditorías son voluntarias. ¿Cómo lo interpreta? Sí, y eso nos hace estar orgullosos de nuestro trabajo porque hay empresas y entidades que sin tener obligación piden la auditoría con carácter voluntario por el convencimiento de que da una garantía de que las cuentas reflejan la realidad.  

-¿Qué organismos deberían incluirse en la obligatoriedad de la auditoría? Creemos que el sector público es un ámbito que debería estar enmarcado en la auditoría obligatoria. Particularmente los ayuntamientos, y no hablamos de municipios pequeños, sino a partir de 5.000 habitantes. Si se reconoce que las cuentas auditadas son de interés público, entendemos que las del sector público los son con más razón.  

-Más trabajo para los auditores... Las auditoras somos como una pirámide a efectos de personal; ancha abajo y estrecha en la cúspide. Al cabo de cuatro años un profesional que se ha iniciado con nosotros puede ocupar una dirección financiera de cualquier compañía. Pero es verdad que tienen que irse porque no hay espacio para todos. Un formato más eficiente sería que se encargara a los auditores de las cuentas del sector público. 

 –¿Habría suficientes profesionales? Si que los hay. No solo son cuatro las auditoras, aunque se hable con frecuencia de las big four. Trabajamos con el sector público y el privado y tenemos capacidad para asumir más encargos. No recuerdo el número de municipios, pero en Catalunya hay 1.200 en total. Supongamos que hay 800 de más de 5.000 habitantes... En Catalunya se hacen más de 20.000 auditorías, la incorporación del sector público es una miseria respecto a total.

El sector público

Si  auditar cuentas es de interés público, auditar a los ayuntamientos, lo es más

-¿Hasta qué punto las ‘big four’ marcan la tendencia? En España realmente no marcan la tendencia. 

 –¿Tienen más atención por parte de los reguladores? El peso de las cuatro grandes es de una gran inquietud para los reguladores internacionales porque son los casos más llamativos. Son los casos que después aparecen en los medios. 

–¿La regulación de las empresas grandes debe ser igual que la de las pequeñas? El criterio gneral es que una auditoría es una auditoría. Pero partiendo de este supuesto no es la misma metodología y regulación la que implica la auditoría de un gran banco que la regulación de talleres.  

–Ha mencionado que la retención del talento es importante para el sector. ¿Cuál es la situación? Somos una escuela de formación, pero hay retos, como el del horario o la igualdad de género. Los horarios son un problema y es desestimulante no solo para las mujeres, sino también para los jóvenes. Tenemos un problema y es que la edad media del colectivo es de 58 años.  

 –¿Qué se ha hecho mal? Estamos en el ojo de huracan. La profesión ha perdido glamour. Cuando yo iba a buscar a mis hijos a la escuela podía decir que era auditor, ahora tendría que decir que toco el piano en un club. Tenemos menos prestigio social, es una profesión muy exigente y se ha producido una caída importante de honorarios. ¿Quién quiere ser auditor ahora? Nadie quiere ser auditor.

PERFIL

Llega al frente del organismo profesional que agrupa a los censores de cuentas (auditores) con el objetivo de hacer ver a los supervisores la necesidad de afinar el contro, y hacer entender a las empresas que si no se mantiene el talento tendrán problemas.

Antoni Gómez Valverde es desde abril del 2018 el presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya (CCJCC). Licenciado en Ciencias Económicas y, desde 2014, vicepresidente primero de la entidad profesional, así como censor jurado de cuentas y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), ocupa la presidencia del organimso en sustitución de Daniel Faura, que estuvo en el cargo durante los ocho años anteriores. 


Gómez es también socio fundador de la oficina de Barcelona de Auren, firma de tamaño medio de servicios de auditoría y asesoría legal y fiscal, y presidente del área internacional de la empresa, asi como de Alianza de Firmas Independientes (ANTEA). Gómez ha sido considerado como uno de los profesionales más influyentes de  la profesión.

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