La Comisión del Congreso peruano pide que el presidente, Pedro Castillo, sea inhabilitado por 5 años

Un informe legislativo ha pedido este lunes que el presidente de Perú, Pedro Castillo, sea inhabilitado durante cinco años y sea acusado de presunta comisión de traición a la patria por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia en una entrevista.

"Recomendando la inhabilitación por cinco años y acusarlo por la presunta comisión del delito de traición a la patria", ha concluido el congresista Diego Bazán al leer la exposición del informe presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Reclamo marítimo

Bazán, del partido opositor Avanza País, ha remarcado que las manifestaciones de Castillo "son susceptibles de reproche" y ha recordado que el artículo 118 de la Constitución peruana establece que el presidente tiene por función dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales, por lo que sus declaraciones afectan a la soberanía nacional.

El presidente peruano, quien fue duramente criticado por estas declaraciones, reconoció que reclamó el "mar para Bolivia" durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.

"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó.

Investigaciones en marcha

Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico en la Guerra del Pacífico (1879-1883) al pasar la región de Antofagasta a manos de Chile, a quien Bolivia demandó en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida, pero el tribunal desestimó la petición boliviana.

Desde ese conflicto bélico, en el que Bolivia y Perú fueron aliados, los guiños de gobernantes peruanos hacia el anhelo marítimo de Bolivia han sido constantes, como cuando Alberto Fujimori cedió en 1992 al vecino país una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar para fines eminentemente turísticos por 99 años.

Castillo afronta otra denuncia constitucional en el Parlamento, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien acusa al mandatario de presuntamente liderar una supuesta organización criminal que obtuvo dinero ilícito de licitaciones fraudulentas de obras públicas.