Las medidas del Gobierno ultra de Netanyahu ponen en jaque la democracia en Israel

La población de Israel hace semanas que vive alarmada. La toma de posesión del Gobierno más derechista de su historia ha traído consigo nuevas medidas que pueden poner en peligro su sistema democrático y arrebatarles derechos civiles. Mujeres, miembros de la comunidad LGBTIQ+ y minorías raciales ven cómo la presencia de ministros de extrema derecha abiertamente homófobos, misóginos y racistas amenaza sus vidas. Además, la reforma legal que plantean podría poner fin a los controles y contrapesos al poder de la Knéset, el Parlamento israelí. Mientras la comunidad internacional observa retraída, miles de israelís han salido a la calle en defensa de su democracia.

Binyamín Netanyahu y sus aliados cuentan con una mayoría de sólo cuatro escaños, pero, con ella, podrían cambiar el sistema político de Israel. Su propuesta de reforma legal quiere despojar al Tribunal Supremo de la capacidad de anular legislación o decisiones gubernamentales consideradas ilegales. Defienden que este tipo de fallos emitidos por la mayor instancia judicial del país puedan ser “anulados” con una mayoría parlamentaria simple. También buscan acabar con el proceso actual para nombrar a los jueces para sustituirlo por otro que dé un mayor poder de selección al Gobierno, que acabaría nombrando a sus magistrados aliados. 

Un Parlamento sin límites

Dentro de la reforma propuesta por el ministro de Justicia Yariv Levin, hombre de confianza de Netanyahu, se plantea que los asesores legales de los ministerios, capaces de brindar asesoramiento legal imparcial, pasen a ser designados por los políticos, eliminando otra barrera al control del Legislativo. Israel es un país sin Constitución. Tampoco cuenta con una cámara alta en el Parlamento, ni una división federal de autoridades, ni un Ejecutivo separado con poder de veto, ya que el presidente tiene un rol simbólico. Por ello, debilitar de esta forma al Judicial daría al Legislativo un poder sin apenas límites. A largo plazo, esto puede ayudar a Netanyahu a escapar de su condena o castigo en sus juicios por corrupción.

“Una democracia hueca”, en eso se convertiría Israel según el expresidente de la Corte Suprema, Aharon Barak, a la cabeza de las manifestaciones contra la reforma legal. Siete exfiscales generales, tres de los cuales sirvieron bajo el mandato de Netanyahu, junto a otros cuatro exfuncionarios legales de alto nivel han firmado una carta de protesta alertando de los peligros de la propuesta de Levin. En esta misiva, describen los cambios propuestos como destructivos para el sistema legal del país y piden al Gobierno que desestime las medidas y “evite el daño grave al sistema de justicia y el estado de derecho”. Tanto la fiscal general en ejercicio como la presidenta del Supremo se han posicionado en contra de la reforma. 

Minorías en riesgo

Pero no sólo el Judicial es víctima de la ofensiva derechista del nuevo gobierno. Los ministros ultraortodoxos han expresado su intención de afianzar la ley religiosa y profundizar la división con las minorías. De esta forma, se ponen en riesgo los derechos civiles de todos los israelís, incluyendo a la ciudadanía palestina, mujeres, miembros de la comunidad LGBTQ+ y solicitantes de asilo africanos. Además, al retirar la “cláusula de anulación” del Supremo, los diputados podrán aprobar leyes racistas y homófobas sin ningún freno, ya que en los últimos 20 años, esta formalidad se ha usado en 22 ocasiones para descalificar secciones de la ley que contradecían abiertamente los principios de igualdad y derechos humanos. 

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Los miembros de Sionismo Religioso en la coalición de gobierno quieren cambiar una ley contra la discriminación para permitir que empresas y personal sanitario puedan negarse a prestar servicio a las personas LGBTQ+ invocando la libertad religiosa. A su vez, el líder del partido Noam, abiertamente homófobo, dispone de amplia autoridad sobre el sistema educativo nacional y quiere aumentar los impopulares subsidios a los hombres ultraortodoxos que no trabajan ni sirven en el Ejército. También el ministro de Seguridad Pública, el polémico Itamar Ben Gvir, ha pedido a la policía que retire las banderas palestinas de los espacios públicos tras equipararlas con actos de “terrorismo”.

Por su parte, los activistas de derechos humanos han expresado su temor a que un mayor control de Ben Gvir sobre el cuerpo policial pueda ser usado para reprimir las protestas multitudinarias que han congregado a miles de israelís los tres últimos fines de semana. El temor se extiende también entre los medios informativos, después de que el nuevo ministro de Comunicación, Shlomo Karhi, amenazara con cerrar la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel. Parece que la llegada de este Gobierno dejará a su paso un nuevo país, una “dictadura de una mayoría parlamentaria”, ha dicho el exfiscal general Michel Ben-Yair en 'Middle East Eye'.