El congreso peruano profundiza su desprestigio y aviva el fuego de la crisis

La hondura de la crisis política peruana es la de un agujero sin fondo: siempre se puede descender un poco más, como lo acaba de demostrar la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). La presidenta interina Dina Boluarte tiene apenas un 15% de aceptación. Sin embargo, en el sur del país, el epicentro de las protestas que dejaron al menos 60 muertos y amenazan por estas horas con reactivarse, su popularidad es apenas de un 7%. En cuento al Congreso, el poder decisivo desde 2018, cuando comenzó a practicar el deporte de la destitución de autoridades ejecutivas, su desprestigio es todavía mayor. Lo rechazan un 90% de los peruanos. Cuando se sale de Lima, la mala imagen trepa al 95%.

El Parlamento acaba de quedar salpicado por otro episodio escandaloso: los costos hábitos culinarios y otros consumos personales que se permiten los legisladores a expensas del Estado. Teléfonos de alta gama, pantallas de ordenadores adquiridas a precios exorbitantes, gastos en estacionamiento de los automóviles y, además, los servicios de alimentación cuando tienen sesiones. El presidente del Congreso, el ultraderechista José Williams, enfrenta una denuncia frente a la fiscalía. El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas proclamó su inocencia. Dijo que las "actividades administrativas" de la legislatura no son de su incumbencia.

Williams adquirió especial renombre en 1997 cuando, por orden del autócrata Alberto Fujimori, encabezó la operación que permitió rescatar de la embajada japonesa a 72 rehenes que estaban en manos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Una década más tarde, fue acusado por enriquecimiento ilícito y le retuvieron cinco cuentas bancarias. Pero la política peruana siempre da nuevas oportunidades y llegó al Congreso de la mano de un partido conservador.

El exmilitar tiene una posición ambigua frente al reclamo de la calle: la realización de las elecciones generales este año. "Es necesario un tiempo de meditación, un tiempo para que los congresistas puedan pensar bien en el asunto y no nos apresuremos con un proyecto", dijo días atrás. La reflexión de los parlamentarios siempre ha estado acompañada por un buen paladar. "A partir de la fecha se le está pidiendo al comedor que haya una atención con menú variado, con los diferentes temas de nutrición, pero que va a ser cubierto por el usuario y no por el presupuesto del Congreso ni siquiera en las sesiones parlamentarias", se anunció oficialmente. Otro de los asuntos que han despertado irritación social se relaciona con la compra de alfombras como para tapizar al edificio. En el domicilio de la empresa que ganó la licitación se encuentra una pollería. "El Congreso es la única entidad que designa su propio auditor", remarcó el diario limeño El Comercio.

Giro peligroso

"Con un Congreso desbocado, pueden venir cosas que le hagan más daño al país. También tenemos al Ejecutivo queriendo penalizar toda forma de protesta. Esto, lejos de amedrentar a la ciudadanía, lo que va a lograr es que la protesta se articule mejor, a la que se sumará otra gente para pedir la renuncia de la señora Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones", señaló el exdefensor del Pueblo Walter Albán. A su criterio el Tribunal Constitucional "está actuando en la misma dirección que el Congreso" y, de esta manera, contribuye a minar aún más la institucionalidad.

"¿Ante qué riesgo autoritario estamos?", se preguntó Martín Tanaka, columnista de El Comercio. Lo que ocurre, sostuvo, es el resultado de la presencia en el Palacio Pizarro, la sede del Ejecutivo, de una "coalición informal de carácter populista y conservadora" y, a la vez, un Congreso que tiene un papel central "en este proceso de destrucción de la democracia".

El hartazgo de los peruanos va más allá de Boluarte y los parlamentarios sibaritas. El IEP le preguntó a los encuestados qué personaje político le parece que debería retirarse de escena. Un 31,6% nombró a la líder de la formación derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi. Pero una buena parte de las personas consultadas dijeron lacónicamente "que se vayan todos".

En este contexto, cientos de ciudadanos de las regiones más pobres del sur decidieron retornar a la capital para reclamar la dimisión de la jefa de Estado provisional. A diferencia de lo que sucedió cuando comenzó el estallido social, a principios de diciembre, los manifestantes ya no piden la libertad del destituido Pedro Castillo. Ese reclamo es más vehemente de parte del Gobierno mexicano. La Fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos pidió este martes 36 meses de prisión preventiva para el expresidente por supuestos actos de corrupción cometidos en su efímero mandato.