Jueces para la Democracia denuncia que Israel vulnera el Convenio sobre Genocidio de 1948

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha levantado la voz contra el "ataque sistemático e indiscriminado" que Israel está cometiendo, "a ojos del mundo", contra la Franja de Gaza y que "hasta la fecha ha causado más de 30.000 muertos y 1,9 millones de desplazamientos", según corroboran Organismos cualificados de Naciones Unidas, como la organización para los refugiados palestinos (Unrwa) o Unicef.

En un comunicado en el que pone cuidado en tachar de "deplorables los actos terroristas del 7 de octubre", el colectivo de jueces progresista considera que Israel está vulnerando el Convenio sobre Genocidio de 1948, ante el que la Comunidad Internacional "no puede permanecer impasible", porque quienes sufren las acciones isrelíes "son, de forma mayoritaria, la población civil, la mitad de ellos niños y niñas".

Son quienes "sufren el incomprensible bloqueo de suministros básicos: especialmente de agua potable, alimentos, medicinas y combustible, así como el corte de comunicaciones y la interrupción del paso de ayuda internacional de emergencia", lo que ha provocado "una hambruna generalizada, imposibilidad de realizar intervenciones quirúrgicas con anestesia y otras inhumanas situaciones".

Para el colectivo que representa a los jueces progresistas es imprescindible que el Gobierno de España apoye los procesos internacionales iniciados y que se realizarán contra la vulneración del convenio que atribuye a Israel.

En este sentido, cita el que la República de Sudáfrica inició el pasado 29 de diciembre ante la Corte Internacional de Justicia con una demanda al amparo de este Convenio, en el que solicitó que el supremo órgano judicial de Naciones Unidas ordenara el inmediato cese de las acciones armadas y en el que toda la Comunidad Internacional pudo ver y escuchar sus argumentos en las vistas que tuvieron lugar en enero.

Además, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha iniciado una investigación para determinar si en los territorios afectados se han producido crímenes de guerra y, en su caso, someterlos a la jurisdicción del mismo.

"Tales acciones han sido públicamente apoyadas por organizaciones internacionales y de defensa de los Derechos Humanos, así como por Estados del Sur Global y exige ese mismo compromiso por parte de los países europeos", afirma JJpD, por lo que defiende que el Gobierno de España "apoye públicamente estos procesos y presente alegaciones a los mismos, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma y la Carta de las Naciones Unidas".