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El Parlamento Europeo rechaza escanear los mensajes privados de los ciudadanos en busca de abuso sexual infantil

La comisaria europea de Interior, en el punto de mira por la ley que quiere escanear tus mensajes

Unos alumnos consultan sus móviles en clase.

Unos alumnos consultan sus móviles en clase. / ALBERT BERTRAN

Carles Planas Bou

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"Bofetada" de la sociedad civil a la Comisión Europea. Tras meses de presión ciudadana y múltiples escándalos, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha llegado a un acuerdo sobre la polémica propuesta de ley contra la difusión de abuso sexual infantil que excluye el escaneo masivo de los mensajes privados de todos los ciudadanos europeos, una propuesta que había despertado una oleada de indignación.

La proposición inicial, impulsada por la Comisión Europea, pretendía combatir la proliferación de material pedófilo obligando a las grandes plataformas de internet a rastrear las comunicaciones encriptadas de todos los usuarios de la Unión Europea (UE), debilitando así la seguridad de los datos y violando el derecho a la privacidad. A la práctica, eso facultaría que servicios de mensajería como WhatsApp o Gmail, pero también aplicaciones como TikTok o portales web de videojuegos examinasen indiscriminadamente lo que dice la gente en busca de imágenes o vídeos delictivos.

El acuerdo alcanzado el martes y anunciado este jueves por los ponentes de la comisión excluye la vigilancia masiva y el cifrado de extremo a extremo. El impacto de la ley sobre este método, que garantiza que los mensajes solamente son leídos por el emisor y el receptor, ha sido una de las principales preocupaciones de la sociedad civil. Cientos de oenegés, académicos e investigadores científicos han denunciado en los últimos meses que la propuesta de Bruselas lidrada por la comisaria de Interior, Ylva Johansson, sería "como poner el programa espía Pegasus en todos los móviles".

Escaneo limitado

La posición de la Eurocámara también establece que, en lugar de realizar una escaneado masivo y preventivo de las telecomunicaciones, la ley tan solo se dirigirá a "individuos o grupos sospechosos de difundir" contenido de abuso sexual a menores. "Los proveedores deberán tomar medidas de mitigación cuando se haya detectado un riesgo. Si no cumplen, solo una autoridad judicial podrá obligarles", ha explicado el principal ponente de la medida, Javier Zarzalejos (PP), quien ha celebrado un "amplio apoyo" que "no ha sido fácil".

También queda fuera del reglamento los mensajes de texto y el 'grooming', como se conoce la práctica en la que adultos engañan a menores para que les envien fotos desnudos. Así, los mensajes de texto tampoco estarán dentro. Además, se ha consensuado que las tecnologías utilizadas para ese escaneo de las telecomunicaciones "deberán someterse a una auditoría independiente y ser supervisadas" por un futuro centro europeo que se creará con esa misión.

Revés a la Comisión

Esa decisión, apoyada por todos los grupos parlamentarios, supone un importante revés a la Comisión Europea. "Su propuesta no estaba pensando en la protección de los niños", ha asegurado la eurodiputada Cornelia Ernst, coponente de la medida.

También supone una derrota parcial para España, uno de los países que más ha apoyado el rastreo preventivo, según reveló un documento interno filtrado por la revista 'Wired'. La aprobación del reglamento es una de las prioridades del Gobierno, que ocupa la presidencia de turno de la UE hasta finales de año.

"Un acuerdo que garantiza una mayoría ya es un logro en sí mismo", explica a EL PERIÓDICO Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. El eurodiputado del PSOE apoya la iniciativa de la Comisión y achaca el cambio anunciado hoy a las "agresivas campañas de presión de las grandes empresas tecnológicas". Contactado por este diario, el Ministerio del Interior español no ha querido hacer ninguna valoración.

Primer paso legislativo

El pacto entre los ponentes es tan solo el primer paso legislativo de una propuesta que puede ir variando. El próximo 13 de noviembre se someterá al voto de la comisión y, presumiblemente, la siguiente semana deberá ser refrendada en el Parlamento Europeo.

Incluso si cuenta con la luz verde de la Eurocámara, su contenido también deberá ser aprobado después por la Comisión Europea y el Consejo Europeo, integrado por los 27 jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la UE. Esa negociación a tres bandas será más complicada, pues países como España, Hungría o Italia apoyan la propuesta inicial rechazada este jueves. A la ley aún le queda mucho camino por recorrer.

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