El trauma de Chile: cuatro décadas sin poder tumbar la Constitución de Pinochet

Si en España la Constitución de 1978 no se hubiera aprobado ese año, sino unos cuantos antes, con Franco todavía vivo, es probable que el país estuviera en la situación que ahora está Chile. La constitución chilena se promulgó en 1980, con el general Augusto Pinochet instalado en el gobierno, y aunque ha sufrido desde entonces 70 reformas, ahí sigue, rigiendo la convivencia. El texto no convence a nadie y se ha convertido en arma política: izquierda y derecha han intentado cambiarlo por otro, en ambos casos para escorarlo ideológicamente hacia sus postulados, pero han cosechado rotundos fracasos en los referéndums populares. El último fiasco, del pasado diciembre, parece que ha vacunado a los partidos, y el proceso constituyente no será un elemento importante en las campañas electorales de este año, entre ellas las de las municipales.

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Eso al menos es lo que piensan tres expertos académicos chilenos. Pablo Ruiz-Tagle, decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y los profesores de la misma área Álvaro Anríquez y Claudio Palavecino, explicaron su visión de los intentos de reforma esta semana en Barcelona. Los tres, junto a otros profesores españoles, participaron también en un acto en Madrid. Hablaron claro: para Ruiz-Tagle, existe “una cierta incapacidad congénita en la clase política chilena para construir una democracia más potente”, como demuestra el fracaso de los dos últimos proyectos.

Frustración tras el 'estallido social'

Tras un intento previo de reforma, que comenzó en 2015 y se diluyó en 2018, capitaneado por el gobierno de centroizquierda de Michelle Bachelet, las manifestaciones y graves disturbios de 2019 englobados bajo el epígrafe de ‘estallido social’ hicieron que la clase política propusiera un cambio constitucional para encauzar las demandas ciudadanas que se pusieron sobre la mesa aquellos días. Ese acuerdo, en cuyo pie figura la firma, entre otros, de Gabriel Boric, el actual presidente de Chile, dio pie a los dos intentos recientes de sustituir el texto pinochetista por uno impulsado en el periodo democrático.

La Convención Constitucional, de marcado acento de izquierdas, elaboró un texto, que fue rechazado en plebiscito en septiembre de 2022 por un 62% de los electores. “La cuestión indígena fue determinante. En Chile hay un intenso racismo, una autopercepción de que los chilenos somos blancos, y eso lo explotó la campaña contra la Convención. Pero las campañas publicitarias no tienen éxito si no hay receptividad en el mensaje, y en Chile hubo una gran receptividad”, afirma Palavecino para explicar ese fiasco. “Se dijo que los mapuches se iban a independizar y que Chile iba a perder el 20% de su territorio”, añade Claudia Jiménez, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Tomó el relevo el llamado Consejo Constitucional, de sesgo derechista, contrario a la Convención. Después de varios meses de trabajo, la nueva constitución propuesta por este grupo, de signo opuesto a la que se votó en 2022, también fue rechazada por más del 55% de los chilenos. “Yo soy partidario de este sistema imperfecto, pero lo veo como un animal enfermo”, dice Ruiz-Tagle, para ejemplificar que los intentos de reforma total se han escorado sin tener en cuenta que no va a triunfar ninguna propuesta “ni de derecha a lo Trump ni de izquierda a lo Maduro”.

Echar la culpa al tío abuelo

Los dos fracasos han provocado que siga vigente la Ley Fundamental aprobada durante el gobierno militar de Pinochet. Un texto del que Anríquez criticó la “ilegitimidad de origen”, tanto por el Ejecutivo que la impulsó como por la imposibilidad de saber a ciencia cierta si durante el plebiscito que la aprobó se produjo algún fraude electoral. Pero Ruiz-Tagle no está de acuerdo con esas críticas: “No se le puede echar la culpa de todo a Pinochet. Yo no digo que Pinochet no haya tenido una influencia nefasta, pero, después de 30 años de reformas, es como echarle la culpa al tío abuelo”.

En las 70 reformas que se han producido en los más de 40 años de vigencia del texto se ha tocado “la parte orgánica, pero no la dogmática”, afirma Ruiz-Tagle. En palabras de Palavecino, el problema de la Constitución pinochetista es que, en la distribución de poder entre colectivo e individuo, hay “una clara preponderancia del individuo”. Pero, visto lo visto, parece que la única solución para Chile, al menos de momento, son las reformas parciales, la conllevancia orteguiana con su Ley Fundamental. “El reformismo girondino es el camino del futuro, y no los grandes proyectos, que atraen la atracción de los medios y se estrellan contra la realidad electoral”, resume Ruiz-Tagle.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile también recordó que solo tres países de América Latina –el suyo, Uruguay y Costa Rica- están considerados democracias plenas. Y que, con fuerzas en el extrarradio democrático a derecha e izquierda que intentan imponerse, es momento de reivindicar el sistema: “El futuro de Chile es incierto, tanto como el del mundo. Pero la lucha política es justamente la alternativa que tenemos los seres humanos a la violencia”.

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