Francia aprueba un aumento del 40% del gasto militar de aquí a 2030

Representa el aumento más significativo del gasto militar en Francia en las últimas décadas. La Asamblea Nacional francesa ha aprobado este miércoles por la tarde una nueva ley que aumenta en un 40% el gasto en defensa de aquí a 2030. El país vecino destinará a su ejército unos 413.000 millones de euros durante los próximos siete años. Es decir, incrementará el gasto militar de los 49.000 millones del año pasado a unos 69.000 al final de esta década.

La ley de programación militar representa el primer texto sobre el gasto militar votado en el Parlamento francés desde que empezó la ofensiva rusa en Ucrania, a finales de febrero del año pasado. El electrochoque que supuso en la opinión pública el estallido de ese conflicto se ha notado en esta votación. 

Pese a ser examinado en un momento de dificultad del Gobierno de Emmanuel Macron en la cámara baja, donde aún trae cola la impopular reforma de las pensiones, ha sido aprobado con comodidad. 408 diputados han votado a favor, 87 en contra y 53 se han abstenido. Además del bloque macronista, los representantes de Los Republicanos (afines al PP) y de la ultraderecha de Marine Le Pen han apoyado la medida.

Un fuerte aumento marcado por la guerra de Ucrania

Con esta subida del 40%, Francia destinará a partir de 2027 un 2% de su PIB a asuntos castrenses. Así cumplirá con este compromiso que se fijaron los países de la OTAN hace prácticamente una década. El incremento se repartirá con unos 3.000 millones suplementarios cada año entre 2024 y 2027, y luego unos 4.300 millones anuales más entre 2028 y 2030. De hecho, una de las cuestiones más polémicas de la ley ha sido que la mayor parte de estos esfuerzos se concentren en esos años en que Macron ya habrá concluido su segundo mandato y dejado el Elíseo debido a la limitación constitucional de dos mandatos.

“Lo pagarán los sucesores” de Macron

Además del aumento del gasto, esta ley pretende aumentar de manera significativa el número de reservistas, que son unos 40.000 en la actualidad. También establece un control estricto para aquellos militares y civiles que hayan ejercido funciones castrenses de cierta relevancia y deseen trabajar para un Estado o empresa extranjera. Y refuerza las competencias del organismo estatal dedicado a la lucha contra los ciberataques, pese a las críticas por parte de la izquierda sobre el impacto de esta medida sobre las libertades públicas y la privacidad individual.