Represión a la disidencia

La ley de seguridad nacional hongkonesa envía a la cárcel al primer europeo

Hong Kong aprueba una polémica nueva ley de seguridad que refuerza la represión

Una imagen de la ciudad de Hong Kong.

Una imagen de la ciudad de Hong Kong. / LOUISE DELMOTTE / AP

Adrián Foncillas

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La ley de seguridad nacional de Hong Kong ha enviado al primer europeo a la cárcel. Se llama Joseph John, también es conocido como Wong Kin-chung, nació en Hong Kong, ha vivido en el Reino Unido, tiene nacionalidad portuguesa y pasará cinco años en la cárcel por un delito de sedición. El condenado ya se había declarado culpable en febrero y este viernes ha salido la sentencia. Esos cinco años son la pena mínima que contempla la ley para los casos "graves" y se ha estandarizado en su aplicación.

John dirigía el Partido por la Independencia de Hong Kong y administraba sus plataformas sociales. Era una organización semidesconocida, a pesar de su ostentoso nombre, pero con una actividad febril en redes, donde clamaba contra la "ilegal ocupación china de Hong Kong", proponía que la excolonia entrara en la Conmonwealth, pedía el envío de tropas británicas y estadounidenses y proponía la financiación de un ejército de la isla. No parecen realistas sus propuestas, ni amenazador su altavoz, ni sólidos sus conocimientos históricos si habla de una ocupación legal china, pero la justicia hongkonesa no admite bromas con la sedición. El tribunal ha valorado su colaboración, por darle a la policía el acceso a sus redes, pero le ha afeado que no desvelara los nombres del resto de integrantes de su organización.

El tribunal ha calificado una cuarentena de sus posts diseminados en seis plataformas como "secesionistas", es decir, que pretenden desgajar a Hong Kong de China. Su magistrado, Ernest Lin, le ha acusado de "deformar la historia, demonizar China y pedir a los países extranjeros que destruyan Hong Kong y China por medios políticos o violentos". El portugués, de 41 años, ha permanecido en la cárcel desde que fuera detenido en noviembre de 2022, cuando regresó a Hong Kong para visitar a su madre enferma. Fue detenido en virtud de una vieja ley colonial que contemplaba dos años por sus delitos pero la Fiscalía aplicó más tarde la ley de seguridad nacional que envió el Parlamento chino a Hong Kong en 2020.

Representantes consulares portugueses y de la Unión Europea estaban esta mañana en el tribunal hongkonés pero los primeros han denunciado que no han podido reunirse con el condenado durante los 16 meses que duró su detención.

112 condenas

Aquella ley de seguridad nació en la ineptitud de las autoridades hongkonesas para sofocar las protestas violentas que llevaron a la excolonia al borde del abismo. Criminalizó y contempló penas muy duras para la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras. Desde la perspectiva china y de la mitad de la población hongkonesa, funcionó: el territorio recuperó la calma. Para la otra mitad de la sociedad y los gobiernos occidentales, en cambio, laminó las libertades y el modelo de "un país, dos sistemas" que había ideado el arquitecto de las reformas, Deng Xiaoping, tres décadas atrás. Desde su entrada en vigor ha sustanciado casi 300 arrestos, 174 causas judiciales y 112 condenas. La oposición política ha desaparecido y los activistas se reparten entre el exilio y la cárcel.

Este año aprobó el Parlamento hongkonés su propia ley de seguridad, que completa a la de Pekín, y que ya estaba contemplada en la mini constitución que rige las relaciones entre la isla y el continente. Pekín y Hong Kong las ha defendido como necesarias contra las intromisiones extranjeras en los asuntos domésticos.