Un año después de la caída de Pedro Castillo, Perú sigue sumergido en una crisis institucional y sin solución a la vista

La crisis política es la norma de Perú desde hace años unos marcados por la fragilidad del poder y la violencia en las calles. En medio de una guerra institucional que enfrenta a los poderes Ejecutivo y Judicial, y que puede conducir a la destitución de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Pedro Castillo reclamó este lunes su libertad y que vuelva a ser restituido como presidente. La petición formulada al Tribunal Constitucional (TC) tiene lugar a pocos días de cumplirse un año de su destitución por parte del Congreso. Aquel 7 de diciembre, Castillo intentó disolver la legislatura y convocar a elecciones parlamentarias anticipadas. La medida supuso un salto al vacío sin ningún tipo de respaldo político. El entonces mandatario fue cesado y apresado en la calle cuando se suponía que intentaba refugiarse en la embajada mexicana en Lima.

Durante la audiencia ante el TC, Castillo responsabilizó a Benavides de su situación. "Me han apresado y mis derechos constitucionales a la libertad y al debido proceso han sido violados. Esto fue ordenado por la fiscal de la Nación, quien hoy se revela como líder de una organización criminal, en coordinación con altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y algunos congresistas para acabar con mi Gobierno". "Mi detención tuvo el propósito de derrocar mi Gobierno debido a que no pertenezco a esta élite y no están de acuerdo con mis orígenes", añadió. El expresidente es investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El juez Juan Carlos Checkley Soria le impuso 18 meses de prisión preventiva. El Tribunal Supremo ordenó además tres años de prisión preventiva por presunta corrupción y tráfico de influencias.

Benavides fundamentó en su momento la acusación contra Castillo en el mensaje que dirigió al país el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció el cierre del Congreso y una serie de medidas que buscaban reformar el sistema judicial. "Solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y actos posteriores”, reclamó el presidente cesado al intervenir virtualmente desde la cárcel donde cumple la disposición del magistrado. "He sido apresado y se han violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y debido proceso". Negó a su vez que aquel día hubiera tenido intenciones de entrar a la embajada mexicana.

La suerte de Benavides y Boluarte

Mientras Castillo fundamentaba su solicitud, en otra zona de Lima, la fiscal Benavides buscaba sin suerte retrasar su presencia en el Congreso, donde se espera que sea destituida de su cargo el próximo miércoles.

La presidenta interina, Dina Boluarte, no solo tiene un frente abierto con la fiscal, cuya destitución ha promovido. El aniversario de la caída de Castillo coincide con nuevas protestas contra su Gobierno. Diversos gremios sociales y sindicales han anunciado que las movilizaciones en distintas regiones del país se extenderán hasta el viernes. Las reclamaciones son las mismas que las de finales de diciembre y enero de este año: la dimisión de la gobernante provisional, el cierre de la legislatura y elecciones anticipadas. Las protestas precedentes terminaron con decenas de muertos. Benavides intentó reactivar las investigaciones de esos hechos dolosos para frenar la ofensiva del Ejecutivo. "Nadie puede creer que a Benavides le ha brotado el sentido de justicia justo horas después de haber sido denunciada como cabecilla de una organización criminal. Su maniobra es inútil", dijo el influyente analista César Hildebrandt.

Esa misma impresión se ha sentido por estas horas en las calles limeñas. La capital fue escenario este lunes de las primeras manifestaciones a modo de anticipo. No solo se expresó el rechazo conocido a Boluarte y el Parlamento. También se reclamó la dimisión de la fiscal de la Nación. "Que se vayan todos", se pidió en la calle. La consigna ha sido tomada de Argentina. Hace 22 años pertenecía a la izquierda. En 2023 fue un anhelo de los simpatizantes del ultraderechista Javier Milei en su ascenso a la presidencia.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola aseguró que el Estado será implacable con los manifestantes que corten carreteras. "Las penas esta vez serán severas y efectivas”, advirtió. Habló de hasta 15 años de cárcel.

Un balance negativo

Boluarte, la primera mandataria en la historia de ese país, cuenta con una aprobación del 9% de la ciudadanía, de acuerdo con una reciente encuesta de la consultora CPI. El mayor rechazo a su figura se da en el sur peruano, donde se inició el estallido social a fines de 2022. Durante su primer discurso expresó su deseo de completar el período de Castillo, hasta mediados de 2026. Intentó adelantar luego los comicios y no encontró respuestas de la legislatura. "Congresistas, tienen que entender su responsabilidad histórica... Digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad: nos vamos todos". No se ha ido nadie. Con un mismo origen político que el presidente depuesto, el izquierdista Perú Libre, Boluarte no dudó en girar hacia la derecha para mantenerse en el poder.

Para el diario limeño El Comercio, el primer año de su presidencia interina no solo estuvo marcado por la muerte de 48 civiles, entre ellos menores de edad, durante las protestas contra su permanencia en el Palacio Pizarro y la de los mismos congresistas. "También el desborde de la inseguridad y el ingreso a una recesión económica. El saldo es negativo para la mandataria y una muestra de ello es que en noviembre llegó a su punto más alto de rechazo".

Más allá de la maniobra de Benavides, la posibilidad de que en algún momento se abran las investigaciones sobre la represión policial contra Boluarte está siempre latente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo en mayo, tras reunirse con autoridades, organizaciones civiles y familias de las víctimas, que hubo un "uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza" y "graves violaciones a los derechos humanos" por parte del Estado. En Ayacucho se han reportado muertes que "podrían constituir ejecuciones extrajudiciales" y "calificarse como una masacre".