Denuncian a la Comisión Europea por "socavar los procesos democráticos" y violar la privacidad de los ciudadanos

La Comisión Europea ha sido demandada por lanzar una campaña publicitaria "ilegal" en busca de apoyos a su controvertida propuesta de reglamento contra el abuso sexual a menores. Este jueves, la organización en defensa de la privacidad noyb ha presentado una denuncia en la que la acusa de violar las normas de protección de datos de la Unión Europea (UE).

La comisaria europea Ylva Johansson, en el punto de mira por la ley que escaneará tus mensajes privados

La propuesta de ley es una de las más controvertidas en décadas y no por su finalidad, sino por sus métodos. Y es que el Ejecutivo comunitario pretende exigir a los proveedores de internet —de WhatsApp a TikTok, pasando por servicios en la nube— que rastreen todas las comunicaciones cifradas de los ciudadanos europeos. Este sistema de vigilancia masiva ha despertado una ola de indignación de la sociedad civil, del mundo académico y de algunos Estados miembros.

Las críticas amenazaban la propuesta, así que la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea respondió lanzando una campaña publicitaria en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, para promover su visión. Sin embargo, y como destapó el medio neerlandés 'de Volkskrant', se recurrió a una técnica de microsegmentación para que su mensaje propagandístico fuese visto por usuarios concretos de Estados contrarios al planteamiento de Bruselas como Alemania, Países Bajos o Austria.

Personalización ilegal

Esta maniobra de presión "socavó los procedimientos democráticos establecidos entre las instituciones de la UE e infringió el reglamento general de protección de datos (RGPD)", reza la demanda de noyb. La publicidad en línea no es ilegal en la UE, pero sí lo es dirigir los anuncios a los usuarios en función de sus opiniones políticas y religiosas. Y eso es lo que habría hecho la rama de Interior de la Comisión, que focalizó su campaña en personas no interesadas en palabras clave como Qatargate, brexit, Marine Le Pen, Alternative für Deutschland, Vox, cristiano, cristianofobia o Giorgia Meloni.

El Parlamento Europeo excluye la vigilancia masiva de la ley contra el abuso sexual a menores

En su denuncia, noyb solicita al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) que investigue una práctica que la propia Comisión Europea ha descrito como una "grave amenaza para un proceso electoral justo y democrático" y le sugiere imponer una multa. "La Comisión de la UE no tiene base legal para procesar datos sensibles para publicidad dirigida en X. Nadie está por encima de la ley, y la Comisión de la UE no es una excepción", ha valorado Felix Mikolasch, abogado especializado en protección de datos de la oenegé.

Para más inri, la antigua Twitter también prohíbe segmentar y dirigir los anuncios en base a creencias políticas y religiosas de los usuarios. Noyb también está evaluando presentar otra denuncia contra la plataforma propiedad del magnate Elon Musk por permitir "el uso ilegal de datos sensibles para microfocalización política". No está claro si la red social obtuvo el consentimiento explícito de todos los usuarios que vieron esa publicidad, como requiere el RGPD. Esta práctica también está prohibida por la recién aprobada Ley de Servicios Digitales.

La demanda de noyb apoya la reclamación de un usuario neerlandés que vio un anuncio (aún activo en X en el momento de la publicación de este artículo) en el que la Comisión afirmaba que el 95% de los ciudadanos de los Países Bajos apoyaban el rastreo y detección de material de abuso contra menores en internet. El medio alemán Netzpolitik ha advertido que se trata de estadísticas engañosas.

Revés a la Comisión

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Esta denuncia no es el único revés a la Comisión. Este martes, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo excluyó el escaneo de las comunicaciones con cifrado de extremo a extremo de su posición sobre la esperada ley contra la mal llamada pornografía infantil.

La decisión supone una importante victoria para la defensa de los derechos digitales, pero no es definitiva. La posición de la Eurocámara aún debe ser aprobada por el pleno y, tras esa votación, será negociada a tres bandos con la Comisión Europea y el Consejo Europeo, integrado por los 27 jefes de Estado o de Gobierno de la UE.