Honduras prorroga 45 días más el estado de excepción para combatir la criminalidad

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha prorrogado por decreto durante 45 días más el estado de excepción impuesto para facilitar la lucha contra el crimen organizado. Supone la suspensión de gran parte de las garantías constitucionales. Castro impuso el pasado 6 de diciembre la medida para enfrentar a los pandilleros, principalmente de Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que aterrorizan las barriadas pobres, desplegando a miles de policías para las operaciones de seguridad.

La medida se prorroga así hasta el 20 de febrero, según recoge el decreto presidencial publicado en el diario oficial. Así, se amplía a hasta 75 el total de municipios en los que la Policía Nacional y otros organismos de seguridad podrán realizar operaciones especiales en las condiciones previstas en el decreto.

Según la publicación de 'La Gaceta', el diario oficial recoge que la suspensión de garantías constitucionales "ha rendido muy buenos resultados para combatir la criminalidad heredada que se insertó en los más altos niveles de la Administración Pública, por lo que es procedente decretar por un nuevo periodo". El balance oficial señala que durante el plazo del estado de excepción han sido detenidos al menos 650 miembros de maras y pandillas. Asimismo se ha registrado una caída del 60% de las denuncias por extorsión y no se han registrado quejas por abuso policial.

En un informe presentado el primer día del año, la Secretaría de Seguridad señaló que Honduras cerró 2022 con una tasa de homicidios de 35,79 por cada 100.000 habitantes, la más baja en 16 años en uno de los países más violentos del mundo. El informe, que atribuye la reducción a la implementación de "nuevas estrategias" de seguridad, indicó que 1.371 miembros de pandillas fueron capturados el año pasado, además de 307 bandas criminales desarticuladas dedicadas a la venta de droga, extorsión y otros delitos que inciden en la violencia criminal.

La norma recuerda a una similar impuesta por uno de sus también convulsos vecinos, El Salvador, donde su presidente, Nayib Bukele, decretó un estado de excepción que se prolonga ya desde hace más de siete meses, entre críticas y denuncias de organizaciones internacionales por presuntas violaciones de los Derechos Humanos.