¿Qué es el cierre del gobierno de EEUU? 4 claves del posible nuevo 'shutdown'

Estados Unidos está prácticamente abocado a un cierre del gobierno ('government shutdown' en inglés) debido al bloqueo que está imponiendo el ala ultra del Partido Republicano, los más afines al expresidente Donald Trump, para mantener la financiación gubernamental más allá de este domingo, cuando empieza el año fiscal y deberían de haberse aprobado en el Congreso los presupuestos anuales para las agencias federales. Estas son algunas de las claves del actual escenario que vive el país.

¿Qué es el cierre del gobierno?

Un cierre del gobierno implica la suspensión de muchas de sus actividades, entre estas la mayoría de las agencias gubernamentales, los museos y parques nacionales, además de que 1,3 millones de militares y cientos de miles de funcionarios verían suspendido su salario.

Pero las repercusiones pueden ir más allá. Según Goldman Sachs, el cierre podría afectar a la economía estadounidense, reduciendo el producto interno bruto (PIB) entre 0,15 y 0,2 puntos porcentuales por cada semana que dure.

Según recuerda 'The New York Times', desde el año 1976 se han vivido escenarios similares en 21 ocasiones. El más largo tuvo lugar durante la Administración Trump, cuando se cerró el gobierno a finales de diciembre de 2018 durante 34 días, en los que se quedaron sin sueldo 800.000 de los 2,1 millones de empleados del Gobierno federal.

El origen de este mecanismo se encuentra en una ley que entró en vigor en 1974 para reforzar el control del Congreso sobre los presupuestos y limitar el poder del presidente. Según esta norma, el Congreso debe aprobar las cuentas y posteriormente las firma el presidente. Si no hay acuerdo entre las dos cámaras del Congreso (Cámara de Representantes y Senado) antes del 1 de octubre, se pueden prorrogar las del año anterior hasta llegar a una entente o bien decretar el cierre del gobierno.

¿Por qué se ha llegado hasta aquí?

El principal obstáculo para evitar el cierre en esta ocasión son los republicanos afines a Trump, que se agrupan bajo el llamado ultraderechista Freedom Caucus (El Caucus de la Libertad) y que están echando un pulso al presidente de la Cámara de Representantes, el también republicano Kevin McCarthy, a quien consideran demasiado moderado a pesar de que se pliega a todas sus demandas.

Muchos miembros de este grupo se opusieron a nombrar a McCarthy como líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja en enero e, incluso, establecieron condiciones para su nombramiento, incluido un cambio de las reglas para que cualquier republicano pueda convocar una votación para destituirlo. Además, para ser elegido líder de la mayoría republicana, McCarthy se comprometió a reducir el gasto de la Administración. Para su designación, fueron necesarias 15 votaciones.

Sin embargo, en junio, cuando EEUU estaba al borde de un incumplimiento de su deuda soberana, McCarthy llegó a un acuerdo con Biden mediante el cual el Congreso permitió que el Ejecutivo siguiera tomando dinero prestado para sus deudas, pero a cambio de límites específicos en el gasto gubernamental. Los legisladores afines a Trump se sintieron traicionados por ese acuerdo y ahora están pidiendo más recortes.

El Freedom Caucus puede ejercer ese tipo de presión sobre McCarthy porque los republicanos tienen una mayoría muy estrecha en la Cámara y el liderazgo necesita el apoyo de todos ellos para aprobar cualquier medida.

¿Qué piden los afines a Trump?

Los republicanos rebeldes buscan aprobar una ley de seguridad de las fronteras con el objetivo de retomar la construcción del muro en la frontera entre EEUU y México. Esta norma también restringiría el acceso al asilo, según explica Carlota García Encina en un artículo publicado en la web del Instituto Elcano.

Este grupo también pretende reducir la financiación del Departamento de Justicia y el FBI, a los que acusa de instrumentalización política, eliminar las políticas 'woke' en el Ejército y revisar lo que consideran un "cheque en blanco" a Ucrania.

En concreto, buscan establecer un límite de gasto público de 1,47 billones de dólares para el año fiscal 2024, lo que supone 120.000 millones de dólares más en recortes de lo acordado.

El papel de McCarthy

Como resultado, McCarthy se encuentra en una posición comprometida. En los últimos meses, ha hecho concesiones a ese ala dura del partido, llegando incluso a abrir un juicio político ('impeachment') a Biden a pesar de sus reticencias iniciales. Pero nada parece suficiente para contentar a este grupo.

Este viernes, McCarthy intentó sin éxito aprobar un proyecto de ley que habría financiado a la Administración por un mes adicional, hasta el 31 de octubre, pero que contenía límites a programas de asilo y recortes a todas las partidas, excepto a la de seguridad fronteriza.

En contra de ese proyecto votaron los demócratas, que se oponen a esas provisiones sobre la frontera y los republicanos del ala dura, que rechazan cualquier medida para mantener operativa la Administración y siguen las instrucciones de Trump, quien esta semana los instó a resistir y provocar el cierre del Gobierno.

McCarthy, sin embargo, no se rinde y está buscando otras alternativas para financiar el Ejecutivo. "Esto no se ha acabado aún. Tengo otras ideas", afirmó.

En el Senado, por contra, la mayoría de los senadores republicanos coinciden en la necesidad de mantener operativa la Administración y han alcanzado un acuerdo con la mayoría demócrata en esa cámara para extender los fondos durante seis semanas, hasta el 17 de noviembre.

El proyecto de ley del Senado ya ha superado un voto de procedimiento, pero su contenido no podrá someterse a votación al menos hasta el domingo, cuando la Administración ya estaría cerrada.