Israel y Hamás, una guerra que vulnera todas las reglas

Incluso las guerras, allí donde la humanidad pierde su nombre, tienen unas reglas fijadas por el derecho internacional humanitario (DIH), que, en teoría, establecen los límites de los beligerantes, para proteger a la población civil. Es decir, no todo vale ni en el campo de batalla. Y en el conflicto actual que libran Israel y Hamás, como en otros anteriores, las dos partes han sido acusadas de violaciones graves de ese derecho: el grupo terrorista con la matanza indiscriminada de 1400 civiles y toma de más de 200 rehenes el pasado 7 de octubre y el lanzamiento continuado de cohetes contra poblaciones de Israel y el Estado hebreo en la operación de venganza desatada ese mismo día en la franja de Gaza, que suma unos 9.000 palestinos muertos, más de 3.700 de ellos, niños, además de la privación de suministros básicos a dos millones de personas y el desplazamiento forzoso de un millón del norte de la franja.

Con la ofensiva sobre la franja de Gaza retransmitida en directo por sus víctimas desde hace casi un mes a través de imágenes desgarradoras de la gran devastación provocada, de cadáveres rescatados de entre las ruinas y de cientos de civiles llorando a sus familias enteras muertas, las acusaciones de la comisión de crímenes de guerra se multiplican. Pero una cosa es la narrativa que se impone en un conflicto tan atroz como este y el juicio moral que merezcan estos actos aberrantes y otra que los hechos denunciados se acojan a los supuestos contemplados por el derecho internacional humanitario - que distingue entre tres grandes crímenes: crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio- para que sus máximos responsables puedan rendir cuentas y sus actuaciones no queden impunes.

El TPI, el órgano competente

Mientras los crímenes de guerra se limitan a los cometidos durante conflictos armados que ocurren internamente o entre dos estados, los dos últimos también pueden cometerse en tiempos de paz. Es el Tribunal Penal Internacional (TPI, con sede en la Haya, constituido en el 2002 y del que son miembros 123 países) el único competente para juzgarlos. La descripción que hace el TPI de los crímenes de guerra es extensa –está recogida en el artículo 8 del estatuto de Roma que dio origen al tribunal - pero incluye, entre otros, el ataque intencionado a poblaciones civiles y bienes civiles que no sean objetivos militares, hospitales, monumentos históricos y edificios dedicados a la religión, el arte, la educación, la ciencia y la caridad, uso de métodos de guerra prohibidos, y el uso de medios de guerra prohibidos. 

En probar esa intencionalidad radica precisamente una de sus principales dificultades y controversias que topa la acusación de crímenes de guerra. No todos los ataques a civiles pueden considerarse un crimen de guerra porque atacar infraestructuras civiles puede llegar a considerarse militarmente necesario. De hecho, este ha sido uno de los argumentos a los que de forma recurrente acude Israel, que históricamente ha acusado a Hamás de ocultar sus estructuras en escuelas y hospitales y de usar los civiles como escudos humanos. Lo hizo esta misma semana, cuando el Ejército israelí confirmó que el bombardeo del campo de refugiados de Yabalia, con decenas de muertos, tenía como objetivo un comandante de Hamás implicado en el ataque del 7 de octubre.

Pero la comisión de crímenes de guerra está clara para varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), y para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). “Nuestra determinación sobre la comisión de crímenes de guerra se sustenta en la matanza y toma de civiles como rehenes por parte de grupos armados palestinos, así como el castigo colectivo y bloqueo de Gaza por las fuerzas armadas de Israel, además de abusos graves y sistemáticos cometidos durante años por ambas partes con impunidad”, afirma en declaraciones a EL PERIÓDICO, Bruno Stagno, director ejecutivo adjunto de HRW.  

"Desproporcionados e indiscriminados"

Donatella Rovera, investigadora de AI, se refiere también a la prohibición de entrada de combustible en Gaza –necesario para que funcionen los generadores que alimentan los hospitales y potabilizar el agua- y la orden de evacuación del norte de la Franja como violaciones graves del derecho internacional humanitario, y sobre los bombardeos subraya que “cada ataque debe ser investigado individuamente, caso por caso”. “Es imposible investigar tantos bombardeos en un periodo tan corto de tiempo como el que llevamos, pero la información que nos llega es que hay indicios muy fuertes de ataques desproporcionados e indiscriminados, lo que puede ser constitutivo de crímenes de guerra”, afirma en declaraciones a EL PERIÓDICO. 

La comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha anunciado que ya han abierto una investigación mientras que el director de la oficina de Nueva York de esta agencia de Naciones Unidas, Craig Mokhiber, ha renunciado al cargo tras denunciar: “Una vez más estamos viendo cómo se desarrolla un genocidio ante nuestros ojos y la organización a la que servimos parece incapaz de detenerlo”. La oenegé Reporteros Sin Fronteras ya ha movido ficha y ha solicitado formalmente al TPI que abra una investigación por crímenes de guerra, en relación con la muerte de ocho periodistas palestinos en bombardeos israelís en zonas civiles de Gaza y el asesinato de un periodista israelí mientras cubría el ataque de Hamás a su kibutz, el pasado 7 de octubre. Sobre todo ello ya hay en marcha “investigaciones activas”, como afirmó el pasado fin de semana del fiscal del TPI, Karim Khan, en una visita al paso fronterizo de Rafah.

Una comisión de Investigación de la ONU está ya “recopilando pruebas de crímenes de guerra cometidos por todas las partes”. También se está llevando a cabo esta tarea desde el mismo tribunal y varias oenegés. “Usamos restos de municiones, estudios de trayectoria de proyectiles u otros explosivos, testimonios verbales verificados, otras pruebas o evidencias recabadas en el terreno por nuestros investigadores, imágenes satelitales, y análisis de datos para confirmar la veracidad de los hechos y los elementos necesarios constitutivos de un crimen de guerra”, explica Stagno. Rovera lamenta en ese sentido las trabas impuestas por Israel a las investigaciones sobre el terreno y como AI tiene que recurrir en Gaza a colaboradores locales que les mandan vídeos, fotografías, números de teléfono de supervivientes, entrevistas que luego "investigadores de la organización han de verificar”. 

La investigación de 2021

 Solo el TPI es competente para juzgar los crímenes de guerra, pero Israel, al igual que Estados Unidos, China o Rusia, entre otros países, no reconoce la jurisdicción del tribunal ni acata sus sentencias. Pero sí es miembro Palestina, desde 2015, que pidió al TPI ese año que investigara la ofensiva de Gaza del año anterior y la expansión de colonias judías en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Tras decidir el TPI que sí tiene jurisdicción sobre Cisjordania Gaza y la Jerusalén ocupada y un “examen preliminar minucioso” que duró cinco años, la entonces fiscal general, Fatou Bensouda, inició una investigación formal en 2020. Bensouda dejó el cargo en junio del 2021 y la investigación quedó en un punto muerto.

Sin embargo, para HRW, hay señales que “esperamos que indiquen una priorización real de esta investigación”, como afirma Stagno, que se refiere a última visita del actual fiscal a Rafah y sus declaraciones allí, donde recordó que Gaza y Cisjordania están bajo la jurisdicción del tribunal. Rovera es mucho más escéptica, al denunciar sobre todo “falta de voluntad política de la comunidad internacional para forzar investigaciones”.

 El TPI no juzga a además estados, sino a individuos, a los que atribuye máximas responsabilidades sobre los hechos que se juzgan. Y al no disponer de un cuerpo capaz de practicar arrestos, depende de los gobiernos extranjeros para hacer cumplir órdenes y arrestar a los acusados. Eso significaría que militares y políticos israelís pudieran ser detenidos bajo órdenes de arresto internacionales si viajasen al extranjero.

Las acciones del TPI preocupan, y mucho, al Estado hebreo. Cuando en 2020 inició su investigación, el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, lo consideró un “ataque” a Israel. A su favor juega el tiempo, ya que una investigación puede tardar años en cerrarse, como recuerdan los antecedentes de Libia y Sudán, con solo una excepción: Rusia, que tampoco es miembro del TPI. En este caso, el fiscal emitió una orden de detención internacional contra el presidente ruso, Vladimir Putin, en marzo pasado, apenas 13 meses después de iniciarse la invasión de Ucrania.

Stagno aventura que en el caso actual no va a ser tan fácil: “Habrá contravientos políticos y diplomáticos de parte de Israel y sus principales aliados, como ha sido el caso desde que la Corte abrió la investigación en 2021. A pesar de que la Corte investiga a todas las partes, probablemente habrá acusaciones de que la investigación es tendenciosa y que atenta contra Israel”. Nada nuevo en estas latitudes

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