Los jueces dan a Biden la llave para lograr que el Reino Unido le entregue a Julian Assange

 ¿Está el periodista australiano Julian Assange más cerca o más lejos de la extradición a Estados Unidos tras el fallo del pasado martes? Después de 11 años de pleito, los primeros seis años desde su domicilio en la embajada de Ecuador en Londres y los cinco posteriores desde la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, el deseo de la justicia británica, así como el del Ministerio del Interior, de entregarle está plasmado en varias sentencias y resoluciones, un deseo que tiene dificultades para convertirse en realidad ya sea por razones de salud o políticas, habida cuenta de sus graves consecuencias políticas y democráticas.

El fallo del pasado martes, 26 de marzo, tenía que resolver un problema aparentemente sencillo: autorizar una nueva apelación o bajar el pulgar y dar vía libre a la extradición en pocos días. Los jueces no han decidido ni lo uno ni lo otro. El solo hecho de que no bajasen el citado pulgar ha sido interpretado como una pequeña victoria o respiro para un Assange al borde del abismo. Pero la decisión ha sido lo más parecido a la típica escena de las películas norteamericanas en las cuales un condenado a muerte recibe en la cárcel la noticia de que un recurso ha conseguido aplazar la ejecución.

Los jueces han decidido que Assange podría obtener el permiso para apelar la decisión de extraditarle sobre la base de tres puntos. Pero, atención, esa autorización tiene que pasar por una prueba fundamental: la Administración Biden tiene tres semanas para aclarar si ofrece una serie de garantías en caso de que la entrega --ya decidida judicial y políticamente-- se produzca. Una vez recibida la aclaración las partes podrán alegar nuevamente y una audiencia tendrá lugar el 20 de mayo.

¿Esa audiencia conducirá a los jueces a decidir si se extradita a Assange? No. Esa audiencia dará pie a que los jueces resuelvan si permiten a Assange apelar/recurrir la decisión de fondo de extraditarle a Estados Unidos.

La cara y la cruz

Fidel Nárvaez, excónsul de Ecuador en Londres, un hombre que mantiene su amistad con Assange y que conoce todo el proceso de cabo a rabo, ve la cara y la cruz del fallo. "Puede verse como una pequeña victoria parcial, pero que tiene también el sabor a derrota. Los jueces han aplazado una decisión final sobre si autorizan o no una última apelación. Los jueces han rechazado seis de los nueve motivos para apelar. Solo han decidido que la apelación podría darse en tres puntos. El rechazo de los seis puntos es crucial: uno de ellos es que el delito que motiva la solicitud de extradición de Estados Unidos es un delito político y, por tanto, no debería ser extraditado. Los jueces han resuelto en el sentido contrario: Assange sí puede ser extraditado por los delitos que se le imputan. Tampoco aceptan el argumento de que Assange no tiene posibilidad de ser sometido a un juicio justo y han decidido plantear a EEUU que presenten garantías de que en caso de ser extraditado y sentenciado en EEUU no recibirá una condena a muerte, que Assange podría invocar el derecho a la Primera Enmienda [que protege la libertad de expresión] es decir, no ser discriminado por no ser ciudadano norteamericano".

Narváez destaca el carácter político del caso. "De hecho, los jueces están proponiendo a la Administración Biden, es decir, a un poder político, a ser parte de un proceso judicial, lo cual evidencia precisamente que estamos en un caso de carácter político. Porque las garantías que piden los jueces británicos las va a firmar el secretario de Defensa. Y en el mes de mayo los jueces analizarán si las garantías entregadas por EEUU son suficientes o si la defensa de Assange puede convencer a los jueces de que no tienen valor. Son cinco años en los cuales Assange sigue en una prisión de máxima seguridad sin cumplir ninguna sentencia. Assange permanece los últimos cinco años en una prisión de alta seguridad sin cumplir sentencia alguna".

Seguridad nacional

Entre los juristas consultados existen pocas dudas de que la Administración Biden otorgará las garantías que se le piden en el fallo. Pero en uno u otro caso, tanto si las aportan como si no, Assange no quedará libertad, sino que recibiría autorización para apelar. "El hecho de que la Administración Biden afirme que va a respetar el derecho de Assange a ampararse en la Primera Enmienda no presupone que en el tribunal se vaya a admitir dicho argumento porque la doctrina vigente sostiene que lo que se ha publicado [por los medios a los que Assange ha aportado la información] afecta a la seguridad nacional y, por tanto, no está cubierto por la libertad de expresión", señala Narváez.

