Macron mantiene la reforma de las pensiones pese al alto seguimiento de la huelga

El Gobierno de Emmanuel Macron mantiene una posición férrea en su pulso con los sindicatos por la reforma de las pensiones. El Ejecutivo centrista ha examinado este lunes en el Consejo de Ministros la criticada medida, que aumentará la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años (con 42 o 43 años cotizados para recibir una pensión completa). Cuatro días después de la huelga general del jueves pasado —con entre uno y dos millones de manifestantes, siendo la movilización social más multitudinaria en el país vecino desde 1995—, Macron apuesta por no cambiar ni un ápice de su texto. "El presidente de la República ha expresado su determinación y su determinación es idéntica a la del Gobierno", aseguró este lunes el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. El ministro dijo que "dar marcha atrás" sobre el polémico retraso de la edad de jubilación "supondría renunciar al retorno del equilibrio" del sistema de pensiones en 2030. Está previsto que el texto llegue en febrero al Parlamento, donde podría ser aprobado con un rápido proceso legislativo de tres semanas.

El Ejecutivo advierte de que si no reforman el modelo de jubilación galo —uno de los más avanzados del Viejo Continente y que garantiza un menor porcentaje de gente mayor pobre— se acumulará al final de esta década un déficit de unos 13.000 millones de euros. Lo que representaría un 4% del gasto total en pensiones. Pero este argumento apenas está calando en la opinión pública. El 66% de los franceses se oponen a ella, según un sondeo reciente del instituto Elabe. El Consejo de Orientación de las Pensiones (un organismo gubernamental) indicó recientemente que, sin aplicar ninguna reforma, “el gasto en pensiones no aumentará de manera significativa, está relativamente controlado”.

Estrecho margen de maniobra

La postura de Macron de no ceder ante las movilizaciones no resulta ninguna sorpresa. Durante su primer mandato, el dirigente centrista ya se distinguió por aplicar una serie de reformas neoliberales (desregulación del mercado laboral, disminución de impuestos a los más ricos…) que sus predecesores François Hollande, Nicolas Sarkozy o Jacques Chirac no se habían atrevido a aprobar. Eso le sirvió para seducir a una parte del electorado tradicional de Los Republicanos (LR, afines al PP en Francia), cuya candidata obtuvo menos del 5% de los votos en las últimas presidenciales. Entre 2017 y 2022, solo echó marcha atrás en dos ocasiones: con la inesperada revuelta de los chalecos amarillos y con la pandemia, que le obligó a retirar su primera reforma de las pensiones.

El presidente había propuesto durante la campaña presidencial alargar la edad legal de jubilación hasta los 65 años. La apuesta final por los 64 años se debió a un acuerdo con LR, cuyos votos necesita el 'macronismo' para sacar adelante la medida en la Asamblea Nacional, donde no dispone de mayoría absoluta. Pero este primer retoque reduce ahora el margen de maniobra de Macron. Ante la presión social, una de las posibles concesiones sería aplazar su entrada en vigor hasta 2027, una vez concluido el segundo mandato del presidente. Según el texto actual, se aplicará desde septiembre, retrasando tres meses la edad mínima cada año, hasta alcanzar los 64 años en 2030. Eso obligará a unas 50.000 personas a aplazar unos meses su jubilación desde este año, según estimaciones.

Baja la popularidad de Macron

Tras la huelga de la semana pasada, el Ejecutivo reaccionó relativizando la importancia de esa movilización, aunque su tamaño sorprendió a las mismas autoridades. Un informe de los servicios de inteligencia, filtrado a la prensa, preveía entre 550.000 y 700.000 manifestantes. Al final hubo el doble. Eso no solo reflejó la amplia contestación de la reforma, sino una indignación más general por una situación económica degradada por la inflación y la crisis energética, así como la voluntad del Ejecutivo de mantener una agenda de reformas que recorten el modelo social galo, desde las pensiones hasta las ayudas a los desempleados, cuya duración máxima se verá reducida en un 25%, según una medida aprobada recientemente.

Pese a este malestar creciente, Macron se mantiene firme. “Creo que ahora debemos poder avanzar (con la reforma de las pensiones) y comprometernos”, declaró el domingo durante una rueda conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz. “No podemos hacer como si no hubiera habido unas elecciones hace unos meses”, ya había afirmado el jueves desde Barcelona. Unas declaraciones que obviaron que fue elegido para evitar la llegada al poder de la ultraderechista Marine Le Pen. Es decir, muchos franceses de izquierdas lo votaron en la segunda vuelta “no en apoyo a las ideas, sino para frenar la extrema derecha”, como reconoció el mismo presidente la noche de los comicios.

Desde el Elíseo, defienden que esta posición inflexible servirá para desmotivar a los manifestantes. Pero conlleva el riesgo de reforzar la imagen de un presidente “arrogante”, una opinión compartida por muchos franceses. Su popularidad ya se ha visto afectada por el pulso actual con los sindicatos. Un 65% de los franceses aseguran estar descontentos con su acción de gobierno, tres puntos más que hace un mes, según un sondeo reciente publicado por el 'Journal du Dimanche'. Y eso que la batalla por las pensiones acaba de empezar. Los sindicatos ya preparan una nueva huelga general para el 31 de enero.