La depuesta líder birmana San Suu Kyi, condenada a tres años más de cárcel

Sigue la represión de la Junta militar birmana, tan intensa en las calles como en los tribunales. Sobre la lideresa Aung San Suu Kyi ha caído hoy una condena de tres años, que no es la primera ni será la última, por violar la Ley de Secretos de Estado. Acumula ya 23 años de cárcel la Premio Nobel de la Paz desde que empezó un maratón judicial sin final a la vista y con el indisimulado objetivo de desterrarla de la escena civil y política.

Suu Kyi, sometida primero a arresto domiciliario y después encarcelada, ha negado la miríada de acusaciones que podrían acarrearle un siglo de cárcel. Se ha sentado en el banquillo por violar la ley de gestión de desastres naturales, incitar a la violencia, corrupción, fraude electoral… Sus defensores hablan de motivaciones políticas y las organizaciones de derechos humanos consignan los atropellos procesales.

El tribunal también ha condenado esta mañana a tres años a un académico australiano, Sean Turnell, con viejos lazos con el país. Profesor de la Universidad Macquarie y director del Instituto para el Desarrollo de Mianmar, su caso ha generado roces diplomáticos con Canberra desde que fuera arrestado 19 meses atrás. La ministra de Exteriores, Penny Wong, ha denunciado su “injusta detención” y pedido a la Junta que le permita regresar con su familia a Australia. Su esposa, Ha Vu, ha apelado a las dos décadas que ha empeñado Turnell en la mejora de la economía birmana para pedir a sus carceleros su deportación.

Académico australiano, condenado

Se desconocen los delitos concretos por el carácter secreto de los procesos pero la prensa estatal había aclarado el pasado año que Turnell tuvo acceso a información financiera clasificada del Estado e intentó huir. Ambos actos son tan verosímiles como comprensibles si atendemos a que ejercía de consejero económico de Suu Kyi y fue testigo del revanchismo de los militares tras la asonada.

Su condena ahonda en una senda de arbitrarios castigos a extranjeros que revela la escasa inquietud de la Junta por recuperar su rol de paria global. Vicky Bowman, antigua embajadora británica en Birmania, fue recientemente condenada a un año de cárcel por violar las leyes de inmigración. El tribunal la había acusado de no haber registrado la dirección de su nuevo hogar en la capital. Antes habían sido condenados dos periodistas, el estadounidense Danny Fenster y el japonés Yuki Kitazumi, ya liberados. Unas 12.000 personas han sido detenidas desde el golpe de Estado de febrero del pasado año, según la Asociación de Prisioneros Políticos, y al menos 2.300 han muerto durante la represión.

El regreso de Birmania a su normalidad dictatorial se gestó en la indigestión que les causó a los militares los resultados de las elecciones del noviembre anterior. La Liga Nacional por la Democracia (LND), liderada por Suu Kyi, avasalló con el 83% de los votos. Al Partido por el Desarrollo y la Unión Solidaria, apadrinado por los militares, le quedaron apenas 33 de los 476 asientos parlamentarios. Fue un sopapo al ego del jefe militar, Min Aung Hlaing. Arreciaron desde su bando las denuncias de pucherazo y exigencias de nuevos comicios limpios hasta la previsible asonada que subrayó la fragilidad de la transición democrática.