Chelsea Manning, la soldado que obtuvo los documentos que se convirtieron en la revelación de los planes secretos de las invasiones de Estados Unidos en Afganistán e Irak, entre otros países, ya ha sido condenado a 35 años de prisión como fuente de Assange. "Lo que hizo Julian es lo que se supone debe hacer el periodismo y es publicar información que el Gobierno no desea hacer pública. Eso no es delito. Sería la primera vez que se convertiría en delito en EEUU. Y eso sería no solo la criminalización de Assange, sino un instrumento contra la libertad de expresión, contra todos los periodistas en general", enfatiza Narváez.

En su fallo, los jueces señalan que asumen que Assange "actuó por convicciones políticas, y que sus actividades expusieron la implicación del Estado [EE.UU] en serios delitos". Y, sin embargo, a continuación afirman que de ello "no se deduce empero, que la solicitud de extradición se hace por sus puntos de vista políticos". El fallo cita para sostener dicha conclusión el testimonio escrito del fiscal federal adjunto del caso Assange en el estado de Virginia, Gordon Kromberg. Fuentes de organizaciones de derechos humanos han denunciado, precisamente, que Kromberg tiene un largo historial de prácticas abusivas en multitud de casos de derechos civiles.

Dos conceptos separados

Hay un punto de interés en el fallo sobre el tema de los delitos políticos. Los jueces señalan que la ley británica de 2003 --enmendada por el Gobierno de Tony Blair-- "excluye la extradición cuando se trata de procesar a la persona por sus opiniones políticas. Sin embargo, no dice nada sobre impedir la extradición por un delito político. Aunque pueda haber cierto grado de superposición son dos conceptos separados. El Parlamento ha legislado para cubrir lo primero, no lo segundo", señalan.

No deja de llamar la atención la respuesta de los jueces a los indicios de secuestro de Assange e interceptación y 'hackeo' de documentos -- atribuidos a la CIA (Agencia Central de Inteligencia durante la presidencia de Donald Trump) mientras permanecía en la embajada de Ecuador en Londres --operación de espionaje en la que participó la empresa española Undercover Global, encargada de la seguridad de la citada embajada--, esgrimidos por la defensa del periodista para demostrar el riesgo que supone su extradición a Estados Unidos.

"El juez a cargo --relatan los jueces-- no rechazó las pruebas que el solicitante había aportado, sino si la supuesta mala conducta estaba de alguna manera relacionada con el procedimiento de extradición. Sin embargo, la conclusión crítica del juez es que no había nada que demostrara que la conducta en relación con la Embajada en Londres estuviera relacionada con el proceso de extradición. Las nuevas pruebas no cambian eso. A la vista de las acusaciones (sobre las pruebas ante el juez y las pruebas recientes), la contemplación de medidas extremas contra el demandante (ya sea envenenamiento, por ejemplo, o entrega) fue una respuesta al temor de que el demandante pudiera huir a Rusia. La respuesta breve a esto es que la justificación de tal conducta desaparece si el solicitante es extraditado. La extradición daría como resultado que estuviera legalmente bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, y las razones (si se las puede llamar así) para la entrega, el secuestro o el asesinato entonces desaparecerían".

Huida a Rusia

En román paladino: las medidas "extremas" --presunto secuestro o envenenamiento-- fue una respuesta de La CIA por el temor a que Assange huyera a Rusia, Y por tanto, según los jueces, ese peligro desaparecería con Assange encarcelado en Estados Unidos.

Tanto el fiscal Kromberg como el que fuera director de la CIA en la Administración Trump, Mike Pompeo, ya se negaron, durante los testimonios aportados hasta ahora, a dar seguridades sobre el respeto al artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión. Ahora los jueces insisten, según se ha apuntado, a pedir otra vez garantías sobre el derecho de Assange a usar la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana.

Los jueces apuntan que el artículo 10 "es un derecho cualificado, no absoluto. Es necesario equilibrar el interés público en la publicación [de una información] con los objetivos legítimos perseguidos por la legislación destinada a proteger la seguridad nacional". Señalan que se han producido "daños significativos a algunas de las fuentes humanas" mencionadas en documentos publicados, según la denuncia de Estados Unidos, y "daños como la pérdida de confianza en los servicios de inteligencia del Estado".

El fallo, pues, aplaza la decisión sobre si se autoriza o deniega la apelación hasta el próximo 20 de mayo y adelanta que, si se permite, solo será sobre la base de tres de los nueve puntos presentados: incompatibilidad de la extradición con el artículo 10 de libertad de expresión de la Convención Europea de Derechos Humanos; derecho a un juicio justo caso de ser entregado al no tratarse de un ciudadano norteamericano, y, finalmente, imposibilidad de ser extraditado por una inadecuada protección ante la pena de muerte.

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