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Los gobernadores de la costa argentina, contra el plan de Milei que afecta a pesqueras españolas

Empresas gallegas defienden la capilaridad de sus proyectos: "Los defenderemos como argentinos; lo somos"

Imagen divulgada ayer por el Ministerio de Seguridad, con cientos de buques asiáticos operando de forma irregularen la costa de Argentina.

Imagen divulgada ayer por el Ministerio de Seguridad, con cientos de buques asiáticos operando de forma irregularen la costa de Argentina. / @MINSEG

Lara Graña

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En aguas argentinas faenan 806 buques de pesca, de acuerdo a la Asociación Cámara Argentina Pesquera (CAPEAR). Una pequeña parte (79) son embarcaciones participadas por capital gallego, consolidado en el país desde hace más de tres décadas y uno de los pilares del desarrollo de la industria extractiva o naval. Sector que enfrenta ahora un radical cambio en el 'statu quo': la denominada Ley Ómnibus, formulada por el presidente Javier Milei, plantea sacar a puja global los derechos de pesca, abrir el caladero a flotas extranjeras o eximir a las empresas de la obligación de desembarco en los puertos nacionales.

Un “esperpento” –a ojos de la industria– que está dispuesto a ejecutar vía decreto de urgencia si no consigue el aval del poder legislativo, un 'misil' ante el que se han posicionado en contra todas las cámaras empresariales, portuarias y gremiales en una unanimidad inédita. Ayer mismo los cinco gobernadores de la Patagonia argentina emitieron un comunicado conjunto para censurar los planes del mandatario ultraliberal.

“Generarán un efecto destructivo”, coinciden Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Su homólogo en la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) ha reprobado también la norma, por lo que los gobernadores de toda la costa del país se han plantado. “Rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos y los empleos para trabajadores argentinos, dado que, en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras”, abunda el comunicado. Más del 75% de las tripulaciones de los buques de capital gallego son locales; los salarios abonados al conjunto de la pesca en el país son los segundos más elevados de toda la economía argentina, como ya desgranó Faro de Vigo, del Grupo Prensa Ibérica, en base a un estudio del investigador Fabián Pettigrew. En suma, el volumen de negocio asociado a las compañías de Grupo Iberconsa, Nueva Pescanova, Vieirasa o Profand rebasan los 400 millones de euros, generadores netos de divisas para el país (casi la totalidad de la producción se exporta).

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  • 806 permisos de pesca en la República Argentina. Corresponde a todo tipo de buques, desde tangoneros, arrastreros, fresqueros, congeladores o poteros.
  • 79 buques de empresas de capital gallego. Se centran en las pesquerías de merluza, langostino y pota. Congelan a bordo y también procesan materia prima en factorías repartidas por toda la costa del país.
  • > 2.000 empleos directos. Grupo Iberconsa, Nueva Pescanova y Profand lideran el empleo directo generado en suelo argentino. Más del 75% de las tripulaciones, además, también son locales.

Su raigambre en Argentina es plena, defienden fuentes empresariales. “Llevamos más de treinta años. Estamos dando una batalla política como argentinos, porque es lo que somos, nuestras empresas son argentinas”. Es un mensaje que ha compartido, en esencia, el intentende (alcalde) de la municipalidad General Pueyrredon –su cabecera es la ciudad de Mar del Plata–, Guillermo Montenegro. A través de la red social X, ha incidido en que la pesca es “una actividad totalmente privada, ejercida por decenas de empresas de capital nacional y extranjero, que genera miles de puestos de trabajo para la población del interior que agrega valor, exporta cientos de millones de dólares al año y que influye en el desarrollo de otras industrias como la naval”. Un sostén estratégico que, continuó, “no puede ser legislado desde el desconocimiento o a las apuradas”. De acuerdo a los datos disponibles de las compañías gallegas asentadas en el país, el empleo directo generado supera ampliamente los 2.000 efectivos, sin contar con el derivado del 45% que la viguesa Wofco posee en Conarpesa.

Concejo Deliberante

“Nos va la vida. Si esto sale adelante, esta ley dura veinte años, aunque después pierda Milei”, exhortó ayer el titular del Sindicato Martímo de Pescadores (Simape), Pablo Trueba. Lo hizo durante una reunión del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, en una sala llena hasta los topes en la que participaron armadores de máximo nivel como Antonio Solimeno, la secretaria general del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), Cristina Ledesma; el presidente de CAPEAR, Mariano Retrivi; el presidente del Sindicato de Conductores Navales (Siconara); o el inspector nacional de pesca Carlos Monteño. “Nos ha costado mucho recuperar la pesca, no la regalemos ahora. Me duele mucho”, expuso este último.

En el encuentro, previo a reuniones bilaterales que mantendrá el sector con diputados y senadores, también se escucharon voces contra las “consecuencias nefastas” para el empleo, teniendo en cuenta que la Ómnibus también elimina la obligatoriedad de llevar a bordo un determinado número de tripulantes argentinos. “Ayer hablé con un funcionario y me preguntó qué era un caladero”, llegó a decir Solimeno, que dispone de más de una docena de buques –entre ellos, el 'Ponte de Rande', ensamblado en Construcciones Navales Santodomingo (Vigo)– y es una referencia histórica de la industria extractiva y de elaborados de productos del mar en un caladero que es clave para Galicia.

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